Guatemala. Guerra y represión en el siglo XX. Parte 5. La paz firme y duradera. 1996-actualidad. La falacia

“El simple cese al fuego no va a solucionar las enormes desigualdades económicas y sociales, la crisis política ni la contradicción étnica-cultural, el irrespeto, la marginación hacia el pueblo maya, como tampoco sería la base para el respeto de los derechos humanos de los guatemaltecos (...). El acuerdo de paz firme y duradera debe estar sustentado en la resolución de las problemáticas económicas, políticas, sociales y étnico-culturales de los guatemaltecos”.
Coordinadora de Sectores Civiles, Mayo, 1993.

En 1986 la URNG da un paso clave en la turbulenta situación política guatemalteca. Durante varios meses dejo en suspenso sus operaciones militares con el objeto de no entorpecer un posible proceso democratizador. El gobierno democristiano instalado en el gobierno en ese año era el primero civil en 32 años y las expectativas de cambio y reforma aún estaban vivas. Junto a este alto el fuego, la comandancia guerrillera realizó una serie de demandas que debería satisfacer el recién nacido gobierno para iniciar una democratización real: esclarecimiento de los asesinatos políticos, masacres y desapariciones junto con las responsabilidades que ello acarrearía. También pedían el cese de la represión, la disolución de las patrullas civiles y aldeas modelo que tanto daño estaban causando a la población campesina, el cese del control de la población a la par que se concediera la libertad de organización y movilización popular. Todo ello acompañado de la adopción de medidas socioeconómicas a favor de los sectores populares. Pocos meses después de realizar estas peticiones base, la guerrilla propuso al gobierno de Vinicio Cerezo la iniciación de un proceso de diálogo para dar solución política a la guerra intestina que Guatemala llevaba padeciendo desde los años 60. Sin embargo, el gobierno, con el ejército siempre espectante, insistió en la solución militar. Como ya se apuntó en el punto 3.3., el ejército comenzó un intenso rearme que se aceleró después del intento de golpe de Estado de mayo del 88. Los cuerpos de policía se fortalecieron también sensiblemente. La asistencia exterior, en especial desde Estados Unidos, posibilitó el aprovisionamiento del sector castrense. La imagen del país engañosamente restaurada con el cambio del poder militar por el civil facilitaba la obtención de asistencia. El plan que el Alto Mando diseñara iba dando resultado. Pronto, como también se indica en capítulos anteriores, la institución armada estuvo lista para realizar importantes campañas contra las cooperativas fuerzas guerrilleras, las cuales, fueron pronto consciente de la escasa intención de diálogo que mantenía el nuevo gobierno civil. Las operaciones que se ensayaron no fueron tan efectivas como los militares parecían desear. De hecho, a principios de los 90 la URNG extendieron su influencia a nuevas zonas así como reactivaron la actividad en otras que el ejército aseguraba tener “pacificadas”.

En 1987 había iniciado la radiación La Voz Popular, emisora de la guerrilla. Según los datos que esta emisora hacía públicos, entre 1986 y 1992 la insurgencia había llevado a cabo más de 11800 operaciones de distinto tipo en las cuales había causado casi 14000 bajas militares; destruyó 47 blindados, 66 transportes militares terrestres, 2 aviones y 9 helicópteros; averiaron 25 blindados, 69 transportes terrestres, 23 aviones y avionetas y 150 helicópteros; además, 609 armas fueron capturadas. Mientras, el gobierno y las fuerzas militares restaban importancia a la guerrilla, a la que presentaban como pequeños grupos en extinción y acusándolos de terroristas y maleantes. Estaba clara la falta de decisión de negociar por parte del bloque democristiano.

Vinicio Cerezo había exigido en enero de 1986 como condición previa a cualquier encuentro la deposición de las armas por parte de la URNG. “Tendrían que dejar de ser guerrilleros para convertirse en un partido político” declaraba el nuevo presidente. Apabullado por la presión internacional, el gobierno hubo de ceder. En 1987 se llevó a cabo un primer contacto entre delegaciones del gobierno y la guerrilla. Esto sucedía en Madrid y prometía ser un primer paso. Sin embargo, lo que parecía el conato de una negociación fue abortado prestamente por decisión del ejército.

