Guerra Encubierta en Chiapas

Cecilio Muñoz, Socio de ASPA.

GUERRA ENCUBIERTA EN CHIAPAS

La intervención del ejército federal mexicano en el estado de Chiapas viene siendo una constante que, desde el alzamiento zapatista del primero de enero de 1994, va dejando un reguero de muertes e innumerables violaciones de los más elementales derechos humanos. Las distintas policías, las “guardias blancas” y grupos paramilitares tienen sometidas a las poblaciones indígenas a continuos hostigamientos que derivan, en la mayoría de los casos, en detenciones, asesinatos y ajusticiamientos de campesinos de las comunidades y a la destrucción de poblados enteros que han cometido el terrible delito de hacer manifestaciones y marchas para exigir libertad, justicia y democracia con dignidad.

Un pueblo que mantiene en suspenso las acciones armadas y que, en su espíritu de pacificación, firmó con el gobierno federal mexicano en febrero del pasado año los primeros acuerdos relativos a Derechos Indígenas, avalados por la Comisión Parlamentaria de Pacificación y la Comisión Nacional de Intermediación del obispo Samuel Ruiz.

Sin embargo, la respuesta del gobierno de Ernesto Zedillo ha sido el continuo hostigamiento y empuje del conflicto hacia un callejón sin salida, en el ánimo de derrotar “políticamente” y militarmente al EZLN, contando con el decidido apoyo del PRI, el respaldo de la “Casa Blanca” y de otros gobiernos aliados (incluido el de Aznar).

Estos apoyos internos e internacionales han conducido a incumplir los acuerdos relativos a los Derechos Indígenas y a la ruptura de las negociaciones de San Andrés Larraínzar.

Entre tanto, más de 50.000 soldados mexicanos están desplegados por toda la Selva Lacandona y los Altos de Chiapas. Además, se han enviado varios miles de “expertos” en la lucha contrainsurgente, formados especialmente por militares norteamericanos, apoyados por helicópteros artillados y carros de combate que entran en las comunidades campesinas e indígenas torturando, violando, secuestrando y asesinando indiscriminadamente.

Hechos tan recientes como el secuestro de los jesuitas Jerónimo Alberto Hernández y Gonzalo Rosas, adscritos a la diócesis de San Cristóbal de las Casas; la detención de líderes de la Coordinadora de Organizaciones Sociales “Xi-Nich”, Francisco González y Ramón Parcero, de Palenque; los ametrallamientos de varias comunidades; los choques armados contra campesinos; las continuas provocaciones por parte de grupos paramilitares a la “Marcha Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad”, o la expulsión de observadores internacionales que acompañaban esta Marcha como protección y garantía de seguridad, son una muestra de la prepotencia gubernamental mexicana que pretende callar las miles de voces de indígenas y de campesinos desplazados violentamente de sus comunidades que quieren vivir en Paz con Justicia y Dignidad.

Hoy, el estado de Chiapas (y otros estados mexicanos) sufren un tremendo deterioro en sus condiciones de vida a causa de la aplicación de los durísimos programas de corte “neoliberal” y toda la sociedad está debatiéndose en una de las peores crisis sociales y económicas a las que el “mal gobierno” mexicano no sabe oponer más que represión policíaca y militar e intoxicación informativa.

Hoy, la lucha de las comunidades zapatistas y la voz de Solidaridad y presión política de organizaciones y colectivos internacionales son la única garantía de evitar una guerra abierta. Hoy, más que nunca, no abandonemos a nuestros hermanos y hermanas indígenas y campesinos a una muerte anunciada.

Cecilio Muñoz es socio de ASPA

Volver a la página principal de Sur a Sur