Mucho revuelo se ha originado en Internet los últimos meses, apuntando al 1 de octubre de 2004 como día fatídico para los internautas españoles. La causa no es otra que la entrada en vigor en esa fecha de una reforma del Código Penal. Los rumores, las noticias y las opiniones han estado circulando masivamente por la red, especulando sobre si a partir de ahora es un crimen el intercambio de archivos que posean derechos de autor, tales como películas o canciones de Alejandro Sanz.

Ciertamente el tema es preocupante. Hay un par de párrafos que recetan nada menos que pena de cárcel para quien cometa ese tipo de actos, lo que demuestra cuál es el verdadero talante de nuestro extremadamente progre gobierno del PSOE. Algo tan inofensivo y tan generalizado como utilizar un programa de intercambio de ficheros con el fin de obtener música gratis, podría enviar nuestros huesos a prisión.

Además con su nuevo talante, nos han obsequiado con esta campaña publicitaria, donde se pretende presentar a un chaval sentado frente a un ordenador como a un criminal de la peor calaña:

Sin embargo, hay que aclarar que, en esencia, esos párrafos no cambian con respecto a la anterior reforma de 1995, rubricada por Felipe González, quien era presidente de España en aquella época.

Resulta paradójico que ese año firmara un Código Penal alguien bajo cuyo mandato España había vivido años de corrupción generalizada, alguien de quien se dijo con razón: “por acción u omisión ha sido responsable de crímenes de estado”, alguien que, en definitiva, ha sido el peor cáncer que ha sufrido este país desde Franco. No cabe duda de que tenemos lo que nos merecemos.

Volviendo al tema que nos ocupa, la realidad es que si desde el 1 de octubre somos criminales varios millones de españoles, ya lo éramos desde 1995 y, a pesar de que las cárceles están saturadas, no es porque la inmensa mayoría de sus inquilinos sean usuarios de programas de intercambio de ficheros.

La razón es que, tanto aquella reforma como la actual, incluyen el ánimo de lucro como premisa para perseguir este tipo de actos. No obstante, y aprovechado la inminencia de este famoso 1 de octubre, se ha abierto un debate sobre qué es el ánimo de lucro. Para unos es sinónimo de querer ganar dinero, mientras que otros alegan que basta con ahorrárselo.

Es decir, estos últimos opinan que quien se copie una canción de Alejandro Sanz merece cárcel, y no por su mal gusto musical, sino porque ha ahorrado dinero al no comprarla. Y es que estos últimos no son otros que los representantes de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores). A nadie le cabe en la cabeza que se pueda encarcelar a millones de personas por estas estupideces, pero estos vampiros de la cultura no dudan ni lo más mínimo en reclamarlo dado que, aunque conocen la imposibilidad de que se lleve a cabo, pretenden meternos el miedo en el cuerpo para llenar aún más sus ya repletas arcas.

Sobre las hazañas de la SGAE para desvalijarnos a todos, se puede hablar largo y tendido, adornando la exposición con didácticos ejemplos que servirían sin duda de manual definitivo para ladrones de guante blanco, sin embargo, lo dejaremos para otra ocasión. Baste decir que esta gente ha campado a sus anchas, reclamando dinero a todo lo que se mueve, sin que ningún gobierno haya intentado pararles los pies, más bien al contrario, y el actual no es una excepción.

Nos podemos preguntar si esta ambigüedad en los últimos códigos penales, en lo referente al ánimo de lucro, es una muestra más de la ineptitud de nuestros legisladores o, por el contrario, es una concesión para que una minoría, la representada por la SGAE, pueda demandar continuamente a la inmensa mayoría de la población, con el fin de sacarnos hasta el último euro. Cualquiera de las dos opciones es muy preocupante.

Hay un último factor que no podemos dejar pasar, relacionado con este Código Penal, el cual, lógicamente, cuenta con una infinidad de artículos además de los relacionados con los derechos de autor. Esta reforma fue elaborada por el anterior gobierno del Partido Popular, y el PSOE presento una enmienda con el fin de que fuera revisada, exponiendo que la reforma suponía “un exacerbamiento de las penas, fundamentalmente de las privativas de libertad, especialmente en delitos contra el patrimonio, unido a rebajas penales en otros ámbitos delictivos cuya autoría no esta asequible a la mayoría de los ciudadanos”. Estas palabras las firmaba nada menos que Maria Teresa Fernández de la Vega, quien en la actualidad es Vicepresidenta del Gobierno.

Ni la señora De la Vega, ni nadie entre los supuestos socialistas que ahora nos gobiernan, han movido un dedo con el fin de paralizar la entrada en vigor de la reforma. Demostrando muy a las claras que el PSOE tiene una cara en la oposición y otra radicalmente opuesta en el poder. No me cabe duda de que mientras sigamos siendo gobernados por PSOE o PP las leyes favorecerán a los poderosos, mediante ese artificio que llaman Estado de Derecho.

Y es que los portavoces del pensamiento único, quienes defienden nuestra sociedad neoliberal, suelen justificarla asegurando que vivimos en un estado de derecho, concepto oscuro donde los haya y que originalmente se introdujo con el objetivo de limitar los poderes del estado absolutista sobre los intereses de la burguesía. En nuestros días, ciertamente, la nueva burguesía, la compuesta por las clases más acomodadas, está perfectamente protegida de la clase asalariada mediante las leyes que escupen nuestros gobiernos supuestamente democráticos. Al menos mientras nos sigamos dejando.