Esta mañana la Corte de Apelaciones de Temuko, anuló el Juicio Simplificado seguido contra el líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcaman Paillama y su hermana Llanco. Juicio simplificado que se siguió ante el Juez de Garantías de Temuko cuya sentencia condenaba al líder mapuche a 61 días de privación de libertad por el delito de desordenes públicos, lo mismo que a su hermana Llanco. En lo sustantivo el fallo se anula y se absuelve de los cargos que se le imputan a Aucan y Llanco Huilcaman Paillama.

Cabe recordar que Aucan Huilcaman, junto a 17 mapuches, entre ellos, su hermana Llanco Rayen, fueron formalizados por los representante del Ministerio Público por el delito de desordenes públicos contemplados en el artículo 269 del código penal chileno al señalar que el día 10 de Enero del 2006 un grupo de personas de alrededor de 80 personas de las cuales la mayoría no había sido posible identificar, liderados por Aucan Huilcaman y a quienes los fiscales del Ministerio Público señalaban que se trataba de “una pandilla organizadas para provocar desordenes públicos y lanzar piedras al edificio de la Intendencia”, se habían reunido en la plaza Teodoro Schmidth para luego dirigirse por calle Lautaro hasta calle Bulnes en una marcha no autorizada en la que posteriormente se dirigieron al edificio de la Intendencia Regional en donde se habrían concentrado para interrumpir el transito vehicular por más de dos horas y provocar desordenes públicos y otros fines reprobables (¿?) y por la cual solicitaban una pena de 300 días de privación de libertad para el líder mapuche.

Sin embargo, los hechos ocurrieron de manera diferente. A pronto de realizarse la segunda vuelta presidencial y en vista que la Concertación de Partidos por la Democracia no obtenía los resultados esperados, la entonces candidata y hoy presidente de la República Michelle Bachelet Jeria, en una estrategia para conseguir el voto mapuche, se reunió con los Mapuches militante concertacionistas en el sur del país quienes mediante el sistema de participación por “acarreo en camiones a mapuche de comunidad” lograron reunir alrededor de 5.000 personas, en cuyo acto se suscribió lo que se conoce como acuerdo de Nueva Imperial II, documento en que se plasmaba un acuerdo muy general sobre las futuras políticas públicas del gobierno concertancionista que en lo medular señalaba la ya consuetudinaria promesa incumplida de los tres gobiernos de la concertación “reconocer en Chile constitucionalmente a los pueblos indígenas”.

Sin embargo, a solo tres días de firmado el acuerdo el entonces presidente de la República Ricardo Lagos Escobar envió sin consulta ni participación de los Indígenas de Chile vía iniciativa presidencial, un proyecto de ley de Reconocimiento Constitucional de los Pueblos indígenas que en lo sustantivo señalaba que “La nación Chilena es única e indivisible” y sujetaba los derechos de los pueblos indígenas al actual sistema jurídico de negación de nuestros derechos.

Como la mayoría de las organizaciones indígenas había estado presente en el Acuerdo de Imperial II en la que fueron parte, por complicidad, descuido o negligencia no presentaron ningún tipo de reparo ni manifestaron oposición pese a lo letal que resultaba para los derechos de los pueblos indígenas tal reconocimiento constitucional enviado por el ejecutivo. Frente a estos hechos, las comunidades partes del Consejo de Todas las Tierras manifestaron sus disconformidad y protesta con la iniciativa del ejecutivo y concurrieron a la Intendencia Regional a objeto de manifestar vía intendente regional (como representante del Presidente de la República en la Región) las objeciones y falta de legitimidad a tal iniciativa presidencial, reclamando además coherencia con lo que la propia candidata a la presidencia de la concertación había firmado solo tres días antes.

Luego de realizar una caminata pacífica por el centro de la ciudad de Temuco (Territorio Mapuche), de esperar por casi dos horas al intendente regional en una oficina facilitado por el propio Asesor del Intendente, Sr. Besnier; la intendencia regional ordenó su desalojo por la fuerza pública, incidentes en que fueron detenidos un grupo de mapuches que esperaba en el interior del edificio. Así mismo, las fuerza especiales de Carabineros de Chile procedieron a disolver la manifestación con carros lanza agua y bombas lacrimógenas oportunidad en que fue detenido Aucan Huilcaman, su hermana Llanco Rayen y otros mapuche de comunidades que también se encuentran imputados por los mismos delitos cuya audiencia se realizará en el mes de Enero próximo.

La marcha realizada por el Consejo de Todas las Tierras, en caso alguno se trataba de “una pandilla liderada por Huilcaman y organizada para interrumpir el transito vehicular, causar desordenes en la vía pública y tirar piedras al edificio de la Intendencia de la IX Región”, como lo señalara el ministerio público, al contrario; las expresiones de los representantes del ministerio público solo reflejaba el racismo institucional y el animo de criminalizar las legitimas demandas de derechos políticos del Pueblo Mapuche, del permanente hostigamiento que por vía de la judicialización realiza el Estado y sus organismo a dirigentes mapuche, puesto que, lejos de ser “una pandilla”, el Consejo de Todas las Tierras es una organización de estructura tradicional del Pueblo Mapuche, en la cual Huilcaman ejerce el rol de Werken o Vocero Internacional de la Organización .

El fallo de anulación del Juicio Simplificado y absolución de los cargos al werken y su hermana Llanco, vislumbra una pequeña luz de esperanzas del actuar de la justicia chilena, ya que como ha sido la conducta histórica de los tres poderes del Estado, los operadores de Justicia han actuado con racismo y discriminación y desproporcionalidad respecto de las causas en que se le imputan hechos a personas mapuche cuyo trato no es igual cuando los mapuche recurren a solicitar amparo legal, ejemplo de esto hay muchos, vasta revisar en los dos últimos años cuantas veces los mapuches han recurrido a los tribunales a solicitar protección legal para darse cuenta que estos (los Tribunales) no actúa con “justicia” y que el principio constitucional de “igualdad ante la ley” no es más que lindas palabras establecidas en la Constitución.

Esperamos que la anulación del fallo y la absolución de los cargos, sea una el nacimiento de hacer justicia y no constituya una oportunidad para legitimar otras sentencia condenatoria. Para nadie es una novedad que cuando realiza nuevamente un juicio anulado el ministerio público prepara sin margen de error los medios probatorios de manera que no exista contradicción alguna al momento de ser valorada por los jueces. No obstante a ello, estas constituyen oportunidades para que los operadores de la “Nueva Justicia” rectifiquen la conducta racista y discriminatoria que impregna a los Tribunales de Justicia en Chile y no se diga en el futuro que “a los tribunales de justicia les falto coraje moral para impartir justicia” como ya se ha dicho respecto a las violaciones de los derechos humanos ocurridos en tiempo de Dictadura situación que podría ocurrir si no se rectifica el actual proceder de la justicia en materia de derecho de los pueblos indígenas / Azkintuwe

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