Una Europa, que se ve a sí misma como humanista, tolerante y con larga tradición democrática, tiende a ser una “Europa fortaleza”, donde el bienestar de los de dentro vaya a más y se blinde la entrada a los de fuera. Así, las políticas europeas migratorias priorizan todo lo referido al control de las fronteras exteriores y a la lucha contra la inmigración ilegal, siendo la creación de una policía europea de fronteras exteriores el único avance comunitario producido en política migratoria (cumbre de Laeken). Por el contrario, no hay interés en avanzar en otros aspectos más sociales y desarrollar normativas sobre regulación de flujos, entrada de trabajadores, normativa sobre asilo y refugiados, reagrupación familiar, derechos de los residentes de larga duración...

Las consecuencias humanas de esta política, en el exterior, en las fronteras comunitarias más vulnerables, es la presencia de “campamentos de inmigrantes”, a la espera de poder entrar, tanto en el sur, España (Ceuta y Melilla) e Italia, como por el este, Alemania (frontera a lo largo del Oder-Neisse). Mientras que, en el interior, existen numerosos centros de internamientos y de deportados, que se extienden por todo el paisaje europeo, en que se recluyen a los inmigrantes antes de ser expulsados (Büren, Calais, Villa Hocneker, Centro de Transito 127, por no nombrar a los españoles...), así como la presencia de numerosos indocumentados, de personas sin derechos (se cuentan por millones, en España más de 200.000, en Alemania más de 500.000 polacos). Una Europa que se olvida de la asignatura social, donde los progresos económicos (bienvenido Señor Euro) no tienen su correspondencia con el progreso humano, y están conduciendo –aquí- a nuevas formas de pobreza, de marginación y de exclusión social y –allí- al hundimiento de las economías de países enteros y a la destrucción de sus esperanzas de vida.

Gran parte de los estados comunitarios siguen intentando las políticas de “inmigración cero” o viendo el fenómeno migratorio desde una óptica exclusivamente económica. No quieren ver el fenómeno migratorio desde una perspectiva más abierta, como algo estructural y no meramente coyuntural, relacionado con la nueva globalización (la brecha norte-sur se agudiza aún más, hay países que en la nueva economía están condenados a la irrelevancia, es decir no cuentan). La migración hay que verla también como un fenómeno demográfico, y no sólo económico, y donde otras dimensiones, como las relaciones de parentesco, están jugando un papel importante. Asimismo es necesario tener en cuenta la inmigración como un fenómeno que tiene numerosos aspectos positivos de enriquecimiento social y cultural para nuestras sociedades.

En muy breve plazo, el marco jurídico de la inmigración y de la extranjería estará dictado desde las instituciones europeas. A estas instituciones que España impulsa en este semestre reclamamos el DERECHO A LA CIUDADANÍA con y para los inmigrantes: el derecho a poder disfrutar de todos los derechos por ser personas y no por ser nacionales del país. Es necesario que en lo político y en lo social se produzca ya un reconocimiento racional y equilibrado de que los inmigrantes y la inmigración son un componente más de nuestro complejo lugar social. Denunciamos la esquizofrenia de una Europa que se repliega sobre sí misma a la par que es consciente de la necesidad de la llegada de inmigrantes a su territorio. De nada sirve que nos repitan que la diversidad cultural es el motor sobre el que se está construyendo Europa. La realidad nos demuestra día tras día cómo están convirtiendo a la inmigración en un problema que, cuanto menos, inquieta y que genera, de una parte, un serio retroceso normativo y, de otra, una radicalización de las actitudes sociales de rechazo. Estamos contra el establecimiento de normas jurídicas o espacios sociales extraordinarios cuando la pretensión esté dirigida a la “identificación” y al “control” de los inmigrantes. Nos oponemos de forma rotunda a las políticas que se están gestando en los últimos meses que, bajo la excusa de la seguridad nacional, atropellan derechos civiles y humanos que tanto han costado alcanzar en nuestras sociedades.

La presidencia de España no nos hace ser precisamente optimistas, pues la actuación del gobierno, en esta materia, no ha sido muy respetuosa con los derechos humanos ni ha buscado el consenso de grupos políticos y las ONGs que trabajan con los inmigrantes, y ha ido a golpe de improvisación. Así lo demuestran la aprobación de la Ley de Extranjería, el Plan Ludeco, negarse a ratificar tres protocolos del Convenio Europeo de los Derechos Humanos que afectan directamente a los inmigrantes (el protocolo nº 4, que prohíbe la expulsiones masivas, el nº 7, que recoge las “garantías de procedimiento en casos de expulsión de extranjeros” y el nº 12, en el que se incrementan las garantías de los derechos de los inmigrantes), el incumplimiento de los propios convenios migratorios que firmó con Marruecos, Ecuador y Colombia, entre otros.

La situación vivida en nuestro país durante todo el año pasado, tras la reforma de la Ley de Extranjería, las disputas partidistas, estrategias y tácticas con fines electorales son, además de estériles, muy nocivas para la convivencia futura entre distintas culturas. La opinión pública, gracias a las campañas mediáticas interesadas, está teniendo una imagen negativa de la inmigración, cargada de problemas de difícil solución. Se está asociando peligrosamente la inmigración con la delincuencia y la inseguridad ciudadana, lo cual es el producto de una pésima política de integración.

Se debe desterrar el lenguaje demagógico y avanzar en un trabajo constante y articulado entre todas las administraciones, que son las responsables fundamentales, partiendo de un análisis serio de la realidad y no de políticas de choque y acciones a corto plazo. Las muertes en el Estrecho no pueden dejarnos indiferentes. La frontera sur de Europa es un ataúd y está siendo atendida por organizaciones sociales, pues nuestras autoridades no saben o no quieren dar una respuesta coherente a un hecho que no quieren reconocer: el injusto reparto de la riqueza a escala mundial. Vivimos dentro de sociedades europeas que tienen un gran desafío histórico por delante: o bien se consolida una convivencia dual de separación e incomprensión, de odio y de violencia racial, o bien somos capaces de crear mecanismos integrantes, que solamente pueden estar cimentados en una comunicación intercultural. La presidencia española de la UE es breve en el tiempo, pero su impulso debe tener una perspectiva a largo plazo. Las políticas erráticas emprendidas hasta el momento están más preocupadas por los aspectos policiales y de control de fronteras que por la integración de los inmigrantes. No es posible asumir con políticas a corto plazo un fenómeno estable y duradero en el tiempo. Esta vía supondría un fracaso para nuestras democracias.

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