Sobre la sociedad de pleno empleo (I)

 

 

A pesar del actual ciclo de crecimiento económico, la tasa de ocupación se encuentra en nuestro país a tan sólo un punto por encima del nivel observado a finales de la recesión de 1994. En estos momentos, el paro de larga duración representa casi la mitad del paro registrado y el de muy larga duración (búsqueda de empleo desde hace más de dos años y medio) ha crecido hasta afectar a 32 de cada 100 desempleados. Así mismo, asistimos a una flexibilización laboral que nos está llevando a la creciente precarización y rotación en el empleo de jóvenes y mujeres, especialmente.

 

Mientras a nuestros gobernantes se les llena la boca hablando de la efectiva igualdad de derechos de la mujer trabajadora, nos encontramos con una persistente discriminación salarial que permite que la mujer siga percibiendo un 24% menos que el compañero varón en términos de retribución horaria. En cuanto a la precariedad en el empleo femenino un solo dato: de los puestos de trabajos creados para la mujer en 1998, 78 de cada 100 fueron contratos a tiempo parcial, lo que no hace sino reafirmar la tesis de que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo se produce en condiciones precarias.

 

A pesar de esta realidad incontestable, desde la ideología neoliberal se sigue sosteniendo que el problema del desempleo tiene su origen en la insuficiente flexibilización del mercado laboral y en los elevados costes salariales y sociales (cotizaciones), así como en la falta de “adaptación” de las y los trabajadores a las demandas existentes y a su inadecuada formación.

 

Paralelamente, con el pretexto de que es necesario aumentar la productividad y la competitividad con respecto a los Estados Unidos, se está profundizando en un proceso salvaje de fusiones y concentraciones de empresas y grupos económicos internacionales que están trayendo como consecuencia directa miles y miles de despidos masivos.

 

El mantenimiento del llamado Pacto de Estabilidad, con la excusa del cumplimiento de los criterios de convergencia europea, representa hoy el sometimiento de los poderes políticos -representación democrática de los pueblos y las naciones- a los intereses de los grandes grupos económicos y financieros que pretenden dirigir los procesos privatizadores de empresas públicas rentables para así seguir nacionalizando pérdidas y privatizando beneficios. En definitiva, supone la producción de más acumulación por un lado, y de más pobreza y exclusión por otro. Bajo esta situación, la prestación de servicios por parte de empresas que hasta el momento habían tenido titularidad pública tienden a experimentar una mercantilización que van a convertir los derechos sociales en una mercancía más sometida a las reglas de la libre competencia, con lo que ello implica de desprotección para las capas más empobrecidas en momentos de recesión económica.   

 

En este contexto se enmarca el modelo de “pleno empleo” que pretende construir el gobierno Aznar junto con otros gobiernos burgueses de la Unión Europea desde la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de U.E. celebrada el 23 de marzo de 2000 en Lisboa. Se tratará, en consecuencia, de alcanzar la "plena ocupación" sin tocar el actual proceso de acumulación y de consolidación de las estructuras económico-financieras de la U.E., es decir, sin poner en cuestión el actual marco de competitividad establecido por el famoso Pacto de Estabilidad que con tanto ahínco suscribieron las direcciones sindicales.

 

Ello sólo podrá traer consigo un reparto desigual de la riqueza consistente en:

 

·        La creación de empleo basada en el reparto del salario a través de la aplicación masiva de contratos temporales y a tiempo parcial, o sea, la creación de empleo inestable y sin derechos. La reducción de la jornada laboral con reducción salarial. La sustitución de trabajadores fijos/indefinidos por temporales vehiculizados a través de las E.T.T.s

 

·        La puesta en práctica a todos los niveles de la movilidad funcional y geográfica. Flexibilización de los horarios de la jornada laboral.

 

·        El crecimiento de la subcontratación fuera de los cauces normativos y de derecho laboral.

 

·        El fomento del autoempleo como paradigma de una nueva forma de esclavitud en un escenario competitivo como el actual. Esto conlleva, además, la externalización de los conflictos.

 

·        Reducción de la masa salarial y del poder adquisitivo de las y los trabajadores.

 

·        Recortes en las prestaciones al desempleo e incremento –a costa de esos mismos fondos- de las partidas destinadas a las “políticas activas”, es decir, subvenciones a la contratación (empresarios) y formación ocupacional (sindicatos). Paz social entendida como ausencia de movilización y no como justicia social.

 

Estas circunstancias antes descritas junto con la socialización limitada de los nuevos avances tecnológicos nos llevará a una sociedad de “plena ocupación” caracterizada por una creciente dualización en el mundo del trabajo, con un “centro” conformado por trabajadores más cualificados y con jornadas de trabajo más prolongadas, y una “periferia” constituida por trabajadores con empleos precarios y clandestinos, con una importante siniestralidad laboral y rotación en el empleo.

 

Ante este panorama que se nos presenta, los trabajadores sólo podemos esperar a que algún día la propaganda no venza una vez más a la realidad porque las contradicciones se hayan hecho demasiado evidentes e insoportables, y en ese mismo instante la izquierda sindical y política esté en condiciones de abandonar el reformismo y dirigir la transformación social consciente y necesaria.

 

 

 

Asamblea de Lucha contra el Paro y la Precariedad

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

Sobre la sociedad de pleno empleo (II)