Trascurridos nueve meses de iniciado el gobierno de la presidenta Bachelet, hay antecedentes claros que indican que la política de su administración hacia los pueblos indígenas no solo ha mantenido las indefiniciones que fueran características de la política de su antecesor en La Moneda en la materia, sino también, las contradicciones entre el discurso y la práctica.

Cabe recordar que siendo candidata Máchelle Bachelet se comprometió a que durante su gobierno tendría presente el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato a los Pueblos Indígenas, así como el del Relator de la ONU para los derechos indígenas sobre Chile, ambos de 2003. Los dos informes habían recomendado la introducción de reformas constitucionales que posibilitaran el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, así como de su derecho a la participación política y económica. También coincidían en la necesidad de que Chile ratificase el Convenio 169 de la OIT. El informe del Relator de la ONU, además, instaba al estado a no criminalizar la protesta social indígena, y a poner termino al uso de la fuerza pública en contra de los indígenas y a la aplicación de leyes especiales, como la ley antiterrorista, para perseguir los delitos que pudiesen haber cometido.

Reiterando sus compromisos electorales la Presidenta Bachelet, con ocasión de la celebración del año nuevo indígena, señaló en La Moneda el 23 de junio pasado: “Queremos un país cada vez más participativo, digno y justo para todos. Y también, por cierto, para los pueblos indígenas, para nuestros pueblos originarios. Un país inclusivo, sin discriminaciones”.

Pues bien, lamentablemente las actuaciones de los entes públicos en relación a los pueblos indígenas en lo que va corrido de su mandato han estado muy lejos de orientarse por estos lineamientos. Por el contrario, tales actuaciones nos hacen pensar que estos pueblos y sus derechos, o bien siguen siendo ignorados por las autoridades, o están subordinados a otras políticas que resultan prioritarias para la agenda gubernamental. Por de pronto, en el plano jurídico, a pesar de los anuncios no se ha otorgado hasta ahora la urgencia demandada por los pueblos indígenas al proyecto para la ratificación del Convenio 169 de la OIT, convención internacional cuya aprobación por el Senado sigue pendiente.

Tampoco hay avances en lo que dice relación con la reforma de la Constitución para el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus derechos. La urgencia otorgada por el ejecutivo a esta iniciativa durante el primer semestre debió retirarse luego de que las autoridades se percataran de que el texto del proyecto sobre el cual recaía dicha urgencia, lejos de permitir tal reconocimiento, lo impedía. Ello, dado que el texto aprobado por la Cámara de Diputados a la fecha rezaba: “La nación chilena es una e indivisible.” El párrafo alusivo a los pueblos indígenas y a sus derechos, a pesar de sus insuficiencias a la luz del derecho internacional, no había sido aprobado por la Cámara.

En cuanto a la labor impulsada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, esta se ha visto seriamente dificultada por las dinámicas partidarias que persisten en su interior, así como por la influencia que ejercen en sus decisiones los dirigentes indígenas que integran su Consejo nacional. Cabe señalar que estos últimos, mas que abogar por las demandas más sentidas y urgentes de los pueblos indígenas y de sus movimientos, se han convertido en mediadores de los intereses de los sectores que representan, muchas veces en desmedro de los derechos de otros sectores indígenas.

Ello se ve claramente reflejado en la política de su Fondo de Tierras de tierras, donde dicho Consejo nacional, a instancia de los representantes indígenas, ha favorecido la adquisición de predios para sectores cuyas reclamaciones de tierras son dudosas, en desmedro de las comunidades que las reclaman por ser parte de su territorio ancestral, creando serios conflictos en este caso, al interior del pueblo mapuche. De este modo, aunque el incremento del presupuesto de esta entidad previsto para el próximo año resulte valorable, no queda claro como CONADI, con las limitantes antes señaladas, favorecerá los procesos de reconstrucción territorial en que hoy están empeñados los pueblos indígenas.

Dudas semejantes surgen de la anunciada segunda etapa del Programa Orígenes, iniciativa que de no ser reestructurada con criterios profesionales y con la participación activa de los pueblos indígenas, seguirá favoreciendo el clientelismo y la cooptación indígena, como ocurrió en su primera etapa de acuerdo a los análisis de diversos sectores, incluyendo el propio BID, que financia en parte este proyecto.