En 1990 una nueva intentona de acercamiento de ambos antagonistas se llevó a cabo en Oslo, Noruega. Allí delegados de la URNG y de la Comisión Nacional de Reconciliación expresaron su inclinación a la finalización del conflicto por medios políticos. Se nombró al obispo católico Rodolfo Quezada Toruño conciliador y se sucedieron los contactos entre ambas fuerzas: por un lado, la Comandancia General de la URNG, por otro los sectores políticos, empresariales, religiosos, populares, académicos y profesionales. Todos los grupos parecían estar de acuerdo en la necesidad de diálogo directo entre militares y guerrilla, de cambios institucionales y constitucionales en Guatemala, así como del respeto a los Derechos Humanos y de la creación de una democracia real y participativa.

Ya en 1991 bajo el gobierno de Jorge Serrano, se concreta la primera entrevista directa entre gobierno-militares y la URNG en Ciudad de México. Se aprobó un “Acuerdo de procedimiento para la búsqueda de la paz por medios políticos”, así como una agenda de puntos para ser discutidos en nuevos careos. Dos reuniones más se sucedieron, en julio de 1991 en Querétano donde se concretó un acuerdo marco dentro del cual deberían desenvolverse los demás temas que constituían la agenda programada den el D.F. mexicano. Se expresaba la necesidad de una sociedad civil donde las fuerzas armadas estuvieran sometidas al poder civil para establecer un Estado de Derecho. Muy buenas palabras se desgajaron de estas reuniones: democratización, establecimiento de la vigencia de los Derechos Humanos, derechos de todos los ciudadanos a beneficiarse de la riqueza nacional, derecho a relaciones de trabajo justas, de mantener las formas culturales y de organización popular...

Pese a ello, existían divergencias importantísimas de fondo. El principal objetivo del gobierno y ejército pareciera ser la capitulación de las fuerzas insurgentes, punto por el cual debía pasar toda la negociación. Las exigencias de la URNG de establecer una Comisión de la Verdad con marco internacional para esclarecer los acontecimientos de violaciones de las pasadas décadas y vigilar el cumplimiento del acuerdo sobre Derechos Humanos. Dicha comisión entraría en vigencia a la par que firmado el acuerdo, mientras que gobierno y ejército se negaban a dotarlo de nivel internacional y solo entraría en funcionamiento después de la rendición incondicional del frente guerrillero. Lo único que parecía perseguir el gabinete de Serrano y el Alto Mando era la rencición de la guerrilla sin prestar demasiada importancia a las reformas por las que clamaba gran parte de la ciudadanía guatemalteca. En Crónica del día 19 de Mayo de 1988 el ministro de defensa declaraba “El diálogo es un eufemismo que usamos para hablar de rendición”. Quedaba patente la falta de voluntad desde las partes más reaccionarias del ejército, gobierno y sector empresarial para acometer ningún cambio con respecto a las posiciones de la URNG (derechos humanos, desmilitarización, cambios en estructuras políticas y económicas...) los cuales les alejarían de las ventajosas posiciones que habían disfrutado desde tiempo atrás. La URNG busca acuerdos que transformen significativamente la política, economía y sociedad nacional. La negociación, para la organización armada, debe concluir con transformaciones verificables. La Coordinadora de Sectores Civiles, otro importante sector nacional, apoyaba la moción transformativa que promulgaba la URNG. Incluso la Iglesia concordaba con la guerrilla. Señalaba que “para alcanzar la paz no basta solamente con el cese del fuego, el fin del conflicto armado; sino que hay que crear las condiciones, sentar las bases para que le pueblo tenga mejor vida, más acceso a bienes y servicios necesarios para su sobrevivencia; para que cese la violencia institucionalizada y la impunidad, y podamos vivir en un Estado de Derecho”.

Se aprecia una convicción generalizada de que para alcanzar la paz habrá que realizar cambios profundos en lo que venía siendo la vida política del país. La visión del grupo empresarial, militar y gubernamental no es la misma. Adoptar y aprobar las proposiciones de la URNG para alcanzar la paz supondría ceder parte importante del poder que durante años se había concentrado en sus manos. La corrupción que campaba en el gobierno de Serrano no veía conveniente que se investigara, los militares no deseaban depurar responsabilidades y los empresarios y latifundistas no creían pertinente mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en merma de sus abultados beneficios. El camino hacia la paz y el cambio estaba cercado con alambre de espinos.

