LA PÉSIMA POLÍTICA CIENTÍFICA ESPAÑOLA
Por Plinio el Insurrecto
La política científica española es obsoleta, inconsistente e ineficaz: no existe ninguna planificación a largo plazo y la inversión, tanto pública como privada, resulta risible. España invierte alrededor del 1% de su PIB en investigación, mientras que la media europea es más del doble, la mitad que EE.UU. donde se llega al 4%. También estamos a la cola en cuanto al número de científicos por cada 10.000 habitantes, la mitad que en Francia, por ejemplo. Se estima que un déficit de 15.000 científicos nos separa de la media europea de personal investigador. También, el nivel de inversión privada en I+D (Investigación y Desarrollo) en España es prácticamente inexistente, y a menudo se califican como de I+D proyectos que son simplemente "control de calidad".
La pésima calidad de la política científica española se refleja fundamentalmente en la falta y precariedad laboral de los científicos. La precariedad ya está presente desde los comienzos de la formación investigadora, la cual empieza por conseguir una beca predoctoral para integrarse en el llamado "personal investigador en formación (PIF)", también conocidos como “precarios”, donde se incluyen de manera indiscriminada estudiantes de doctorado, becarios de investigación, postdoctorales y otras figuras no muy bien delimitadas. La situación de becario, se mantiene durante años (una media de ocho a diez). Un gran porcentaje de la investigación que se realiza en nuestro país se lleva a cabo por este colectivo. Este colectivo heterogéneo, fundamental para el funcionamiento del Sistema de Investigación, sufre de manera común un alto grado de precariedad laboral y profesional.
Desde el punto de vista laboral, no son considerados trabajadores, ni siquiera temporales o en formación, pese a que las tareas realizadas por el becario son equiparables a las desempeñadas en el marco de los contratos de formación, con los consiguientes perjuicios derivados de la ausencia de derechos a prestaciones por desempleo, seguridad social, cotización al sistema de pensiones, experiencia profesional o posibilidad de firmar en proyectos de investigación.
Desde el punto de vista profesional, el mayor problema es la explotación por la élite minoritaria de viejos científicos (con una formación obsoleta) que dependen del trabajo de sus becarios para disfrazar su escasa producción científica, tanto en cantidad como en calidad. Además, esta élite es responsable en gran medida de que el sistema no evolucione ni cambie, ya que si el sistema cambiara y se produjera una elevada incorporación de jóvenes científicos, sus posiciones de privilegio en universidades e instituciones científicas se debilitarían ante la renovación de ideas y la ciencia de calidad.
Tras el periodo de doctorado y la consecución de una tesis doctoral, comienza el periodo postdoctoral. Esta es la parte final del periodo de formación, la cual engloba unos 2-4 años de maduración, formación y especialización en centros extranjeros de reconocido prestigio. La formación científica y académica, adquirida durante varios años mediante la elaboración de la tesis doctoral y el desarrollo de un proyecto de investigación posdoctoral, convierte a este colectivo en la base del futuro universitario, industrial y profesional del país. Este periodo también está, generalmente, financiado con nuestros impuestos por medio del sistema de becas; es decir, con la misma precariedad laboral que un becario predoctoral, aunque con mayor dotación económica.
Y después de la formación ¿qué?…para muchos, el desempleo o el abandono de la ciencia. Cuando ya se considera al científico suficientemente preparado para la investigación, empieza la verdadera odisea y la cara más oscura de la política científica española.
El sistema de plazas para científicos carece de flexibilidad, y la concesión de las mismas no siempre responde a criterios exclusivamente científicos. Así las cosas, las posibilidades de progreso científico en nuestro país resultan ridículas comparadas con las de países europeos de nuestro entorno económico y cada vez son más los jóvenes científicos que, debido a la falta de oportunidades laborales en España, tienen que quedarse indefinidamente en el extranjero para poder continuar sus carreras con un mínimo de seguridad y reconocimiento a su trabajo. Las condiciones en todos los aspectos son mejores en otros países. La prueba de lo poco atractiva que es España para los investigadores está en que prácticamente ningún científico extranjero se plantea venir a nuestro país a investigar.
Las consecuencias son claras: otros países se están beneficiando de la valía de unos trabajadores altamente cualificados, formados principalmente en España y en los que el gobierno ha invertido parte de los impuestos pagados por todos los españoles. Y es que cuando un científico decide volver a trabajar en España sus posibilidades de reintegración se ven prácticamente reducidas a los irrisorios y escasos Contratos Ramón y Cajal, contratos por obra y que, independientemente de la calidad de la ciencia desarrollada, son solo para muy pocos y no son renovables más allá de los 5 años.
El penoso panorama científico español se contempla con incredulidad y asombro desde el resto del mundo, y revistas internacionales del máximo prestigio científico denuncian con frecuencia una situación que, paradójicamente, en España parece pasar desapercibida. Mientras tanto, el gobierno invierte mucho tiempo en convencer a la sociedad del sustancial aumento en los recursos dedicados a la investigación. Pero si bien esta política resulta eficaz de cara a la opinión pública en general, que no conoce los entresijos del mundo de la investigación, no es en absoluto creíble dentro de la comunidad científica, puesto que gran parte de este aumento se destina a investigación militar.
A pesar de los intentos, cifras maquilladas y declaraciones oficiales de los últimos años, el porcentaje dedicado a I+D no sube, sino que baja. El gasto real en I+D en 1999 fue de sólo el 0,76% del PIB. En ese año, último para el que existen datos oficiales, el gasto en I+D fue oficialmente del 0,89%, pero si se restan los gastos dedicados a producción de vehículos para la defensa, que en un altísimo porcentaje no pueden considerarse como actividades de investigación y desarrollo, este porcentaje baja al 0,76%.
La situación no mejora. Nuestros gobernantes parecen ignorar que el bienestar social y económico llegan, de forma cada vez más evidente, de la mano de la innovación científica y tecnológica. Sólo una política científica consistente puede hacer que dejemos de ir a remolque de otras sociedades desarrolladas con las que nos queremos comparar. Ya es hora de olvidarse del “que inventen ellos”.