Es una constante histórica la no consideración de la opinión de las comunidades locales cuando una empresa nacional o extranjera pretende invertir sus capitales en proyectos en Chile. Es más, se facilita el que empresas transnacionales actúen libremente, incluso por debajo de los estándares a los que se ven obligados en sus propios países. En este sentido, no ha sido muy distinto el caso de la empresa noruega SN Power, cuya intención es construir cuatro centrales hidroeléctricas en la Región de los Ríos, frente a lo cual las comunidades afectadas han mostrado su férrea oposición a estos “proyectos de desarrollo”, como los llama la empresa.

Marcados por la memoria colectiva de lo que han significado las inversiones en territorios indígenas a lo largo de la historia reciente del país, concientes de que el estado chileno suele avalar cualquier proyecto energético sin importar la postura de la población afectada por la instalación centrales de este tipo, y acostumbrados a que CONAMA apruebe la gran mayoría de los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, las comunidades de Panguipulli decidieron anticiparse a este proceso, impidiendo que la empresa efectúe sus estudios de impacto ambiental y social.

Esto no es una señal de rebeldía o de rechazo al desarrollo, como muchas veces se quiere hacer ver cuando comunidades mapuche se oponen a proyectos de inversión. Más bien es un rechazo a un tipo de desarrollo impuesto de fuera, sin consultar qué tipo de desarrollo quiere la comunidad local para si misma.

Por el contrario, esta es una legítima manifestación de defensa de derechos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente, como lo son el derecho de libre determinación, el derecho a un desarrollo propio, el derecho a control sobre sus territorios, incluidos recursos naturales como el agua, y el derecho a la propiedad ancestral, entre otros. Es también un rechazo a la manera como las empresas invaden a las comunidades y un cuestionamiento a la manera como se les quiere imponer un modelo de desarrollo que no comparten. Es por tanto, un rechazo al trato autoritario y soberbio de empresas que quieren hacer sus negocios sí o sí, a costo de una parte de la sociedad más desprotegida, esa que siempre se ha visto expuesto a atropellos, marginalizada política y económicamente.

Las empresas transnacionales como SN Power -creciendo en poder cada día gracias a evadir los marcos legales de sus países de origen y bajando sus estándares a los niveles de los países anfitriones-, han mostrado que no respetan los convenios y declaraciones universales, aunque estos estén plasmados en sus directrices y políticas de negocio, así como en sus compromisos de responsabilidad social empresarial, en este caso al haber aprobado el Pacto Global.

Es por ello que una parte importante de la población de Coñaripe y Liquiñe no quisieron esperar el día en que la empresa presentara su estudio de impacto ambiental, para pasar luego por la evaluación legitimadora en la CONAMA. Donde, lamentablemente, ni la participación ciudadana considera de manera adecuada la opinión de la comunidad afectada. Por eso las comunidades se organizaron, buscando también por su lado lazos transnacionales para enfrentar el problema en sus raíces, en su país de origen.

Fue así que encontraron el apoyo de distintas ONGs en Noruega, dado que el estado noruego financia en un 100% a SN Power. Logrando gestionar la visita a Oslo del werken de Coñaripe Pedro Antimilla, acompañado por una represente del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de difundir en ese país los atropellos vividos por causa de la empresa SN Power y hacer lobby en instancias estatales. Otro de los objetivos era ejercer una fuerte presión sobre la empresa, dado que en Noruega existe mayor control social e influencia por parte de una sociedad civil que, de modo permanente, monitorea el actuar del estado, siendo además muy receptiva de las demandas de pueblos indígenas y sensible a casos de violación de derechos humanos.

Los resultados de esta estrategia fueron altamente positivos. Se logró, por ejemplo, una reunión no programada en la ciudad de Oslo con el vicepresidente ejecutivo de SN Power para Latinoamérica, donde el dirigente mapuche expuso a la empresa cuales eran las exigencias de las comunidades afectadas: esto es, que las comunidades sean las que pongan la agenda y las condiciones bajo las cuales la empresa interesada en hacer su inversión puede actuar. Implicó también que el vicepresidente firmara un compromiso de cese de obras y de toda actividad de la empresa en la zona hasta tener una reunión con los interlocutores representativos de las comunidades afectadas, ello en sus territorios y a su manera.

Asistimos por tanto a lo que podría ser el inicio de un nuevo trato, donde se respete el parecer de las comunidades indígenas, ello si es que la empresa se quiere mostrar coherente con su discurso. Ya que SN Power siempre ha sostenido que, aparte de hacer negocios, su interés principal es traer desarrollo a las comunidades locales en países emergentes. En este sentido, cierto es que uno de los dueños estatales de SN Power es Norfund, el fondo noruego de inversiones para el desarrollo en países emergentes. Sin embargo, no es menos cierto que nunca se cuestionaron qué tipo de desarrollo quiere la comunidad local, así como tampoco atendieron, hasta ahora, sus demandas y exigencias. Entre otras cosas, al no considerar el derecho al consentimiento previo libre e informado, que establece el estándar internacional como condición para que proyectos de inversión en territorios indígenas sean aprobados.

Cabe destacar también, en esta corta interacción de la empresa con la comunidad, otro tipo de atropellos y diversos casos de malas prácticas por parte del personal de SN Power en Chile. Por ello en Oslo el vicepresidente tuvo que reconocer durante la reunión errores en la conducción de la empresa en terreno, pero mostró a la vez voluntad de modificar estas situaciones, sin lugar a dudas presionado por la atención que se le dio al caso en Noruega. Se comprometió además a consolidar un “nuevo trato” en esta relación, reconociendo que tenían que escuchar las voces de las comunidades. Prueba de ello, es que tanto el vicepresidente ejecutivo de SN Power como los representantes de Norfund aseguraron explícitamente que no iban a hacer los proyectos, si eso iba en contra de la voluntad de la comunidad local.

¿Será este realmente el inicio de un nuevo trato con respeto a los derechos de quienes se verán afectados por los proyectos de la empresa o un simple discurso para mostrarse más conforme con sus propios lineamientos? Eso se verá en las futuras acciones y tras las conversaciones previstas para enero de 2008, esta vez en territorio mapuche donde se pretenden emplazar las centrales. Las comunidades mientras tanto siguen en alerta, sin confiar en un sistema que históricamente ha privilegiado los intereses económicos frente a los derechos de sus pueblos. Lo importante, por ahora, es que la experiencia vivida y la estrategia seguida han abierto esperanzas para que, por primera vez, las comunidades afectadas sean realmente escuchadas / Azkintuwe

* Antropóloga. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.

<< VOLVER