La violencia en estos días se sigue presentando en forma manifiesta. Agresiones en las familias, golpes y balazos entre grupos y pandillas, entre otras situaciones que nos muestran una grave violación a los derechos humanos y una vía extrema de resolver las diferencias o las problemáticas existentes.

Estos atentados a la vida, a la integridad física y psíquica, a la salud, al medioambiente y a la libertad personal, entre otros derechos que la Constitución reconoce y que se garantizan en múltiples tratados internacionales, parece que no encuentran en la práctica su debido reconocimiento. Y un caso grave de estas violaciones, es la situación que hoy día y desde ya 12 años se vive en Mehuin, caleta ubicada a 27 kilómetros de San José de la Mariquina, región de Los Ríos. Los miembros del sector, principalmente pescadores y comuneros lafkenches, viven y se desarrollan en torno al mar, como sustento económico, cultural y simbólico.

El intento de construcción de un ducto de riles de la Celulosa Arauco (CELCO), en la zona ha provocado nuevamente oposición por parte de la población. Se niegan a la construcción de un tubo por el cual se trasladen a dicha caleta los residuos líquidos que se produzcan en la producción de la celulosa. Estos riles tienen, de acuerdo a lo que indica el el Decreto Supremo Nº 90, vigente desde el 2001, límites con respecto a la emisión de contaminantes que pueden descargar a las aguas. Esta legislación contempla el principio de "pagar por contaminar" (que está presente en nuestro dispersa legislación ambiental), y que implica que se permite contaminar hasta ciertos límites, hecho que debe ser considerado como un costo de la empresa, la cual debería realizar fuertes inversiones en torno a un tratamiento eficiente de estos residuos y la depuración las aguas.

Este tipo de contaminación no es la única que se produce por el desarrollo de la empresa celulosa, también se genera contaminación atmosférica, formación de residuos industriales sólidos y agotamiento de los recursos naturales, disminuyendo el bosque nativo, arrasado por la plantación de especies de más rápido crecimiento. Entonces, ¿quién gana con esto? Parece que el medioambiente no, y tampoco la población , ya que los niveles de pobreza en las regiones forestales, donde se encuentran instaladas las industrias de celulosa y donde se registran las mayores extensiones de plantaciones, albergan los mayores niveles de pobreza".

Pero no es la primera vez que esta misma empresa pretende desarrollar este proyecto en la zona. En 1996 lo intentó, pero al encontrarse con una férrea oposición por parte de los pescadores artesanales de la zona principalmente, se determinó descargar los riles en el Río Cruces, el cual, si recordamos, sufrió una fuerte contaminación que llevó a la conocida muerte de cisnes de cuello negro, peces, flora y fauna en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, perteneciente a dicho río en Valdivia.

Pero... la memoria es frágil. Desde el año pasado, frente al interés de establecer dicho ducto nuevamente en el sector de Mehuín y ante la oposición de la población, CELCO ha suscrito acuerdos con sindicatos de pescadores de la zona, quienes reciben un monto de dinero a cambio de facilitar la aprobación del ducto de la planta de celulosa en dicho sector. Pero, ¿sería "vendible" el cuidado del medioambiente y estas áreas de manejo?. Si en los procesos de estudios de impacto ambiental se le reconoce por ley a la comunidad el derecho de participar y oponerse a este proyecto, ¿pueden por el acuerdo que firmaron no hacerlo?. De acuerdo a la importancia y el reconocimiento de estos derechos humanos, se hace claro que existe este derecho de oposición, pero entonces, ¿qué sentido tienen la suscripción de estos acuerdos?

Lo que estos actos han causado y promovido son graves enfrentamientos en la población de la zona, entre quienes apoyan la construcción del ducto y los que la rechazan. Y estas han sido imágenes de agresiones con piedras y otros elementos contundentes que hemos podido ver en los noticieros y que, en testimonios de miembros del Comité de Defensa del Mar y de comunidades lafkenches en conferencia de prensa de esta semana, dieron cuenta de la continua violencia física y amenazas de las cuales son permanentemente objeto. Ante estos hechos, el intendente de la zona, Ivan Flores señaló que era "un conflicto entre privados". Y este es el principal aspecto a comentar en este tema.

Los grados de violencia en los sectores de Missisipi y Mehuín son gravísimos, de hecho, se han presentado recursos judiciales para amparar la vida y la integridad física y psiquica de personas opositoras al ducto. Esto no es posible que ocurra. Hay responsabilidad de todos en ello; del Estado en la defensa de los derechos humanos y al permitir la promoción de esta violencia a través de actos de la empresa privada que transgreden la forma de vida de pescadores artesanales y lafkenche, y no promover un diálogo efectivo basado en las confianzas. El Estado es también garante del debido cuidado del medioambiente, y por tanto, de que los mecanismos legales para su protección, cuenten con la confianza efectiva de la población. Pero es responsabilidad de nosotros el informarnos de estos hechos y reconocer las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo o acaso ¿el medioambiente no es patrimonio de todos y todas? / AZ

* Directora del departamento de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile.

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© Periódico Mapuche Azkintuwe