Mientras, en ese marco de la negociación abierto desde 1986, los sectores civiles se habían movilizado y ganado espacios para la protesta. Una conciencia sobre la situación política y social del país fue surgiendo y nacieron nuevas agrupaciones populares en busca de cambios. El ejército era cuestionado y acusado desde esta nueva propuesta popular. A dicha institución se la hacía responsable de masacres, matanzas, desapariciones e innumerables violaciones de los derechos humanos. La propaganda que tan afanosamente se había elaborado se resquebrajaba.

En esta situación de recalentamiento de la situación social y pérdida de credibilidad de las instituciones nacionales por excelencia (gobierno y ejército), los militares comenzaban a no sentirse cómodos. La promesa de Serrano de acabar con la URNG consiguiendo su desarme incondicional se demostraba vana. Lo que hubiera sido un perfecto escaparate para el nuevo modelo civil que los milicos querían instaurar para Guatemala se agrietaba. Los sectores más conservadores y violentos del ejército estaban disgustados. A finales de 1992 se decide romper la negociación con la URNG que se estaba haciendo fuerte al calar sus demandas en la sociedad civil. Al comenzar el 93, Serrano de manera desesperada se ofrece a reconocer las peticiones de la URNG sobre derechos humanos a cambio de un alto el fuego sin tratar los demás temas propuestos por el movimiento guerrillero. Al tiempo el ejército había iniciado una ofensiva contra los rebeldes. Se buscaba derrotarlos y obligarlos a aceptar las condiciones impuestas por el gobierno. Las dos vías de acción, política y militar, se complementaban de nuevo. Sin embargo, ambas fracasaron dejando al sector militar en una desesperada situación. La ofensiva bélica fue intranscendente y la URNG se negó a abandonar el programa de cambios y reformas como paso previo a la paz. La situación se tronaba desesperada para el gobierno y militares. Además, el ambiente social se degradaba enormemente. La eliminación de subsidios a servicios esenciales y el alza de los combustibles y transportes, la energía eléctrica, y la subsiguiente elevación del costo de la vida generaron una crisis de relevantes proporciones. La pobreza seguía creciendo. La impunidad persistía, la inseguridad ciudadana iba en aumento y las violaciones de los derechos humanos no se reducían. 252 guatemaltecos fueron asesinados o secuestrados por la represión política durante los cinco primeros meses de ese año. El ejército lanzaba centenares de bombas sobre áreas pobladas por población civil no combatiente. Esto detona en el Primero de Mayo cuando unas 500 organizaciones populares reúnen a unas 60.000 personas en la celebración de tal día. Los participantes en los actos reclaman la desmilitarización, mejoras económicas y sociales, disolución de las patrullas civiles, firma del acuerdo de paz, cese de la corrupción e impunidad... Los siguientes días son testigos de movilizaciones reivindicativas importantes de estudiantiles, maestros y sectores populares en general. Ante esta revuelta ciudadana masiva, el poder saca a la calle tanques y perros amaestrados. La represión cobra fuerza como medio de ejercer el poder. Los estudiantes enfrentaban con piedras las fuerzas represivas en acontecimientos sin precedentes.

Los analistas del ejército perciben en este repudio y rechazo al gobierno y a las fuerzas armadas una amenaza importante de desórdenes civiles y levantamientos de mayor envergadura y repercusión. A su vez, fuertes intereses económicos están presionando al gobierno para la emisión de leyes que facilitaran la privatización de servicios y empresas estatales. El Congreso frenaba este requerimiento y su disolución agilizaría las cosas. En este ambiente de insurrección generalizada e intereses privados, se programa un viro de timón, algo que nadie esperaba: el golpe de Estado del 25 de Mayo de 1993.