Otro de los planos en que la acción gubernamental no ha sido congruente con los compromisos y la retórica presidencial – de participación, dignidad, no discriminación, etc.- es el que dice relación con el sistemático respaldo otorgado por las instancias públicas encargadas de la aprobación de proyectos de inversión a aquellas propuestas privadas o públicas a ser ejecutadas en territorios de propiedad o en reclamo por los pueblos indígenas.

Así, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Atacama, bajo la actual administración, rechazó el recurso de reclamación presentado por la comunidad diaguita de Huasco Alto en contra de la resolución que la misma entidad había dictado aprobando el segundo Estudio de Impacto Ambiental del polémico proyecto Pascua Lama, de la compañía canadiense Barrick Gold. La reclamación desestimada por la Corema impugnaba el proyecto en razón de su emplazamiento en tierras ancestrales indígenas y de sus implicancias ambientales (recordemos que el proyecto consideraba la remoción de los glaciares que alimentan el río Huasco que sustenta la economía de los diaguita, remoción que aunque no fue aprobada en definitiva por la Corema, no elimina los riesgos de contaminación de sus aguas). En los meses de invierno el gobierno, también a través de la Corema, esta vez de la Región de Los Lagos, dio su respaldo a la empresa Celco para que esta siguiese adelante con los estudios para la construcción de un ducto para verter al mar los desechos de su planta de celulosa en Valdivia, en las aguas costeras de las que viven los mapuche lafkenche. Ello a pesar de sus peticiones y movilizaciones para evitar que ello sucediera.

En la Araucanía, además de respaldar cerradamente la construcción de 17 plantas de tratamiento de aguas servidas, la mayoría de las cuales se realizan sin estudios de impacto ambiental (salvo la de Villarrica por resolución de la Corte Suprema frente a recursos de protección de la comunidad), la Corema aprobó, bajo la presión del Intendente regional, la construcción de un nuevo aeropuerto en la localidad de Quepe. Se trata de un aeropuerto que se emplaza en un área rodeada de comunidades mapuche, las que al igual que las autoridades del Municipio de Freire en que se emplaza el proyecto y varios consejeros regionales, lo han rechazado y han exigido que se estudien otras áreas para su emplazamiento.

La aprobación gubernamental de estos proyectos de inversión en territorios indígenas, no solo da cuenta de la nula consideración que la actual administración tiene para con las demandas de los pueblos indígenas relativas a la protección de sus ecosistemas y la definición de su propio desarrollo, sino que constituye una demostración evidente de que el desarrollo productivo constituye para ésta una prioridad que está por sobre los pueblos indígenas y que no se está dispuesta a negociar.

En el plano de los derechos individuales, la Presidenta, luego de una larga huelga de hambre que los presos mapuche por ley antiterrorista realizaran a comienzos de año, manifestó su decisión de no seguir aplicando dicha legislación en contra de los mapuche para perseguir sus acciones de protesta vinculadas a sus reclamaciones de tierras, como lo había hecho el presidente Lagos. Sin embargo, las iniciativas impulsadas por parlamentarios de la Concertación, y por el propio ejecutivo con miras a posibilitar la libertad de quienes se encuentran cumpliendo condena por cargos de terrorismo, no han tenido éxito a la fecha, por lo que esta demanda indígena en esta materia sigue sin respuesta.

En un ámbito relacionado, una práctica que ha seguido inalterada bajo la administración Bachelet, es la que dice relación con los abusos que los agentes del estado siguen cometiendo en contra de integrantes de comunidades indígenas que se encuentran en conflictos con proyectos de inversión, o con propietarios no indígenas. Todas las informaciones existentes dan cuenta de que tales abusos, lejos de desaparecer, se han intensificado el ultimo año, siendo estos cada vez más graves, y poniendo en riesgo la vida y la integridad física de integrantes de comunidades, incluyendo entre ellas a mujeres, ancianos y niños.

