En la última campaña electoral José Luís Rodríguez Zapatero, actual presidente del gobierno, prometió hacer suyo el documento en el que se planteaba la necesidad de convocar un Pacto de Estado por la Ciencia. El llamamiento, elaborado por investigadores españoles de prestigio, incorporaba no sólo la demanda de mayores inversiones y mejores condiciones para la ciencia, sino también un trato adecuado para que los investigadores lograsen frutos de interés para el país y una mejor y más eficiente organización para un sistema que se había quedado obsoleto y anquilosado. Pero pasaron los grandes anuncios, las elecciones y el tiempo. Hoy parece que nadie se acuerda ni del Pacto ni de las promesas electorales.

A día de hoy, España sigue en la cola de los países desarrollados en cuanto a inversión en I+D se refiere. Es cierto que en los dos últimos años se ha dado un aumento en inversiones que suponen que en la actualidad España dedique el 1,05% del PIB a I+D, pero se debería al menos duplicar ese porcentaje para disponer de la capacidad de investigación propia que le correspondería por su peso en la economía mundial. Según la OCDE, resulta que España, el octavo país más rico del mundo y con el 8% del PIB de la UE, se sitúa en el pelotón de cola europeo en número de investigadores, 5 por cada 1.000 habitantes, la mitad de Suecia. Y ello a pesar de que el número de investigadores se ha duplicado desde 1992. España necesita duplicar de aquí al año 2015 los casi 100.000 investigadores con que cuenta actualmente para subirse al tren tecnológico. Algo claramente imposible con la actual inversión en I+D.

Además, como ocurría antes con los gobiernos del Partido Popular y ahora con el gobierno del PSOE, se nos presenta como una inversión en I+D partidas que estrictamente se dedican a investigación con finalidades militares. En concreto, el Presupuesto para 2006, significó un aumento del gasto en I+D militar en un 27%, lo que significa tres veces más que la cantidad dedicada a investigación básica. Según el último informe de la OCDE, el Estado español está entre los países que realizan un mayor esfuerzo en I+D para defensa (0,18%), solo superado por EEUU, Reino Unido y Francia. Por contra, las partidas destinadas a investigar en salud apenas suponen el 0,06% del PIB. El actual Gobierno, según los presupuestos generales, sigue mezclando los fondos militares con el I+D, un “truco” iniciado por el PP.

Otro dato interesante es que la Oficina Europea de Patentes (OEP), acaba de publicar los resultados de las peticiones de patentes para el año 2005. Estas patentes reflejan, por decirlo de alguna manera, la capacidad de inventar, el grado de innovación y de desarrollo tecnológico que tiene un país. España ocupa el puesto 16, dentro del ranking europeo de innovación, por detrás de Estonia, Eslovenia y Hungría, tres estados de reciente incorporación a la Europa ampliada. España, con un total de 972 demandas, lo que representa sólo el 0,76% del total, queda muy lejos del primer puesto de la clasificación, ocupado por Alemania, con 23.789, el 18,49% del total. Es decir, que sigue siendo muy apropiada la frase “que inventen ellos”.

La asignatura pendiente de la ciencia en España es uno de los pilares más trascendentes para el futuro del país. Es necesario otro modelo económico que conecte el conocimiento con la economía, pues si el modelo económico sobre el que debe sustentar España su crecimiento en los próximos años no cambia, la factura a pagar puede ser excesiva. Los especialistas ya advierten de que el ciclo económico basado en la construcción da sus primeros síntomas de agotamiento. Y nada se vislumbra en el horizonte que haga pensar en nuevas alternativas para definir otro modelo económico.