Con Serrano como peón, el ejército toma las medidas oportunas para bloquear el rumbo que estaba tomando la situación. Los sectores más reaccionarios de la institución (con un prolongado diálogo con la URNG que debilitaba al ejército, el rencor contra él y la posible revuelta desde las clases populares, los juicios teatro contra algunos militares que empezaban a debilitar la inmunidad del organismo...) comenzaban a no sentirse cómodos. Imponer la mano dura para regresar al orden, acabando para ello el diálogo con la guerrilla, y prevenir una revuelta social de mayores consecuencias, movieron a los militares a consumar este nuevo levantamiento golpista. Esta vez, utilizaron a Serrano Elías como marioneta. Este asumió la autoría del golpe librando de culpa a los militares, pero como se ha señalado en varias ocasiones (9) las condiciones sociales y económicas empujaron la alta oficialidad a moldear esta nueva situación. Hacer encabezar un golpe por un civil y así eximirse de pagar el alto costo político fue una ingeniosa estrategia pero hay que señalar que no engañó a nadie. A esas alturas, todo guatemalteco sabía que era “imposible realizar un golpe de Estado por parte de ningún sector, sin la participación del ejército” (Coordinadora de Sectores Civiles –CSC-).

Nadie festejó el golpe esta vez. Las primeras manifestaciones contra el nuevo dictador fuero acalladas con letal eficacia por las fuerzas policiaco-militares. Pero el rechazo que se congregó en torno al nuevo gobierno fue haciendo percibir al Alto Mando de la inviabilidad del programa. La comunidad internacional sentenció la imposición del nuevo régimen dictatorial. Se suspendieron las ayudas desde Norteamérica, Japón y Europa hacia el herético gobernante chapín. Los tiempos habían cambiado. Lo que décadas atrás se subvencionaba abiertamente, hoy día se censuraba. Los “demócratas” del mundo entero habían comprendido. Manteniendo una retórica de libertad y derechos, los países que años atrás financiaban o consentían regímenes tiránicos del cariz del que ahora implantaba Serrano volvían la espalda al nuevo mesías dictador del país centroamericano. No importan sus métodos y tácticas, solo cuenta el beneficio. Y mantener a la vez una imagen de cara al mundo de humanitarismo y preocupación por los derechos humanos y civiles permite alargar el tiempo de percepción de tal beneficio. Cuestión de cifras. Hipocresía al servicio del capital. Los mecanismos de control neocolonialista han cambiado. Ya no dependen de dictaduras militares de dura férula. La OEA declaró que “la democracia no se defiende con golpes de fuerza”. Ya se lo podían haber explicado a Méndez Montenegro o a Ríos Montt. Además llamó a los demás gobiernos del continente a adoptar fuertes medidas contra Serrano. Los golpistas se están quedando aislados en el plano internacional que una vez les respaldó.

Junto a esta fachada que medio mundo había erigido como bandera en pro de solidaridad y defensa de la democracia (como si Vinicio Cerezo hubiera sido mejor que Serrano solo por el hecho de autoproclamarse vencedor electo en las urnas), el sector civil guatemalteco había madurado bastante. Ya lo había apuntado en los momentos previos al golpe y fue, quizá, una de las causas directas de que este se llevara a cabo. Los sectores populares concentrados en torno al Foro Multisectorial Social exigen la depuración de los tres organismos del Estado y juicios a los responsables del golpe.

También los partidos políticos aceptaban la salida de Serrano del gobierno y la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, aunque no todos estaban de acuerdo en la depuración del Congreso.

Serrano Elías está solo. Los militares estudian la situación. Serrano es finalmente destituido el día 1 de Junio. El ejército extralimitándose se vuelve a convertir en protagonista de la vida política en Guatemala desplazando a Serrano y mostrándose obediente ante la ley. Para el Alto Mando, no había pasado nada.