El caso más dramático es el de la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, la que ha sido allanada siete veces este año año. En el último allanamiento, verificado el 30 de noviembre pasado, carabineros, con el apoyo de un helicóptero, registró las viviendas de los comuneros, golpeando, entre otras personas, a una mujer embarazada que se opuso a ello. A comienzos del mes de noviembre la policía civil disparó desde un auto sin identificación, en contra de un grupo de integrantes de la misma comunidad reunidos pacíficamente, hiriendo a uno de ellos en una pierna. Hechos similares ser repitieron el 7 de diciembre pasado, cuando producto de un violento operativo policial desarrollado en las afueras de la ciudad de Ercilla, resultaron heridos a bala 10 comuneros mapuche, uno de ellos con proyectiles en sus dos piernas. Los policías, que actuaron sin que mediara provocación alguna de las víctimas, habrían estado tras los pasos de dirigentes mapuche de la comunidad de Temucuicui.

Las órdenes de detención que pesan sobre varios de los integrantes de esta comunidad por diversos acciones delictivas que se les imputan, entre ellas la agresión en contra del ex Director de Conadi, Jaime Andrade, hecho por cierto condenable, no pueden justificar, en caso alguno, al menos en un estado de derecho, el actuar abusivo e impune de la policía.

La muerte del lonko mapuche Juan Collihuín, de 71 años de edad, y las lesiones a bala provocadas a sus dos hijos Juan y Emilio Collihuín en agosto pasado, como consecuencia de la actuación –sin orden judicial- de carabineros al interior de un predio de propiedad de la víctima en la comuna de Nueva Imperial, por una investigación en un caso de abigeato, y sin que mediara resistencia alguna, constituye otro ejemplo de abuso policial ocurrido bajo la actual administración que a la fecha sigue impune.

Las denuncias de abusos policiales cometidas en contra de personas indígenas que han sido realizadas a las autoridades de gobierno, incluyendo entre ellas al Ministro del Interior, no han sido siquiera respondidas. Los hechos no han sido investigados, ni menos castigados, lo cual no solo genera frustración en las comunidades afectadas y en los pueblos indígenas en general, sino que determina que quienes los han perpetrado se sientan autorizados para volver a realizarlos, cada vez con más violencia, como de hecho ha ocurrido.

Finalmente, en los últimos meses las organizaciones de pueblos indígenas y de derechos humanos que han realizado denuncias frente a las situaciones abusivas antes referidas y asumido la defensa de las victimas, han sido objeto de actos de hostigamiento, con la completa indiferencia, y por lo mismo complicidad, de las actuales autoridades.


Así por ejemplo, la sede de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras en Temuco fue objeto de un asalto nocturno por desconocidos hace un mes atrás. En la ocasión desconocidos sustrajeron de dicha sede los computadores con que contaban para el desarrollo de sus actividades, sin que los autores se llevaran otros bienes de valor allí existentes, y sin que las denuncias realizadas por esta organización a la policía y a las autoridades hayan permitido identificar a los responsables.

Un hecho similar ocurrió el 9 de diciembre, cuando desconocidos entraron haciendo uso de fuerza a las oficinas del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas en Temuco, en momentos en que estas se encontraban desocupadas, procediendo a sustraer los discos duros de los seis computadores con que contamos para el desarrollo de nuestro trabajo. Al igual que en el caso anterior, dejaron en dicha oficina otros objetos de valor, tales como impresoras y centrales telefónicas, dejando en evidencia la intencionalidad del robo.

Se trata de hechos graves que afectan seriamente la labor de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, labor que el estado chileno se encuentra obligado a respetar en virtud de la Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente de 1999.

Todos estos hechos demuestran entonces que el gobierno de Bachelet está dando continuidad a una contradictoria política hacia los pueblos indígenas. Se trata de una continuidad que no solo desconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas hoy internacionalmente reconocidos, sino que vulnera derechos básicos de sus integrantes, haciendo – al menos a las víctimas de estas violaciones y a quienes hemos podido constatar su realidad- recordar los días oscuros del dictador recientemente fallecido. Igualmente grave, dicha política resulta peligrosa, ya que afecta a un sector de la sociedad históricamente discriminado por la sociedad y el estado chileno, generando, como en el pasado, una violencia en su contra que puede tener impredecibles consecuencias para el futuro de sus relaciones interétnicas en el país / Azkintuwe

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