Por Plinio el Insurrecto (junio 2002)
El origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP), se remonta a 1964, cuando el 27 de mayo el ejercito colombiano con la orientación y asesoría directa de los Estados Unidos, inició una operación militar de cerco y exterminio. El objetivo era erradicar un “foco subversivo” que ponía en peligro su "seguridad nacional" y la "democracia occidental". Este “foco subversivo” estaba compuesto por campesinos de la región de Marquetalia dedicados al trabajo agrícola en aras de su propio bienestar y el de la comunidad que conformaban. Al Estado solo le demandaban vías para sacar sus productos, escuelas para educación de los hijos y garantías contra la acción de los paramilitares de entonces,"los pájaros".
Como respuesta a esta operación militar del ejercito colombiano, unos 50 hombres se convierten en un núcleo revolucionario armado. En el transcurrir de la confrontación surgen las FARC-EP, con un programa revolucionario. En dicho programa planteaban la lucha por una reforma agraria revolucionaria que liquidara las bases de la propiedad latifundista y entregara la tierra al campesino garantizando las condiciones para su explotación económica. Señalaban, además, la necesidad de forjar un frente único de todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del país para la realización de cambios democráticos.
El 28 de mayo de 1984, se produjo por primera vez en la historia reciente de Colombia un cese bilateral del fuego (sin que esto significara la entrega de armas por parte de las FARC) y la búsqueda conjunta entre el gobierno y las FARC-EP de una salida política al conflicto. Sin embargo, durante los siguientes años los acuerdos de paz y tregua transitaron por caminos difíciles, rodeados de una atmósfera de hostigamientos y provocaciones entre ambos bandos, dando lugar a numerosas rupturas de la tregua y reanudaciones del dialogo por ambas partes.
Las continuas rupturas de la tregua que vienen ocurriendo desde 1984 siempre obedecen a las mismas causas. Por un lado las FARC-EP denuncian que “la paz” no puede entenderse únicamente como el enmudecimiento de los fusiles mientras en Colombia los poderosos siguen esquilmando a los trabajadores, continúa creciendo el desempleo, el costo de la vida aumenta sin tregua mientras los salarios pierden mayor poder adquisitivo, se amplia la concentración de la tierra al tiempo que llegan centenares de miles de desplazados del campo a la ciudad y los sueños de vivienda propia sean solo eso, un sueño. Por su parte el Gobierno Colombiano siempre denuncia el incumplimiento por parte de las FARC-EP de compromisos y acuerdos y los responsabiliza de vínculos con el narcotráfico para justificar las rupturas de las treguas. Hasta hace unos años, los descalificaban con que estaban financiados por el oro de Moscú. Y ahora tratan de explicar el desarrollo y afianzamiento del movimiento guerrillero como fruto del narcotráfico. Sin embargo, las FARC-EP, aseguran que por principio no trafican drogas. Niegan que comercialicen, transporten, siembren, o vendan favores a los narcotraficantes, porque es contrario a su política e ideología. Parece que esto es bastante demostrable hasta el punto de que un embajador de USA, Miles Frechette, reiteradamente dijo que su gobierno no tiene informes de que la guerrilla colombiana trafique drogas, ni que sea un cartel de narcotraficantes.
Analizando objetivamente la situación política, social y económica de Colombia, las FARC-EP están en lo cierto respecto a sus denuncias. Además, habría que añadir que simultáneamente, se cierran los hospitales públicos y se hace de la salud un negocio rentable donde la enfermedad del pobre no tiene espacio, la educación cada vez es más elitista a la vez que se privatizan las empresas de los sectores estratégicos de la economía y se ensanchan las cuentas bancarias de quienes desde posiciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial lo consienten, autorizan y refrendan, a la par que modernizan, reestrenan y especializan los aparatos represivos. Como colofón, todo intento de cambiar la situación mediante la vía democrática se hace muy difícil pues todos aquellos candidatos que intentan hacer oposición democrática desde la izquierda son sistemáticamente hostigados, cuando no asesinados.
