SANTIAGO / En las últimas semanas, pescadores artesanales de las vecinas caletas de Mehuín y Missisipi, ubicadas en la región de Los Ríos, más de 800 kilómetros al sur de Santiago, se han enfrentado violentamente por causa del caño, lo que motivó que efectivos de Carabineros (policía militarizada) se apostaran indefinidamente en el sector. El conflicto data de 1996, cuando Arauco, propiedad del grupo local Angelini, intentó por primera vez efectuar estudios técnicos para instalar una tubería que vertiera a la zona del océano Pacífico donde se ubica la caleta de Mehuín, los residuos líquidos de la planta que proyectaba construir en la comuna de San José de la Mariquina, provincia de Valdivia.

En esa oportunidad, los pescadores de Mehuín impidieron los trabajos, ante lo cual la empresa optó por descargar los desechos de su planta, que se puso en marcha en febrero de 2004, al río Cruces, hogar de miles de cisnes de cuello negro (Cygnus melancoryphus) que murieron o migraron meses después de que comenzaran los vertidos tóxicos. El desastre ambiental hizo que las autoridades emplazaran a Arauco a buscar un lugar alternativo para derramar los residuos, lo que motivó que la empresa reflotara su antiguo proyecto.

De inmediato, los pescadores de Mehuín y de otras caletas aledañas, agrupados en el Comité de Defensa del Mar, se movilizaron contra de la iniciativa de la empresa porque consideraban que sus desechos contaminarían las aguas y perjudicarían sus fuentes de trabajo. No obstante, la empresa decidió negociar con los tres sindicatos de pescadores de Mehuín, quienes, paulatinamente, a partir de octubre de 2007, fueron aceptando los ocho millones de pesos (unos 18.000 dólares) prometidos por la empresa para cada trabajador.

Aunque cerca de 250 pescadores firmaron, una minoría se opuso, entre ellos Eliab Viguera, histórico portavoz del Comité de Defensa del Mar, quien decidió dejar su cargo por las continuas amenazas que recibía de sus antiguos compañeros de lucha. Una parte del dinero fue entregada de inmediato y el resto será cancelado cuando empiecen y finalicen los estudios técnicos en el mar y cuando se instale el emisario. Tácitamente, la cláusula que establece este arreglo no sólo compromete a los pescadores a aceptar los trabajos sino también a ayudar a que éstos se concreten.

Pero esta estrategia no terminó con la oposición ciudadana, dado que una minoría de Mehuín y pescadores de otras caletas vecinas como Missisipi, Queule, Maiquillahue, Chan Chan, Bonifacio, Los Molinos, Quillalhue y Niebla, aseguran que no dejarán a Arauco hacer sus estudios. La caleta de Misissipi es la más activa, ya que sus pobladores instalaron barreras en el mar para evitar que la empresa instale los equipos necesarios para hacer sus mediciones. El lunes, una delegación del movimiento contrario al caño emisario convocó a una conferencia de prensa en Santiago junto con el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central, el jubilado juez Juan Guzmán Tapia, quien procesó en Chile al ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

"El conflicto que abarca a Mehuín, en realidad abarca a todo el país", dijo Guzmán, en referencia a varios proyectos de inversión en territorios mapuches, como las centrales hidroeléctricas que se proyectan en la localidad de Panguipulli, región de Los Ríos. Guzmán llamó a las universidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones sindicales, nacionales y extranjeras, a "coordinar fuerzas y estrategias para impedir la construcción del ducto en Mehuín, para impedir, de ahora en adelante, toda violación de la tierra, el mar, de nuestra naturaleza y gente".

En la conferencia, de la que también participó el presidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach), los dirigentes llamaron al gobierno a hacerse parte en el conflicto y resguardar la seguridad de los afectados. La comitiva se quedará en la capital hasta el jueves para tratar de reunirse con la mayor cantidad posible de actores políticos, como los jefes de todos los bloques parlamentarios, el comisionado para los Asuntos de Indígenas, Rodrigo Egaña, y representantes de la Iglesia Católica. El objetivo es informarlos sobre la situación en que viven y solicitar su apoyo.

Setenta por ciento de los pescadores que se oponen a la tubería son de origen lafkenche, una rama del pueblo mapuche, explicó a IPS Boris Hualme Millanao, "werkén" (portavoz) de las comunidades lafkenches de la comuna de San José de la Mariquina. El 2 de este mes, un centenar de pescadores afines a Arauco arribaron en lanchas a Missisipi y atacaron la sede social con piedras y palos, con el resultado de cuatro personas heridas. Uno de los pobladores contrarios a la tubería fue procesado por homicidio frustrado, acusado de herir a bala a un pescador de Mehuín. No obstante, Hualme negó a IPS que estén defendiéndose con armas de fuego.

Después de ese incidente, que fue grabado y transmitido en algunos noticieros de televisión, efectivos de fuerzas especiales de Carabineros se instalaron con un autobús y un carro lanza agua en la escuela de Missisippi. El 5 de este mes, el investigador del no gubernamental Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Eduardo Mella, visitó la caleta de Mehuín para hacer un informe sobre las denuncias de los lafkenches y constató en carne propia el asedio sufrido por los opositores al emisario.

Ese día, Eliab Viguera, Mella y otras personas que se aprestaban a subir a una embarcación en las orillas del río Lingue, con dirección a Misissipi, fueron abordadas violentamente por unos 70 pescadores de Mehuín, altercado que fue sofocado por carabineros. "Nos decían que no nos iban a dejar zarpar, nos amenazaban con matarnos. Yo vi dos armas", contó Mella a IPS. Ante estos hechos de violencia, 71 habitantes de las caletas de Missisipi, Queule, Maiquillahue, Chan Chan y Quillalhue interpusieron un recurso de amparo preventivo junto con el Observatorio en contra de un grupo de pescadores de Mehuín.

Los denunciantes aseguran que desde que los pescadores firmaron el convenio con Celco han sido víctimas de una serie de hechos de violencia que ponen en peligro su integridad física y síquica y exigen una serie de medidas concretas de protección. Agregan que los anteriores recursos interpuestos en los tribunales de justicia no han prosperado, por lo que el Observatorio está gestionando una reunión con el fiscal nacional, Sabas Chahuán, en busca de que se designe a un fiscal exclusivo para el caso. Los denunciantes también se oponen a sentarse en una "mesa de diálogo", como estaría proponiendo el gobierno, porque eso significa "negociar" con Arauco y ellos no transan en su lucha de "No al ducto".

El ex juez Guzmán indicó que la entidad que dirige también prestará apoyo jurídico a los pescadores afectados. Asimismo, unas 80 organizaciones no gubernamentales del país firmaron una carta entregada el 11 de este mes a la presidenta Michelle Bachelet exigiéndole el cese de la violencia en la zona y que los tribunales brinden amparo a la población que se opone al emisario. Las cinco fábricas de Arauco, entre ellas la cuestionada de Valdivia, producen más de tres millones de toneladas de celulosa para la fabricación de distintos tipos de papel / AZ

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© Periódico Mapuche Azkintuwe