Ramiro de León asume la presidencia y, como ya se enfatizó, muchos vieron en su persona la renovación que el país y sus instituciones necesitaban. Pareciera que iba por fin a actuarse contra el ejército, los grupos paramilitares que el primero formaba, se iba a abolir las nefastas PAC y su campaña de violencia y ataques a civiles (10). También se llego a creer que se acabaría con la corrupción y la desigualdad que recorría la espina dorsal del país. Se metería mano a la situación económica para reajustarla hacía una situación de justicia social mayor, se realizaría una reforma agraria y se fomentarían los derechos civiles. Al tiempo, la paz se vislumbraba posible y cercana con ese licenciado defensor de los derechos humanos que tanto había fustigado al gobierno cuando aún no formara parte de él. Sueños. Un mes después, más o menos, de su ascensión al salón presidencial, el día 3 de julio, Jorge Carpio Nicolle, secretario del partido Unión del Centro Nacional y primo hermano del novel presidente, es asesinado junto con tres de sus acompañantes a manos de unos 30 hombres armados. El crimen se perpetró en el departamento del Quiché. Se aseguró desde la UCN y los familiares de las víctimas que el móvil fue político y se vincularon las amenazas de muerte que estaban llegando al afán por esclarecer los hechos. El ejército y sus múltiples brazos dejaban claro que nada iba a cambiar. El mensaje para el presidente era directo y contundente. No revuelvas.

Diversos sectores afirmaron que este hecho coincidía con un momento de aumento de la represión política y que parecía dirigido a evitar la consolidación del gobierno y las empresas que quizá se estaba planteando llevar a cabo.

Sea como fuere, Ramiro de León Carpio no solo perdió un primo sino también la decisión de enfrentar el eterno orden castrista que regía el país desde un siglo atrás.

En cuanto a lo que la negociación se refiere, la Comandancia General de la URNG propuso a De León una reunión directa a ser consumada con la mayor brevedad. Los sectores civiles urgían al presidente a retomar la negociación enterrada desde donde se quedaron los anteriores acuerdos. Sin embargo, el presidente demoró el careo alegando que las conversaciones de paz no tenían “prioridad inmediata” así como que se revisaría el proceso negociador anterior y la comisión de paz.

El 7 de Julio presentan una propuesta de paz que omitía la Comisión de la Verdad (11) (aunque existía un Foro Permanente por la Paz, integrado por distintos sectores y presidido por Monseñor Rodolfo Quezada Toruño el anterior conciliador) e intentaba dar una salida al conflicto evitando el contenido político de este e ignorando a la otra fuerza en beligerancia, la URNG. Anteriores acuerdos ya tomados podrían ser tomados en cuenta por el Foro Permanente por la Paz y que el gobierno unilateralmente podría adoptar algunos. Pese a este carácter, la URNG intentó el acercamiento aunque sin escatimar ciertas críticas al parón que significaba obviar los tres años de actividad negociadora. La sociedad civil también calificó de insuficiente la postura que tomaba el gobierno, considerando que no se podían separar el conflicto armado y los problemas estructurales que lo causan en dos ejes de negociación (como ya había apuntado la URNG) y que la decisión de eliminar la Comisión de la Verdad era una verdadera provocación. Solo el sector empresarial criticó el intento de negociación al no reconocer a la URNG como interlocutor dado su carácter ilegal.

Al tiempo el ministro de Defensa anunciaba un ofensiva militar contra la guerrilla, avalada por el presidente. Las restricciones derivadas de esta ofensiva volvían a repercutir en la sociedad civil. A su vez se reanudaron en esos momentos atentados de grupos paramilitares contra diversos objetivos civiles. Ante este recrudecimiento, la URNG exigió al gobierno muestras de seriedad y voluntad de paz, insistiendo en la necesidad de continuar el proceso negociador. El gobierno atribuyó esta insistencia por negociar la paz a la perdida de terreno de la guerrilla por parte de la presión del ejército y que necesitaba la negociación para mantenerse activa.

De esta manera, el camino a la paz se estaba bloqueando. El gobierno, actuando de acuerdo a los interese de ese segmento que no percibía la paz más que como una amenaza, ponía fin a un largo proceso de negociación que desde el 86 se fuera gestando ante las reticencias de esos sectores recalcitrantes.