En este ambiente de hostigamiento continuo entre guerrilla y gobierno, el 23 octubre de 1998 se inició un último proceso de paz, cuando el recién electo presidente de Colombia, Andrés Pastrana, ordena la desmilitarización de cinco municipios en un área de 42.139 kilómetros cuadrados (donde se concentran las bases de la guerrilla), para que sirvan de sede de las negociaciones de paz. Negociaciones encaminadas a crear las condiciones para que no sea el enfrentamiento armado el único recurso posible para zanjar las grandes desigualdades económicas, sociales, culturales, étnicas y políticas generadas en Colombia a lo largo de más de 150 años en que han estado en el poder liberales y conservadores al servicio de los que detentan la hegemonía económica.
Durante este proceso de paz, las FARC congelan el dialogo en varias ocasiones, secuestran a empresarios y cometen esporádicas acciones militares contra infraestructuras y fuerzas públicas exigiendo al gobierno mayor contundencia contra las acciones de los paramilitares de ultraderecha. El paramilitarismo, es una herramienta cruel y sanguinaria que sigue estando muy presente en Colombia. Esta financiado principalmente por narcotraficantes, ganaderos y latifundistas; y cuentan con todo el apoyo logístico, de inteligencia y de seguridad brindado por el alto mando de las fuerzas armadas oficiales y el apoyo político de sectores de la clase dirigente y empresarial, trazándose como objetivo erradicar en menos de 10 años toda expresión de lucha popular que exista en la región.
Este proceso de paz, se rompió el día 20 de febrero del 2002, cuando Pastrana tomó la decisión unilateral de dar por terminado el diálogo con las FARC-EP. El detonante de esta decisión fue el secuestro de un senador colombiano que viajaba en un avión comercial, que fue desviado de su ruta. Hecho este que las FARC niegan haber cometido. Pastrana además, considera que lo propuesto por el grupo insurgente no compromete a la organización rebelde para llegar a acuerdos fundamentales sobre cese del fuego y hostilidades, y el respeto al derecho internacional humanitario y que sólo repite pactos que no se han llevado a la practica por el grupo guerrillero.
Si bien es cierto que las FARC deberían abandonar totalmente la violencia, al Gobierno colombiano le tocaría diseñar un procedimiento para negociar y ser más claro a la hora de responder a las exigencias de la guerrilla, en algunas de las cuales mucha gente está de acuerdo. Es el caso del desmonte de los paramilitares de ultraderecha, que según diversos informes están vinculados a las Fuerzas Armadas. Es el caso de dar garantías a quienes escojan hacer oposición desde la izquierda democrática. Y es el caso de la adopción de medidas para reducir las desigualdades.
Las FARC-EP apuntan a que la ruptura del dialogo fue una exigencia de las fuerzas armadas colombianas, los gremios económicos, los grandes medios de información, algunos candidatos presidenciales bipartidistas y la embajada norteamericana, aprovechando el clima creado tras el 11S, en su afán de no realizar los cambios que la negociación exigía. Las FARC-EP denuncian que la oligarquía colombiana impide que por la vía del diálogo se hagan los cambios estructurales, económicos, políticos, sociales y militares que requiere Colombia para salir de la profunda crisis en la que la han sumido históricamente los gobiernos liberal y conservador. Para ellos, queda claro que el verdadero objetivo que mueve el Gobierno para tomar la decisión de la ruptura del proceso es el de escamotearle al pueblo colombiano la discusión de temas fundamentales necesarios para trazar el camino hacia una nueva Colombia.
