Tras el cierre del proceso de regularización de los inmigrantes sin papeles el pasado 7 de mayo, el Gobierno Español viene declarando que la única forma que los inmigrantes “sin papeles” puedan legalizar su situación en España es por medio del arraigo, con las nuevas posibilidades que permite el nuevo reglamento de extranjería. Pero ello es sólo en teoría, pues si se analiza las posibilidades de legalización por arraigo, llegamos a la conclusión de que lo que ha hecho el gobierno es dificultar las posibilidades ya existentes, o crear una figura imposible como es el arraigo laboral. Con el nuevo reglamento las posibilidades de arraigo son: 1) El arraigo laboral: para lo cual el inmigrante sin papeles tiene que tener prueba de que ha estado en España de forma ininterrumpida de 2 años y además que demuestre que ha trabajado en España más de un año. No tiene que tener además antecedentes penales ni en el país de origen ni en España. ¿Qué inmigrante puede demostrar que ha trabajado un año en España? ¿Con qué prueba lo demuestra?. ¿Con una acta de Inspección de Trabajo? ¿Qué inmigrante se va a atrever a denunciar a su patrón?. 2) El arraigo ordinario: Se sigue exigiendo una prueba de la residencia en España de mas 3 años, y además un contrato laboral firmado por un patrón por más de un año. Pero además se le exige que o bien tenga familiares con papeles en España o bien tengan el informe favorable del ayuntamiento donde resida. También no debe tener antecedentes penales en España o en su país de origen. En definitiva, se exige los mismo que se pedía con el reglamento de extranjería aprobado por el PP, pero añadiendo el requisito del informe favorable del ayuntamiento. De esta forma los ayuntamientos podrán jugar con la suerte de los inmigrantes sin papeles que presenten solicitudes de regularización; Lo que harán seguramente en función de intereses electorales, como un elemento más de racismo institucional.

El Gobierno de Zapatero, lejos de aliviar la situación de los inmigrantes sin papeles lo que ha hecho es dificultar la lucha cotidiana por conseguir sus papeles y la igualdad de derechos que los españoles, ni el proceso de regularización ni el arraigo contribuyen de verdad a solucionar ese problema