En Defensa de las Libertades

 

Ante la guerra global desencadenada por EE.UU. y secundada por la UE y con particular entusiasmo por el gobierno del Partido Popular, los movimientos sociales expresamos nuestra preocupación por las tendencias de militarización de la sociedad y regresión del estado de derecho que, con la excusa de combatir al terrorismo, amordaza la sociedad civil.

 

Como muestra de la masiva vulneración de derechos y libertades clama la situación de millones de personas trabajadoras, en precario. En particular l@s inmigrantes como personas privadas de derechos sociales, políticos y jurídicos, víctimas frecuentes de la explotación, la marginación, el racismo y la arbitrariedad policial. Con la mención expresa de sectores de mujeres inmigrantes, sin papeles, que se ven obligadas a prostituirse para sobrevivir. También de la violencia de género que padecen millones de mujeres con la pérdida de su autonomía y, a menudo, su integridad física y hasta su vida.

 

Denunciamos la peligrosa definición de “terrorismo” como la sustancia común a toda disidencia respecto al neoliberalismo global y sus consecuencias económicas, sociales, ecológicas y morales. El Estado español utiliza como excusa la cínica y brutal campaña antiterrorista diseñada desde EEUU y secundada sumisamente por el resto de instancias internacionales Una campaña que en el ámbito internacional permite desatar una fuerza devastadora contra Afganistán o Irak, perpetrar una política de genocidio contra el pueblo palestino o asediar los intentos legítimos de cambio social y político de poblaciones colonizadas como las del área bolivariana, colombiana y brasileña, bajo los imperativos del ALCA sirve como coartada al Estado español para sacar adelante una normativa legal, la nueva ley de partidos políticos, hecha a medida para ilegalizar a un movimiento popular representado por Batasuna. Frente a esta ilegalización, defendemos el diálogo y el respeto a las libertades como base irrenunciable de la convivencia entre pueblos soberanos.

 

Esta ley, en principio pensada para perseguir a la izquierda independentista de Euskadi, desborda los límites del conflicto vasco y abre la puerta a la criminalización de ideas y organizaciones que critican el “pensamiento único” impuesto por el neoliberalismo a través de los medios de comunicación, y que plantean alternativas que no entran en la agenda de los grandes poderes económicos.

 

La libre determinación, la constitución de sujetos sociales, no solo territoriales, sino también de clase, de género, culturales, étnicos, etc. es el fundamento de la democracia. Sin esta sustancia, la democracia es solo un sistema formal de procedimientos para la autoperpetuación del poder constituido. Solo el diálogo sobre las formas de reconocimiento y aplicación del derecho de autodeterminación del pueblo vasco, respetando la enorme complejidad de las identidades presentes, podrá acabar con la expresión violenta del conflicto y abrir cauces para la resolución democrática del resto de sus manifestaciones. Ilegalizar a una organización tiene un doble significado. Por un lado, demuestra la inexistencia de espacio político para defender las aspiraciones de la mayoría del pueblo vasco por cauces democráticos. Por otro, es el síntoma de la hegemonía de procedimientos autoritarios en la gestión de los problemas políticos de nuestra sociedad.

 

El cerco mediático estatal y la ausencia de una información plural sobre las múltiples dimensiones, sufrimientos y violencias de este conflicto, (privación del derecho a la libre determinación del pueblo vasco, torturas, violación de los derechos y dispersión ilegal de l@s pres@s vasc@s, represión de los movimientos populares, atentados ), convierten el proyecto de ilegalización en un acto mas de manipulación de la opinión pública y secuestro de la soberanía popular.

 

Denunciamos la utilización de las bandas nazis de ideología ultraespañolista por parte del estado. En los últimos tiempos se han producido múltiples actos de violencia fascista: palizas, apuñalamientos, intentos de asesinato, etc. Los nazis atacan a personas y colectivos de izquierda, a inmigrantes, mendigos, homosexuales, etc. con ánimo de limitar las actividades de las organizaciones de izquierda y hacer propaganda del pensamiento más reaccionario que existe en nuestros días, que justifica el racismo, la xenofobia y el autoritarismo. Como hecho novedoso se ha constatado en los últimos años que las bandas nazis no están constituidas únicamente por fascistas civiles, sino también, en múltiples ocasiones, por militares y personas vinculadas a los cuerpos represivos del Estado. Este dato pone de manifiesto la responsabilidad del Estado en la generación, impulso y orientación de la violencia fascista, máxime cuando esta goza de una gran impunidad.

 

Desde esta asamblea estatal de colectivos contra la Europa del Capital y la Guerra, denunciamos las tendencias de militarización de la sociedad y la regresión del Estado de Derecho que, con la máscara antiterrorista, ataca las libertades que dice defender, criminalizando toda disidencia, en especial la que se expresa al margen de las instituciones y desde abajo, desde la sociedad civil. La manipulación informativa legitima actividades ilegítimas e ilegales  de los poderes públicos contra los movimientos sociales: represión arbitraria del ejercicio de las libertades y vulneración de las garantías jurídicas y procesales. El efecto perseguido es desalentar la expresión popular, con ello, la monarquía parlamentaria se consolida como una forma política incompatible con una verdadera democracia.

 

Ante todo este avance del sistema contra las libertades públicas, hacemos un llamamiento a la movilización ciudadana, popular, de base. Instamos a las fuerzas políticas y sociales a pronunciarse de manera explícita en contra de esta involución política y a luchar junto con los movimientos sociales por la defensa de los derechos y libertades.

 

 

 

Este texto ha sido aprobado por la Asamblea estatal de colectivos y  organizaciones contra la Europa del Capital y la Guerra, Orcasitas, 13 de octubre de 2002, no como resolución sino como material para debate.