¿ Por qué Ingreso Social?
Los días 21 y
22 de noviembre de 1998 tenía lugar en Jerez las III Jornadas de encuentro y
debate de las Organizaciones de Lucha contra el Paro con 46 participantes
provenientes de Madrid, País Vasco, Andalucía, Valencia y Canarias. Uno de los
retos de este encuentro era abrir un debate de clarificación sobre el Salario
Social - Renta básica, que nos permitiera ahondar tanto en la definición de
conceptos como en contenidos que hicieran posible una identificación más o
menos satisfactoria del movimiento con una propuesta que, al menos hasta la
fecha, ha tenido varios referentes estratégicos. En primer lugar se planteó el
principal dilema, tal es la universalidad o no de la medida, sobre el que había
que despejar dudas antes de empezar a abordar otras cuestiones.
Tras un largo
debate se llegó a la conclusión de que si tiene sentido, efectivamente, la
implantación del Salario social - Renta básica es, precisamente, como
instrumento de redistribución y reparto de la riqueza y no como derecho social
vinculado al derecho de ciudadanía, pues dicho planteamiento nos llevaría a
tener que admitir concepciones interclasistas desde el reconocimiento de su
universalidad. Entendiendo que esas tesis no contribuirían en modo alguno a
superar las desigualdades sociales existentes sino a apuntalarlas,
descartábamos la terminología renta básica como posible nomenclatura.
Por otro lado,
el término salario social si bien se nos presentaba bien fundamentado desde una
visión de clase, por el contrario contaba con un importante handicap como es la
percepción subjetiva desfavorable que los parados de larga duración tienen del
mismo si consideramos que es percibido como "la limosna que las
administraciones públicas otorgan graciosamente a los más necesitados",
además de entenderse de manera genérica como una devaluación del concepto salario,
tradicionalmente vinculado a determinadas relaciones de producción.
Implícitamente se estaba entendiendo que no por pretender superar la visión
productivista que impregna el término salario se estaría contribuyendo lo más
mínimo a superar ninguno de los factores determinantes de la economía de
mercado sino, más bien, todo lo contrario justamente porque nuestro objetivo
teórico consiste en equiparar en derechos y remuneración al trabajo socialmente
útil con respecto al trabajo productivo sometido hoy a las reglas del mercado
de bienes y servicios, o dicho de otra forma "igualar por arriba".
Ahora se
trataba de encontrar una nomenclatura de nuevo tipo desvinculada de referencias
anteriores -renta, salario,...- capaz de acoger y representar el sentido que
queríamos darle. De esta manera, y tras barajar hasta siete nombres, se
acordaba por unanimidad en denominar Ingreso
Social al derecho regulado por Ley que recoge los siguientes elementos:
-
Es
una medida individual, compatible con cualquier otro tipo de recursos o
prestaciones, siempre y cuando no iguale o exceda de la cuantía señalada para
el Ingreso Social.
-
Son
beneficiarios de este derecho todos aquellos trabajadores mayores de 16 años
inscritos en el INEM que carezcan de rentas patrimoniales, y cuya renta per
cápita -respecto de su unidad de convivencia- no exceda de la cuantía señalada
para el SMI (incrementando un 25% para los menores de 16 años)
Son perceptores, así mismo, del Ingreso Social toda
la Unidad de Convivencia Independiente (antes Unidad Familiar Independiente)
desde el momento en que se constituye.
-
El
Ingreso Social tiene una cuantía equivalente al SMI para personas individuales,
más un complemento del 25% por cada miembro más de la Unidad de Convivencia
menor de 16 años.
-
Tendrá
una duración ilimitada hasta la contratación efectiva del trabajador/a.
