TEMUKO I El Equipo Jurídico de Apoyo de los Presos Políticos Mapuche, ha informado a comienzos de semana que el gobierno de Michelle Bachelet ha impedido a la presa política mapuche, Patricia Troncoso Robles, en huelga desde el 10 de octubre de 2007, comunicarse telefónicamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como había sido solicitado por Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo del organismo internacional con sede en Washington.

A medio día del pasado lunes, el Equipo Jurídico recibió una llamada telefónica de Mario López, abogado asesor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien les requirió gestionar una “conversación telefónica” con Patricia Troncoso Robles. El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señor Santiago Cantón, se comunicaría con la presa política, en el marco de la solicitud de medida cautelar Nº 239-07 interpuesta ante ese organismo el día 14 de noviembre de 2007 por el Equipo Jurídico, en favor de los cinco comuneros mapuche en huelga de hambre.

“La medida cautelar tiene por objeto que la Comisión resguarde los derechos humanos de los comuneros mapuche que realizaron la huelga de hambre y actualmente, de manera urgente, de Patricia Troncoso Robles”, señala el comunicado del Equipo Jurídico hecho llegar a nuestra redacción.

“El gobierno de Chile, de manera inexplicable, a través del Seremi de Justicia (S) de la Novena Región ha informado que no accede a que Patricia Troncoso, quien lleva 98 días en Huelga de Hambre, converse con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, imponiéndole en los hechos una incomunicación ilegal y arbitraria. Se ha tomado contacto con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y con Gendarmería de Chile, sin tener una respuesta favorable a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, agregan.

Los abogados denunciaron además que el Ministerio de Justicia y Gendarmería habían resuelto su traslado al Hospital de Chillán, en contra de su voluntad y la de sus familiares. El delicado estado de salud en que se encuentra la huelguista hace temer a los organismos de derechos humanos y las organizaciones mapuche un desenlace fatal en cualquier momento: “Denunciamos asimismo, que se ha resuelto por las autoridades penitenciarias el traslado de Patricia Troncoso al Hospital de Chillán en contra de su voluntad y la de su familia, en una acción que sólo puede calificarse de fuerza, que pone en riesgo la integridad física y síquica de Patricia Troncoso”.

El comunicado concluye acusando duramente al gobierno de Chile que “demuestra así su absoluto desprecio por la vida de Patricia Troncoso Robles y por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Le impide comunicarse precisamente con la única y última instancia que algo podría contribuir a que su huelga de hambre no termine en un desenlace fatal”, enfatiza.

Traslado aéreo

La denuncia de un posible traslado forzado de la huelguista realizada por el Equipo Jurídico de Apoyo se materializaría tan sólo horas más tarde. Según informó radio Bío Bío, Patricia Troncoso fue llevada la tarde de ayer martes hasta el Club Aereo de Maquehue en una ambulancia, bajo estrictas medidas de seguridad dispuestas por personal de Gendarmería, a cargo de la custodia de los presos en este tipo de traslados. Una vez en el aeropuerto, su silla de ruedas fue subida a una avioneta de la Policía de Investigaciones.

Troncoso profirió consignas contra el Estado y su molestia por el traslado, señalando ante los medios de comunicación presentes que el gobierno se la llevaba “secuestrada”. Una vez en Chillán, su ciudad natal, la mujer fue trasladada hasta el hospital Herminda Martin, donde quedó bajo resguardo de Gendarmería, en una habitación especial. “Se está en coordinaciones con el hospital para que preparen la sala para nosotros custodiarla de manera digna y acorde a ella”, afirmó Ramiro Peñailillo, director regional de Gendarmería.

Inicialmente, el traslado de Patricia Troncoso a otro recinto asistencial fue recomendado por un equipo interdisciplinario de médicos dispuesto por el Gobierno y avalado por su familia. Si bien la recomendación apuntaba a un centro asistencial de la Región Metropolitana, Gendarmería optó por un sorpresivo traslado al Hospital de Chillán por “razones de seguridad”. La mujer ha perdido más de 25 kilos en los últimos tres meses y su estado de salud es de sumo cuidado, aunque -según los médicos enviados por el gobierno- no tiene riesgo de muerte inminente.

Decepción en familiares

Desde Santiago, Roberto Troncoso, padre de la huelguista, criticó duramente la medida: “Yo no he pedido en ningún momento que mi hija sea trasladada a Chillán. Nosotros hemos pedido que sea trasladada a Santiago, porque aquí hay mejores médicos, mejores instalaciones, para tratar el delicado estado salud de mi hija, para tratar esta enfermedad que tiene, su debilitado estado de salud producto de la huelga”, señaló en contacto telefónico con radio Bío Bío.

Troncoso a su vez manifestó su decepción luego que no prosperaran sus diligencias ante el gobierno, para intentar convencer a la autoridad de que envíe el proyecto de ley que permitiría a su hija obtener beneficios carcelarios. “Ella ha cumplido ya la mitad de su condena y podría acceder a beneficios, como cualquier otra persona. Pero lo único que han hecho es enviarme de un ministro a otro, se tiran la pelota, pero en el fondo nadie quiere hacerse cargo”, se quejó desde La Moneda. Troncoso anunció que dejaba su rol como mediador entre el Gobierno y su hija, aseverando que “ellos tendrán que asumir el costo de esta grave situación”.

En el palacio, Troncoso se enteró con evidente amargura de las declaraciones del vocero de gobierno Francisco Vidal, quien aseguró a los medios de prensa que la huelguista no estaría en riesgo vital, ello según el informe sobre su estado de salud que elaboró un equipo interdisciplinario compuesto por el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, Alberto Dougnac; el médico de Gendarmería Gastón Rodríguez; y Luis Ravanal en representación de la familia. “Ellos (el gobierno) sólo están jugando con la vida de mi hija”, sentenció.

Francisco Vidal explicó al respecto que en este caso existen sólo dos decisiones posibles. Una médica, que es la sugerencia del informe de trasladar a Patricia a un hospital con instalaciones acordes a su delicado estado de salud. Y otra, que es política y que la toma el Gobierno, y es evitar que la manifestante mapuche finalmente muera. “La decisión política es que el Gobierno va a respetar el derecho a la vida y va a impedir bajo cualquier circunstancia que una persona por esta causa termine falleciendo”, afirmó.

En tanto, el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, cerró definitivamente las puertas a una salida política a la huelga de hambre. Señaló que el Gobierno no tiene atribuciones para intervenir respecto de las demandas que llevaron a Patricia Troncoso a iniciar la movilización en octubre pasado, que inició junto a otros mapuches que se encuentran recluidos en la cárcel de Angol, los que por razones de salud depusieron el ayuno en diciembre pasado.

“Lo importante en este caso es que estamos hablando de una persona que se encuentra condenada por los Tribunales de Justicia, no ha sido condenada por el Gobierno, sino por los tribunales y no tenemos facultades para intervenir desde el punto de vista de las modificaciones de resoluciones penales, no corresponde eso”, finalizó Harboe / AZ

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