La aprobación del Convenio 169 de la OIT, el debate por el reconocimiento constitucional y los recientes anuncios realizados en materia indígena por Bachelet, generan un escenario que merece la pena analizar ¿Existe realmente un pacto como lo pretende sostener el gobierno? ¿Cuál es la cara oculta de todo lo que se ha planteado?

Múltiples organizaciones mapuche han manifestado sus críticas a la ratificación del Convenio 169 con una declaración interpretativa que lo limita, urdida sin maquillaje por la Concertación y la Alianza. No era para menos, es una demanda sentida por una parte del movimiento indígena desde hace más de 17 años. A pesar de ser un instrumento que sólo resguarda elementos mínimos en materia de derechos indígenas y que en otras latitudes su aplicabilidad es muy cuestionada, en Chile, su ratificación había quedado postergada por años y, por lo tanto, ésta adquiría un valor significativo para varios referentes.

También hace poco se ha reactivado el debate en torno al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, otra de las promesas incumplidas de los gobiernos de la Concertación y que, nuevamente, ha dejado al descubierto la intencionalidad más siniestra del Estado Chileno en este plano: oponerse al concepto de pueblo (en el contexto de los derechos), negar a la nación mapuche. Todas las posturas, concertacionistas y aliancistas, apuntan a reconocer el “aporte cultural” de los pueblos indígenas a la Nación Chilena, bajo el precepto de que ésta es única e indivisible. En tal sentido, no hay más nación posible que la chilena.

El debate del reconocimiento abre toda una discusión. En el contexto actual –anulando los eufemismos estatales- se niega tajante y explícitamente el derecho a la libredeterminación al pueblo mapuche y a otros pueblos. No hay absolutamente ninguna voluntad para hablar siquiera de conceptos como plurinacionalidad, de plurisoberanía, etc. El reconocimiento propuesto no es más que un artificio de valoración folclórica de “lo indígena”, que intenta encubrir la doctrina nacionalista chilena.

Hace pocos días, Bachelet presentó las líneas que seguirá el gobierno en materia de pueblos indígenas bajo la idea de fundar un “nuevo pacto” con los movimientos de pueblos originarios. Sin embargo, el mediocre documento deja entrever el continuismo de las políticas estatales. Llaman la atención varios elementos, entre ellos la problemática de la tierra y el discurso multicultural (y otros más que ya han sido criticados por organizaciones mapuche). La devolución de tierras seguirá, por supuesto, su camino institucional y legal, vale decir, se trata de una negación tácita de las demandas por tierras ancestrales o antiguas (las que sobrepasan con creces los distintos título entregados a fines del s.XIX y comienzos del XX) y una negación, por supuesto, de la noción de territorio levantada por el movimiento mapuche.

Por otro lado, hay toda una parafernalia en torno a la multiculturalidad. Se habla de los avances en salud, en educación, etc. Lo que no se dice es que el discurso multicultural y de la diversidad es pregonado desde las agencias capitalistas que operan en el tercer mundo (BID, BM, FMI) y el Estado lo único que hace es implementar esa doctrina acá. Hoy el neoliberalismo avala y sustenta las múltiples expresiones culturales que puedan existir, siempre y cuando no subviertan el orden establecido, el mismo orden que le da seguridad a las políticas económicas. Por lo tanto, la propuesta multicultural sin duda tiene un trasfondo y una dirección clara de parte del Estado chileno. Lo multicultural intenta coartar o anular lo multinacional; intenta cercenar las definiciones de pueblo y nación mapuche.

Dos asuntos son claves en esta situación. La primera tiene que ver con la idea de Pacto. ¿Existen realmente las condiciones para un Pacto? ¿Existen realmente las condiciones para negociar, dialogar, etc.? Si no mal recuerdo, Bachelet aceleró toda esta presentación debido al vil asesinato de Matías Catrileo por parte de las fuerzas policiales chilenas y a la extensa huelga de hambre sostenida por Patricia Troncoso, en un vano intento de lavar su imagen de mal gobierno. El ejecutivo habla de Pacto cuando el territorio mapuche está lleno de transnacionales; habla de pacto cuando están en marcha enormes megaproyectos en el país mapuche; cuando las cárceles se llenan de presos políticos mapuche; habla de pacto con convenios mutilados; habla de pacto con reconocimientos etnocidas como señala Alonso Barros.

Lo segundo atañe al movimiento mapuche. Por suerte ha habido muchas voces críticas a todos estos anuncios, pero innegablemente hay otros tantos muy contentos en este escenario. No sé quienes son más o menos, pero el hecho de que parte del movimiento aplauda medidas tan mediocres e ideológicamente articuladas para ir contra de la consecución de mayores derechos (autodeterminación, autonomía, territorio), es por lo decirlo menos bastante preocupante. Siempre en todos los pactos hay quienes se han hecho a un costado, quizás todas las veces han sido los menos, pero su voz queda en la historia.

Muchas veces he escuchado el sabio discurso de que los derechos no sólo se demandan sino que, por sobre todas las cosas, se ejercen. El último pacto de algunas organizaciones con el Estado en 1989 ya sabemos en qué derivó. Esta nueva idea de pacto no es más que un barniz engañoso en aras del bicentenario chileno, celebración que pretende consagrar, en el plano ideológico, a la nación chilena y negar al resto de los pueblos. Un pacto para la continuidad de las políticas indígenas institucionales, que defienden el sistema económico / AZ

* Licenciado en Antropología / Miembro de la organización Meli Wixan Mapu.

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© Periódico Mapuche Azkintuwe