-
Se
financiaría a través de la Hacienda Pública con nuevas figuras impositivas que
carguen al capital (Tasa Tobin,...), y con lo recaudado por fraude fiscal. Si
esto no fuera suficiente para atender esta demanda (que lo es) se contemplarían
transferencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales hoy destinadas a
subvenciones a la contratación (a llenar los bolsillos de los empresarios)
Asamblea de Lucha contra el Paro y la Precariedad
Bases para un debate sobre el Ingreso Social
La
evolución de la relación existente entre capital y trabajo nos indica de manera
nítida que no habrá jamás sociedad de pleno empleo ni una nueva correlación de
fuerzas sin una redefinición del trabajo asalariado que tenga en cuenta la
incorporación del trabajo socialmente útil en igualdad de condiciones de
remuneración y de derechos que el trabajo sometido hoy a las reglas del mercado
de bienes y servicios. Sin embargo, para alcanzar ese objetivo es necesario
garantizar la cobertura de las necesidades básicas de todas las capas
populares, marcando un tope mínimo de ingresos familiares e individuales, y no
sólo atender al 2 - 5% de excluidos sociales, destinatarios de los actuales
programas sociales. De la misma manera tendremos que rechazar cualquier
pretensión de mantener el trabajo socialmente útil como una simple
contrapartida al disfrute de algún tipo de renta mínima, lo que implicaría
además la superación del concepto "salario social" -que devalúa y
divide.-
El derecho
real a una vida digna no puede ser entendido como un derecho de ciudadanía en
las actuales circunstancias pues no estamos en una aldea global de ciudadanos
libres y en igualdad de condiciones, sino en un mundo en el que un grupo
reducido de personas controlan todos los factores que intervienen en la vida
comunitaria, y donde la mayoría está siendo explotada y sometida culturalmente.
El disfrute del derecho que nos asiste a alcanzar, efectivamente, una situación
humana y socialmente aceptable dependerá de la aplicación o no de determinadas
políticas compensatorias dirigidas a superar la desigualdad, la explotación y
el miedo.
La
consecución del Ingreso Social, si tiene una adecuada orientación, puede ser un
instrumento formidable para la recomposición de la clase trabajadora en la
perspectiva de conquistar y mantener otros derechos ya perdidos en la práctica
como el derecho a un empleo estable y de calidad. En este sentido cabe recordar
que si no se alcanzan en estos momentos un mayor número de empleos indefinidos
es, precisamente, por la insuficiente cobertura al desempleo -tanto en duración
como en cuantía- que obliga a l@s trabajadores/as a aceptar contratos temporales, a tiempo
parcial o trabajos sin contrato, como un mal menor frente al desempleo. Y es
aquí donde se pone de manifiesto el fracaso de las últimas contrarreformas
laborales, que no sólo no han creado empleo indefinido sino que está situando
el nivel de los costes laborales en mínimos históricos gracias a unos fondos
públicos pagados por tod@s
(los del INEM) que están sirviendo para llenar los bolsillos de los empresarios
-a través de subvenciones a la
contratación- en vez de ir destinados a dar más protección a l@s desemplead@s de este
país. Los Presupuestos Generales del Estado para 1999 prevén en ese concepto
una inversión de más de 250 mil millones de pesetas que supondrá un mayor
reparto desigual de la riqueza y que, además, tampoco contribuirá a que aflore
la economía sumergida que hoy se mueve en torno al 40% de la economía real
nacional.