Para entender las motivaciones del gobierno colombiano en la ruptura de las negociaciones, hay que tener en cuenta que nuevos aires belicosos baten las geografías tras el 11 de septiembre de 2001; y seguramente han tenido su influencia sobre un proceso que ni maduraba ni ofrecía ilusiones y que estaba fuertemente condicionado por el carácter histórico de los poderes económicos colombianos, nunca dispuestos a concesiones sociales y democráticas, y por el intervencionismo USA mediante el Plan Colombia y la llamada Iniciativa Andina. Este programa busca eliminar los focos más revolucionarios en todo el área desde Brasil a Ecuador pasando por Venezuela y Colombia.
Desde el principio de las últimas negociaciones, los EE.UU. vinieron en apoyo del Estado Colombiano poniendo en marcha el Plan Colombia. Un plan militar supuestamente destinado a combatir el narcotráfico atribuido a la guerrilla, cargado de iniciativas militaristas para toda la zona Andina. Los históricos apoyos de los USA a Colombia, y su permanente intervensionismo militar, dieron un salto muy importante cuando se concedieron 1.500 millones de dólares al gobierno colombiano para reorientar la situación.
Con el Plan Colombia, se iniciaron planes de ampliación del Ejército (desde el 98 se ha pasado de 22.000 a 55.000 soldados profesionales y los regulares rondan los 100.000), se adiestraron unidades de élite, se introdujeron técnicas militares de última generación con abundante material de navegación y espionaje aéreo con sensores infrarrojos y térmicos, bases militares, que se extendieron hasta los países limítrofes y toda una parafernalia bélica orientada por los EE.UU. con un notable aumento de asesores militares sobre el terreno.
Paulatinamente, las dudas y los encontronazos entre los poderes económicos, entre los jefes y mandos militares colombianos (que los ha habido siempre en torno a la zona de despeje y las conversaciones) y entre los mismos prohombres de la vida política, tendieron a disiparse y ganó terreno la idea de la guerra, y por supuesto, la eliminación de aquel sarpullido al honor nacional que era el área desmilitarizada en poder de la guerrilla.
Tras esta ruptura de la tregua, parece claro que los norteamericanos y los militares colombianos vuelven a creer nuevamente en una derrota militar de la guerrilla (que es la estrategia principal de Estados Unidos en el “Plan Colombia”) y “convencen” al oportunista Pastrana para “dejar de perder el tiempo conversando”. Aunque una cosa sí hay que reconocerle a Pastrana, coherente durante todo este período de negociación, no cedió nunca ante las demandas de la guerrilla, no devolvió ningún preso ni suprimió a los paramilitares. Cosa que sí hizo la guerrilla, que durante las negociaciones fue liberando a centenares de prisioneros de guerra. Pastrana, mientras ganaba tiempo, recibía más dólares y armamento para reforzar el aparato bélico del Estado.
Durante este proceso, la UE ha operado muy tímidamente y no digamos nada el gobierno español, que aún con la presidencia de la UE, no ha dicho ni esta boca es mía ante la escalada de la violencia que se avecina, ni ante el feo absoluto que Pastrana ha hecho a la labor de los mediadores internacionales que tan sólo en Enero habían presionado para continuar el proceso. Entretanto, la UE, financió su parte del Plan Colombia (para asuntos sociales, dijeron) por detrás de Aznar que fue el primero que aportó económicamente a la llamada de Washington.
Y con este panorama parece que lo único que se espera en Colombia es más dolor y sufrimiento para una población que contabiliza 40.000 muertes por motivos políticos en la última década, aproximadamente 22 por día en lo que va de nuevo siglo y más de 2 millones de desplazados internos, una violación tenebrosa de los derechos humanos (asesinatos, desapariciones, secuestros y torturas abundantes) con una acción sistemáticamente planificada y ejecutada con todos los medios del Estado y del Ejército, como así ha sido denunciado y demostrado por cientos de organizaciones sociales colombianas y mundiales como Amnistía Internacional o Human Rigth Watch, que han atribuido un 85% de las muertes al paramilitarismo y han señalado que un 97% de las muertes quedan impunes.
Zona de despeje para las negociaciones.