La negociación de paz se intentó restablecer mediante la propuesta del conciliador Moseñor Quezada, el 21 de Septiembre, que fue aceptada por la URNG y la mayoría de los sectores civiles como justa y viable. Pero el gobierno cuestionó la proposición por considerarla heredera de las anteriores y representante, por lo cual, de una continuidad que pretendería tratar primero los temas sustantivos y luego los operativos. Más tarde, el gobierno promovió una nueva iniciativa que ignoraba las anteriores propuestas para partir de cero. La URNG desechó la iniciativa gubernamental que seguía redundando en el desarme sin condiciones, lo único que al ejército y gobierno parecía importarle. La población civil volvió a criticar el nuevo plan al no recoger las aspiraciones del pueblo y solo veían en él una reformulación de los planes anteriores del gobierno. Llegaron a presentar la propuesta del gobierno como una irresponsabilidad y cuestionaron la voluntad de este. Pretendía dicho plan acabar con la guerra sin solucionar las causas que la generara. Se hacía retroceder siete años la negociación así como se suprimía la Comisión de la Verdad. También, como la URNG, apoyaron el plan que presentara Quezada, el conciliador. Incluso la Conferencia Episcopal calificó el plan gubernamental como inviable. En definitiva, el plan fue adjetivado de irreal, de planteamiento de guerra, prepotente y beligerante por parte de sindicatos, periódicos y otros sectores integrantes del mundo de la política. Solo la cúpula empresarial aplaudió el carácter del nuevo plan ofrecido por el gobierno, dando muestras se su escaso sentido de la realidad y la prudencia.

Las intenciones del gabinete de Ramiro de León no aparentaban estar demasiado alejadas que las de sus predecesores en lo que a la búsqueda de la paz se refiere. El ejército que había monopolizado por cuarenta años la vida política, económica y social seguían negándose a regresar al papel subordinado que todo ejército debiera tener en un sistema democrático pleno. Su preeminencia se translucía en cada declaración que el gobierno realizaba y mucho más patente se hacía en el último acuerdo que se presentó como proyecto de diálogo para alcanzar la paz. Al tiempo, la violación sistemática de los derechos humanos continuaba. Irónicamente, aquel antiguo defensor de éstos se convertía en encubridor de abusos y asesinatos por parte de su propio gobierno. Las denuncias contra este tipo de actos. Incluso el gobierno de Estados Unidos mostró su preocupación por los abusos contra los derechos humanos y declaró que no reanudaría la ayuda militar que ya suspendiera en 1990 (12).

Pese al rechazo generalizado con que fue recibido el plan del gabinete del presidente De León, tanto dentro del país como en la comunidad internacional, el preboste del gobierno se mostró tajante en continuar con él. Pero pronto surgieron los reveses. Con la opinión pública en contra, la Iglesia fue el siguiente organismo en volverle la espalda a las aspiraciones del presidente. Monseñor Quezada Toruño se negó a participar en la CNR. La Iglesia también se retiraba de esta comisión y con ella se auguraba el abandono de otros sectores. Las críticas le llovían al gobierno desde todas las direcciones, incluso desde su interior donde algunos funcionarios comenzaban a emular el discurso revolucionario de ciertos líderes populares aceptando que la paz no es sólo la ausencia de guerra y que un simple acuerdo tendría poco valor si no se solucionaban los problemas crónicos que causaban los enfrentamientos. En el ámbito internacional se sucedían peticiones hacia el gobierno guatemalteco de flexibilidad en su postura e incluso varios gobiernos extranjeros calificaban el plan de inviable.

Mientras, la URNG se hacía fuerte en el plano internacional. Visitas a Washington, Nueva York, Alemania, Holanda y Suiza así como participó en una reunión convocada por la Secretaría General de la ONU con la presencia del conciliador Quezada para cimentar unas bases para continuar la negociación. El reconocimiento hacia la URNG y sus pretensiones y demandas aumentaba en el mundo contradiciendo la postura oficial del intransigente gobierno guatemalteco que negaba a la organización reconocimiento y representatividad.

Finalmente, del 6 al 9 de Enero de 1994 la URNG y el gobierno se reunieron en ciudad de México para acordar las bases para continuar con el proceso de paz. La reunión concluyó con la firma de un Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación”. En él se recogía lo positivo del proceso precedente, desde el de Oslo en 1990. Garantizaba el contenido de la negociación, se descartaba el Plan Nacional de Paz que el gobierno propusiera y se aseguraba la participación de los sectores civiles en el proceso a través de la asamblea. Este marco se recibió con esperanza, pero Ramiro De León pronto se mostraba empecinado en destruirlas. Insistió en el cese el fuego mientras que la paz económica y social ya se llevaría a cabo más adelante. El ministro de Defensa y otros jefes militares se negaron a la creación de una Comisión de la Verdad.