Si
entendemos que existe un proceso de acumulación de capitales, que define las
actuales políticas neoliberales desde la utilización perversa de los avances
tecnológicos, deberemos a continuación constatar una consecuencia: la
existencia de damnificados que han sido excluido del mercado de trabajo y que
son potencialmente precarizables,
sobre todo mujeres y jóvenes. Efectivamente,
el 55% de la precariedad afecta a las mujeres, entre otras cosas porque el 87%
de las familias monoparentales son mujeres que se ven obligadas a compaginar
las tareas domésticas con el trabajo asalariado, empleando -por promedio- 70
horas a la semana para sacar adelante su casa. Estos aspectos contribuyen, sin
duda, a la feminización de la pobreza. Por otro lado, tenemos una juventud con
unas mínimas posibilidades de emanciparse y construir nuevos espacios de
convivencia -sólo uno de cada tres jóvenes que trabajan- debido,
fundamentalmente, a dos factores. Primero: los bajos salarios y la
inestabilidad en el empleo; segundo: el último reducto de cohesión que es la
familia -la que teje su red de solidaridad activa y desde la que se sigue
planificando- se está debilitando a marchas forzadas, lo que inhibirá cualquier
intento de emancipación de l@s hij@s que tienen que mantener a sus herman@s y/o padres, aunque aquéllos
encontraran una colocación más o menos
estable.
En
definitiva, la apuesta por el derecho individual a un Ingreso Social modulado
en cuantía teniendo en cuenta tanto los ingresos totales -legales- de la unidad
de convivencia como los gastos entendidos como cargas familiares es hoy la
opción que mejor posibilitaría tanto el reforzamiento de las unidades de
convivencia como la emancipación de los jóvenes. De la misma forma obligaría a
la Administración a ejercer un papel activo de promotor de empleo adecuado a
las expectativas de los trabajadores y a considerar responsablemente los
"nuevos yacimientos de empleo" en esa perspectiva.
Asamblea de Lucha contra el Paro y la Precariedad
Algunos argumentos a favor del Ingreso Social
·
Es una propuesta con fundamentos de clase encaminada a recuperar la
dignidad de l@s parad@s
y el conjunto de los derechos sociales perdidos en la práctica.
·
Supone una medida de discriminación positiva a favor del colectivo de
trabajadores en desempleo sin excepción. Estimula, en consecuencia, la
adscripción al INEM como demandante de empleo lo que dificultaría la
instrumentalización y el maquillaje de las estadísticas sobre tasa de ocupación
por parte de los gobiernos.
·
Facilita, a través de unos ingresos mínimos, la emancipación de
jóvenes mayores de 16 años respecto del núcleo de convivencia entretanto
alcanzan una estabilidad laboral y económica.
·
Al salir de los presupuestos generales del Estado, devuelve la máxima
responsabilidad del desempleo al gobierno de turno y lo obliga a establecer
verdaderas medidas de creación de empleo superando, con ello, las actuales
políticas activas -que sólo están sirviendo hoy para tener contentos a sindicatos
y patronal-.
·
Significa un instrumento real de distribución de la riqueza que se
genera, si tenemos en cuenta que evita que se queden personas en la cuneta. No iría destinado a los
hijos de los ricos sino de los trabajadores y sus familias.
·
Sirve de manera útil al objetivo de combatir la precariedad. Con este
ingreso el trabajador tiene más autonomía a la hora de admitir o no una oferta
de empleo, sin verse abocado a tragar con contratos basura.
·
Sirve de manera útil para generar un proceso en el que aflore y se
termine con la economía sumergida, pues al gobierno le interesará que se
formalicen los contratos con tal de que el nuevo empleado deje de percibir el
Ingreso Social. Consecuentemente contribuiría a que aumenten las cotizaciones a
la Seguridad Social y, por tanto, haya más para repartir. Esto podría frenar de
alguna manera las pretensiones de la patronal de reducir las cotizaciones.
·
Por extensión, es un buen instrumento para incentivar una mejora
sustancial de la inspección de trabajo.
·
Pone en valor el trabajo socialmente útil (cuidado de mayores y
enfermos, trabajo ecológico,...) pues éste no se admitiría como simple
contraprestación a la percepción de este Ingreso Social.
·
No crea relaciones subsidiarias y de dependencia con el Estado, como
sí podría ocurrir con la Renta básica, pues sólo está subordinada su percepción
a la imposibilidad del ejercicio de un derecho anterior: el derecho a un
trabajo digno.
Asamblea de Lucha contra el Paro y la
Precariedad