El 13 de septiembre pasado cuando Naciones Unidas aprobó por vez primera una declaración sobre Los Derechos de los Pueblos Originarios del orbe en Chile no se había reconocido en la Constitución siquiera la existencia de nueve pueblos indígenas y en el último mes de 2007 se recrudecía el conflicto permanente con los mapuches que caprichosamente los españoles bautizaron como “araucanos”.

La mencionada resolución que en la ONU apoyaron 143 países proclama los derechos a la autodeterminación, a tierras y territorios, al respeto y desarrollo de las culturas propias. Todas esas buenas intenciones aparecen en Chile como utopías irrealizables pues una huelga de hambre de cinco luchadores mapuches que ha cumplido más de dos meses es sólo el último episodio de unas discriminación y represión permanentes en contra de esa raza mayoritaria entre los habitantes primarios. Los huelguistas están encarcelados bajo una condena a 10 años, sentencia basada en una llamada Ley Antiterrorista heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

Basta ubicarse en la historia para concluir lo difícil que es una solución al denominado “problema mapuche”. Los españoles, que se establecieron en Chile en 1540 nunca pudieron dominar por completo a los mapuches que ocupaban la mitad de lo que Madrid llamó el Reino de Chile. En ninguna parte de los vastísimos territorios americanos encontraron los invasores tal grado de resistencia. La guerra fue total y en ella murieron dos gobernadores lo que obligó a la corona hispana a formalizar un pacto por el cual reconocieron la exclusividad de un amplio territorio que consignaron como el “Reino de Arauco”.

La relatada era la situación a comienzos del siglo XIX cuando se produce la independencia de tal manera que la auténtica conquista de la Araucanía es obra de los chilenos. En la guerra de la independencia los mapuches pelearon junto a los españoles y singularmente lo hicieron además en las guerrillas que siguieron a la autonomía, cronológicamente entre 1818 y 1825. Ellos intuyeron que el trato con España desaparecería. Es real que en 1825, el naciente gobierno nacional pactó una tregua y reconoció como posesión mapuche un territorio determinado desde el río Bío Bío al sur. (Este río corre a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, la capital del país). Sin embargo, aquel convenio fue flor de un día.

La ocupación definitiva de la región mapuche comenzó, al mejor estilo estadounidense, apenas lograda la derrota de España. Según relata el historiador Felipe Portales hubo al respecto dos fases: a) ciudadanos chilenos se establecieron en terrenos mapuches y pidieron simultáneamente la “legalidad” de la ocupación y una protección militar; b) mediante la fuerza. La justificación propagandística de la acción militar, anota Portales, estaba impregnada de un fuerte racismo que describía a los mapuches como “salvajes, bárbaros e inmorales”.

Con todo, la guerra total, sindicada eufemísticamente como “Pacificación de la Araucanía”, se desarrolló entre 1860 y 1881 y se caracterizó por una barbarie heredada de los godos. Anota José Bengoa que en tal conflicto bélico, la población mapuche disminuyó en un 20 % y el Estado chileno se apoderó del 90% de lo que era el territorio mapuche al sur del Bío Bío. Portales sentencia: que el mapuche “quedó como un pueblo políticamente derrotado, económicamente miserable y explotado, socialmente discriminado y marginado y culturalmente vilipendiado con los peores estereotipos imaginables”.

La táctica que se aplicó para la estrategia de la colonización fue la de instalar fuertes militares a cuyo alrededor nacieron pueblos y ciudades. Simultáneamente, se propició la creación de colonias (así las denominaban las leyes del caso) para “extranjeros y naturales”. Estos últimos eran los chilenos, pero no los indígenas. Más claro, los mapuches no eran nada… En 1866, empero, se promulgó una ley “Sobre radicación y concesión de títulos de merced a los indígenas” que explicitaba requisitos a considerar para ser “radicados”. Por ejemplo, “si sabe leer y escribir; el grado de civilización (sic) de la familia; haber constituido la familia conforme a la ley del Registro Civil”.

Aquella ley, junto con el desprecio hacia la cultura autóctona, fue una trampa legal al instituir, para los mapuches, fracciones de tierras llamadas (legalmente) reducciones, nombre apropiado ya que fueron reducidos por familias a pequeñas porciones. Para remate, en el área legal, este año de 2007, el Senado de Chile ha rechazado la propuesta de la presidenta Michelle Bachelet para reconocer en la Constitución la personalidad de los pueblos primarios. Cuando los hispanos arriban a Chile y Pedro de Valdivia funda Santiago del Nuevo Extremo (1541) en esa región- que hoy es la parte central del país- se encuentran con una población que no es araucana y que llamaron pikunches. Esas variadas etnias simplemente se extinguieron o emigraron, en tanto que la mapuche, más al sur, prosigue la guerra en contra del invasor con la bravura que líricamente relata Alonso de Ercilla en “La Araucana”.

Regresemos al presente. En el siglo XX, los nuevos colonizadores, léase los chilenos, perfeccionan el dominio de lo que fue territorio mapuche y lo hacen tanto desde el punto de vista material como del legal. Se produce, sin embargo, la reacción de los perdedores que se organizan en entidades de defensa y recurren en veces a ciertos actos de violencia como la destrucción incendiaria de edificios y bosques de empresas forestales que se instalan en tierras que fueron de mapuches. La respuesta oficial es la represión física y judicial y en ese marco hay que situar la condena a prisión de los huelguistas que ayunan con peligro de sus vidas en una cárcel del sur del país.

En el siglo XXI tampoco se visualiza una solución negociada y pactada del gravísimo problema indígena. Sucesivos gobiernos y parlamentos han elegido el campo de la fuerza. Héctor Llaitul, uno de los dirigentes mapuche presos y en ayuno declaraba a inicios de diciembre: “El problema de no negociar, obedece a una política de Estado de no querer resolver el conflicto, pero si defender los intereses de los empresarios que hoy ocupan el territorio mapuche. No hay (de parte oficial) voluntad política real y un ejemplo de eso es la militarización del territorio mapuche, nuestro Wallmapu”.

Después de Pinochet, Chile es en muchos aspectos un remedo de democracia liberal y eso vale para el de área de los derechos humanos y específicamente en lo referente a los pueblos originarios. Chile está en deuda sobre la ratificación y cumplimiento de tratados internacionales, afirma el profesor Leonardo Aravena, de la Universidad Central. Ocurre ello con la “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas” que no ha sido ratificada. No se ha adoptado, además, el convenio de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) y como lo apuntamos antes, no hay reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas / Azkintuwe

* Periodista y escritor chileno.

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