Otro año concluye sin que se perciban avances en la relación entre el estado chileno y los pueblos indígenas. En el plano jurídico, 2007 se va sin que Senado haya ratificado el Convenio 169 de la OIT, convenio internacional que espera la decisión de los honorables desde 1991, fecha de su primera presentación al Congreso. Para la ratificación de este Convenio, que reconoce a los pueblos indígenas derechos colectivos, como la participación y la autonomía, la tierra, el territorio y los recursos naturales, y que ha sido ratificado por 17 estados, 13 en América Latina, contribuyendo a dar cauces institucionales para la solución de conflictos históricos, se requiere- por decisión del Tribunal Constitucional- 4/7 de los senadores en ejercicio. Ello hace necesario el concurso de la oposición. Lamentablemente, los temores reverenciales (escisión, fragmentación del estado, etc...) que el Convenio genera no solo en la oposición, sino también ahora en senadores de gobierno, han llevado a algunos a proponer su aprobación con reservas, cuestión que carece de toda validez para la OIT.

Siempre en este plano, el ejecutivo- sin mediar consulta alguna a las organizaciones indígenas- envió al Congreso un nuevo proyecto de reforma constitucional, el que además de disponer que "La nación chilena es multicultural”, reconoce “la existencia de los pueblos indígenas que habitan su territorio y el derecho de los pueblos, comunidades y personas indígenas a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales". Las posibilidades de su aprobación, dados los quorúm requeridos para la esta reforma, son aún más inciertos que los del 169.

Un avance en el plano jurídico, estuvo determinado por el voto favorable del estado chileno a la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas. Dicha Declaración, adoptada por la Asamblea General en septiembre pasado, hace extensivo a los pueblos indígenas derechos reconocidos a todos los pueblos, como la libre determinación. También les reconoce derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales ancestrales, incluyendo la restitución cuando hayan sido privados de ellos sin su consentimiento, derechos culturales y de propiedad intelectual, entre otros.

Aunque algunos discuten las implicancias jurídicas que la Declaración podría tener para los estados, existen argumentos poderosos que permiten sostener que estos se encuentran obligados a respetar los derechos en ella establecidos. Así lo han entendido al menos la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su decisiones relativas a denuncias de pueblos indígenas por la violación de derechos garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos. También destacable en el plano doméstico es la aprobación, luego de años de lucha de los mapuche lafkenche, de la ley que reconoce sus derechos sobre el borde costero, derechos hasta ahora desconocidos en la ley de pesca.

Mas allá de lo jurídico, la política del estado chileno durante el 2007 ha seguido lesionando, de diversas maneras, los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Así se ha mantenido inalterado el respaldo del gobierno a los proyectos de inversión que intereses privados, muchos de ellos trasnacionales, impulsan o planifican en territorios indígenas, y que son rechazados por las comunidades. Los planes de construcción del ducto de CELCO al mar, resistidos largamente por las comunidades lafkenche, la proliferación de propuestas para la instalación de hidroelectricas en los ríos de comunidades mapuche cordilleranas del Bio Bio a Los Lagos, la imposición del proyecto Pascua Lama en territorio diaguita, son solo algunos ejemplos de ello.

Igualmente, la violencia policial y la persecución judicial en contra de comunidades que resisten dichos planes, o reclaman por sus tierras usurpadas, sigue siendo una política de estado. El caso de Temucuicui, comunidad de Ercilla que reclama tierras que ancestralmente les pertenecieron, constituye un claro ejemplo de esta política. Al igual que el 2006, la comunidad fue allanada reiteradamente el 2007, manteniendola en un estado de terror. En contra de sus dirigentes se han dictado más de diecisiete ordenes de aprensión por diversos delitos, inmovilizando con ello a la comunidad. Ante la ausencia de fundamentos, dos de ellos han sido absueltos por la justicia en el último mes en diversas causas, no sin antes pasar por prolongados períodos de prisión preventiva.

Particularmente grave es la prolongación de la prisión, en base a legislación antiterrorista, de una decena de dirigentes mapuche por hechos vinculados a los conflictos de tierras ocurridos en los últimos años. Dos de ellos, autodenominados – no sin fundamento- presos políticos mapuche, mantienen una huelga de hambre que lleva ya 70 días, reclamando su liberación y la desmilitarización de las comunidades en conflicto. El silencio del gobierno- además del de la prensa y de los sectores de poder- frente a esta dramática realidad cuyas implicancias para la salud de los ayunantes pueden ser gravísimas, es inmoral. Ello en particular teniendo en consideración que el gobierno fue parte en las causas que derivaron en su condena y que su liberación requiere de reformas legislativas y de la acción del ejecutivo.

El Estado chileno sigue, por consiguiente, sin escuchar no solo a los mapuche, sino a instancias como el Comité de Derechos Humanos de la ONU que en marzo pasado lo llamó a adoptar medidas, incluyendo el termino de la violencia policial, la consulta previa frente a proyectos de inversión en territorios indígenas, y la modificación de la ley antiterrorista, para garantizar el respeto de los derechos humanos a los pueblos indígenas. En este contexto, no es mucho lo que cabe de esperar para el 2008. Sino hay de parte del estado un reconocimiento y respeto mínimo a los pueblos indígenas y a sus derechos, sino hay causes institucionales para dirimir y resolver conflictos históricos y contemporáneos que involucran a sus comunidades, el escenario más posible es el de la agudización de dichos conflictos. Es una realidad lamentable en que el gobierno y la oposición no pueden ignorar su responsabilidad / Azkintuwe

* Abogado, co-director Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

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