Por Aristarco el Bolchevique y Plinio el Insurrecto

Una sociedad se puede definir en buena medida por la manera en que afronta la delincuencia en su interior. En las últimas décadas la UE y EE.UU. han venido apostando por diferentes filosofías al respecto de esta cuestión. Mientras en Europa se considera que el entorno es en buena medida responsable del comportamiento de cada individuo, el modelo norteamericano considera que cada persona es culpable por sí misma de sus actos sin poder escudarse en el ambiente que le ha tocado vivir.

Consideramos evidente que un ser humano es libre y que su comportamiento es en última instancia decidido por sí mismo. Pero no es menos cierto que las decisiones de cada cual se basan en muchos parámetros, y no pocos de ellos surgen del lugar en el que se habita y de las relaciones sociales y económicas que allí se dan.

No nos cabe duda de que robar para mantener a los hijos, si no se da con otro medio para hacerlo, no sólo no es un delito, si no que se trata de una obligación. De este modo, estimamos que los robos aumentarán en un país con un sector de hambrientos con respecto a otro cuya población está alimentada. De la misma forma, la proporción de personas que recurren a la violencia para conseguir sus objetivos es proporcional a la falta de bienestar en el pueblo. Cuando la gente vive bien tiene mucho más que perder metiéndose en problemas, mientras que quien nada tiene, nada pierde. El ligero aumento que ha experimentado la delincuencia en España, está correlacionado proporcionalmente con el aumento de la pobreza y marginalidad que sufren algunos sectores de la población como los inmigrantes. Así mismo, si pensamos que aproximadamente un 80% de la población reclusa, lo es por delitos relacionados con la ilegalidad de las drogas, es fácil concluir que con una política diferente en el tema de las drogas, nuestras cárceles estarían más vacias.

Otra política sobre drogas vaciaría las cárceles

Los ultraliberales, perfectamente representados por los gobernantes de EE.UU., endurecen más y más las penas, llegando a aplicar la pena de muerte sin que los índices de crimen desciendan. Es por ello que las iniciativas represivas para combatir la delincuencia, lejos de traducirse en resultados efectivos, constituyen una prueba de la barbarie de algunos políticos y de los ciudadanos que les permiten mantenerse en el poder.

En España, la maquinaria liberal-conservadora del PP se ha puesto en marcha con el fin de endurecer el código penal. Una vez más, al igual que con la legislación laboral y económica, nos venden, como si fueran avanzados, métodos que van retrocediendo y pareciéndose poco a poco a los que se aplicaban en el medievo. Lo peor es que gran parte del pueblo, cada vez más perdido y manipulado, lo considera necesario y clama venganza contra la supuesta escalada de delincuencia.

Caso aparte merece el caso de los etarras, a quienes se refuerza al no considerarles criminales de la misma calaña que los demás y al aplicarles nuevas medidas especiales. Y es que hay datos que deberían hacer reflexionar a más de uno, si es que hay alguien en el PP capaz de hacerlo. Ningún etarra de los 300 que se han reinsertado desde el principio de la democracia ha vuelto a tomar las armas. Y a todos ellos se les aplicó el código penal del franquismo de 1973. Los tres que volvieron a delinquir al salir de la cárcel habían cumplido íntegra su pena sin acogerse a ninguna reducción de pena.

La conclusión inmediata es que nuestros actuales gobernantes quieren un código penal más duro en muchos aspectos que el de la dictadura de Franco, definiéndose a sí mismos y a quienes les apoyan, entre ellos esos supuestos “izquierdistas” del lamentable PSOE. La actual derecha y la mal llamada izquierda quiere medidas penitenciaras más rígidas que las del dictador.

El nuevo código puede superar al de este señor en muchos aspectos

España es ya el tercer país de la UE en nivel de encarcelamiento, con una población penitenciaria de 52000 personas (una cifra nunca alcanzada hasta ahora), y se pretende aumentar más aún. De momento el gobierno ya ha prometido construir 7 nuevas carceles. Tal vez algún lumbrera del PP haya llegado a la genial conclusión de que si toda España está en la cárcel nadie podrá cometer delitos. Parece que el ahondar en la prevención mediante medidas sociales, económicas y educativas es un camino demasiado difícil para los incapaces a quienes mandamos al parlamento. Plantearse siquiera una reforma penal y un sistema penitenciario que potencie por encima de todo la reinserción y no el castigo, es algo que suena a chiste para nuestros gobernantes. La estrategia más sencilla a su alcance es insistir una y otra vez en que la delincuencia es un gran problema, tapar así otros asuntos candentes, y aparecer como salvadores con medidas fascistas disfrazadas de innovadoras.

Tenemos que dar la razón a Gaspar Llamazares cuando dice que algunas de las nuevas penas son una cadena perpetua encubierta, y hay que temblar ante la próxima reforma el día que crean que haga falta. En cualquier momento nos contarán que la panacea contra los malvados es la pena de muerte y habremos dado definitivamente un salto al pasado, a tiempos que parecían superados pero que en algunos aspectos ya son más infames a día de hoy.

No más cárceles, no más presos