Sin embargo, y pese a las reticencias la presión para firmar el acuerdo de paz crecía. Internacionalmente era necesaria una paz y estabilidad para poder volver a invertir abiertamente en un país democrático y sin conflictos. El gobierno necesitaba apuntarse ese tanto y reanudar los contactos económicos. La guerrilla pretendía cambiar mediante la política lo que 30 años de guerra no pudieron derribar. La sociedad civil, hastiada de muerte y dolor, anhelaba con fervor casi mesiánico el advenimiento de un acuerdo de paz que atajara el conflicto y se siguiera de la desmilitarización del país.

La negociación se prolongó aún dos años más. Finalmente en 1996, año de elecciones, se firma la Paz Firme y Duradera. Las negociaciones se cerraban y parecía que se volvía la página para iniciar un nuevo capítulo. ¿Sería eso posible?. Una mayoría de guatemaltecos así lo aspiraban.

Desde 1986 se había iniciado un lento proceso de dialogo entre gobierno y guerrilla. Estas conversaciones llegan a su culminación en el año 1996. Entre un sinfín de actos emotivos, abrazos, estrechones de mano y retórica fácil cubiertos por los omnipotentes medios de comunicación, se firma la Paz Firme y Duradera”. Las armas que defendían los intereses del pueblo son entregadas. Las que protegen a los poderosos no, esas permanecen donde estaban.

Una nueva etapa se abría. Bueno, nueva no. Una continuación de la anterior con diferentes estrategias. Ahora, con el rostro lavado por una paz recién conseguida las ayudas y financiaciones de organismos internacionales llueven como maná en las arcas del Estado. Rápidamente, los acuerdos se olvidan y la reforma agraria queda en papel mojado. La guerrilla y sus componentes entregan sus armas y se reincorporan a la vida civil. Sin embargo, el gobierno guatemalteco pronto deja ver que no tiene intención de cumplir lo que firmó en los acuerdos de paz entre cámaras y falshes. Todo estaba destinado a continuar como hasta ahora había discurrido: por el cauce del liberalismo más feroz que los EE.UU. pueden exportar. El antiguo URNG desmantelado se reorganiza en forma de partido político dejando un ápice de esperanza para aquellos que creyeron en la posibilidad del cambio a través del cauce legal. Hoy día, es un partido con escasa fuerza y debilitado por la corrupción y falta de apoyo. Solo en las zonas rurales mantiene un grado de votantes aceptable. El juego debilita y corrompe a todo el que lo acepta. Las reglas tácitas que lleva implícito obligan al cumplimiento de una serie de normas que subyugan cualquier intento al fracaso. La experiencia guatemalteca así lo corrobora. La derrota estaba consumada.

(9) La Asociación Nacional de Educadores de Enseñanza Media al referirse al tema aducían que “el autogolpe perpetrado por Serrano Elías no fue más que una estrategia del ejército con objetivos de imponer el proceso de privatización, romper el proceso de diálogo por la paz y destruir el fortalecimiento del movimiento sindical y popular” (citado del CEG). Volver

(10) Se habían reportado tal cantidad de informes sobre violaciones de derechos humanos y ataques de los patrulleros civiles sobre población civil y desarmada que ya era del manejo público internacional el carácter represivo, así como la obligatoriedad en el reclutamiento, de estos órganos. Todo el mundo esperaba esperanzado que el nuevo presidente ante las repetidas masacres que las patrullas estaban cometiendo fueran disueltas al fin. Volver

(11) “No podemos admitir que vengan los observadores a supervisar sólo al ejército y al gobierno” argüía el ministro de Defensa para explicar la indignante decisión de no investigar las violaciones de los derechos humanos. Volver

(12) En 1993 se informó que un número mayor a 30 oficiales guatemaltecos recibían instrucción en escuelas militares estadounidenses. Volver