La Asociación Campesina de San José de Apartadó, El Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó, conscientes de que nuestro trabajo va encaminado a fortalecer la Democracia en Colombia, reprochamos, rechazamos y condenamos indignados con un dolor de Patria el tratamiento que estamos recibiendo por parte de las instituciones del Estado colombiano y la forma como arrecian las persecuciones de este tipo.

Desde el pasado 22 de diciembre fueron detenidos bajo montajes judiciales los compañeros Jesús Arley Cartagena y Laura Cataño Serna líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que además les están violentando los derechos fundamentales a la integridad física, la salud y la vida en los lugares de reclusión a donde los trasladaron, en lo que constituyen hechos que vulneran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos  y el Derecho Internacional Humanitario.

El día 24 de diciembre la señora LAURA fue recluida en el pabellón de mujeres del centro carcelario El Pedregal de la ciudad de Medellín, tiene 55 años de edad, padece una afección cardiaca crónica por la cual ha tenido que ser en varias ocasiones intervenida quirúrgicamente y se le han prescrito medicamentos de carácter permanente y vitalicio sin los cuales su salud y su vida se pondría en riesgo, desde la fecha de su captura hasta la actualidad nuestra compañera no ha tomado sus medicamentos y no ha sido posible ingresarlos o conseguir la autorización del centro carcelario para ingresar los medicamentos, la señora LAURA requiere además de una dieta especial sin azúcares, ni harinas ni frituras, dieta que por las condiciones de la cárcel será difícil garantizarle.

Nuestro compañero ARLEY CARTAGENA fue recluido en la Cárcel Nacional de Bellavista en la ciudad de Medellín desde el día 28 de diciembre de 2015, antes de su detención venía padeciendo un posible cuadro patológico de Tuberculosis y tenía programado un examen médico para confirmar o descartar el diagnóstico, desde su llegada al centro carcelario se encuentra en el área de sanidad en una celda, durmiendo en el suelo sin que hasta el momento se le haya ofrecido asistencia médica a pesar de que en el área de sanidad permanecen un médico y varias enfermeras, esta inhumana desatención han empeorado los síntomas poniendo en riesgo su vida y la de los demás internos, pues de diagnosticarse esta grave enfermedad podría presentarse una epidemia debido a su alto grado de contagio.

Como si fuera poco el pasado domingo 03 de enero de 2016, se llevó a cabo la reunión de la Junta de Acción Comunal del casco poblado del corregimiento de San José de Apartadó en el salón comunal, para deliberar y tomar decisiones sobre asuntos propios de la comunidad, la reunión se terminó a las 05:00 pm. Siendo las 10: 30 pm aproximadamente, el presidente encargado de la Junta, fue abordado en su lugar de trabajo,  por el Teniente Amariles de la base militar del Batallón Voltígeros de XVII Brigada del Ejército Nacional de Colombia acantonada en el casco poblado del corregimiento, el militar lo instó para que trabajara con el ejército en funciones de informante y/o cooperante, así mismo le manifestó que “ahora que Arley y Laura están en prisión sí vamos a poder trabajar con la junta de acción comunal y ahora sí se van a venir los proyectos para este pueblo”, le dijo que esas órdenes venían  desde afuera, de altas instancias y  le relató todo lo tratado en la reunión que se había llevado a cabo horas antes, dándole a conocer que ellos se enteraban de todo lo que se hablara en las reuniones de la comunidad. El líder fue fotografiado junto a otros soldados y le ofrecieron mercados y plásticos para la comunidad, ofertas que este rechazó.

Además el día lunes 04 de enero siendo aproximadamente las 11:00 pm, se paseó por las calles del casco poblado, una camioneta blanca de alta gama con vidrios polarizados que al parecer transportaba personal militar y en su volco (parte externa trasera) llevaba a un individuo que tenía su rostro tapado con una capucha (pasamontañas).

Poco después llegaron cuatro individuos al parecer militares hasta la casa de la suegra del presidente de la Junta de Acción Comunal ubicándose dos a los costados de la humilde vivienda y otros dos que cubrían su rostro con capuchas (pasamontañas) llamaron a la puerta y le dijeron a la señora que le dijera al Líder que dejara de “mariquiar” con eso de la junta de acción comunal si no quería perder a su familia. Estos hechos han generado un temor fundado en el presidente de la Junta quien ha manifestado su intención de abandonar el pueblo junto con su familia, igualmente atemorizados se encuentra los pobladores quienes recuerdan con terror las masacres de los años 90s cuando sujetos vestidos de militar y encapuchados incursionaban en este tipo de vehículos para cometer los asesinatos y desapariciones.

El casco poblado permanece militarizado con exagerada presencia de hombres y gran ostentación de armamento de altos calibres. El día 05 de enero se llevó a cabo una operación militar comandada por el Comandante de la XVII Brigada Coronel Germán Rojas Díaz, aproximadamente desde las 04:00 pm hasta las 7:30 pm, una gran cantidad de personal militar motorizado y portando armas de alto calibre y dos camionetas llenas de soldados hicieron ronda durante todo ese lapso de tiempo por todo el caserío, otros soldados corrían de un lado para otro, otros se entraron a algunas viviendas entre ellos el citado comandante de la Brigada, unos repartían dulces a los niños y otros fotografiaban a cualquier persona o grupo de personas que se encontraran en la calle, otros apostados en los caminos que de las veredas (poblados rurales) conducen al  casco poblado, tomaban fotografías de todas las personas que venían del campo hacia el pueblo. El temor que todo este despliegue de guerra ha generado a la población hace prever un posible desplazamiento forzado por cuenta del Ejército Nacional de Colombia poniendo en riesgo el tejido social y organizativo de la comunidad.

Nuestras acciones siempre han estado marcadas por retos e intentos de recuperar las confianzas en el Estado colombiano que ha abandonado los valores propios por los que fue fundado, aun así nos hemos ido vinculando a espacios de participación como el importante proceso de la Mesa Nacional de Garantías para la labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales y comunales, que tiene el fin de construir basado en las lecciones aprendidas crear metodologías de diálogo, de participación y de establecimiento de acuerdos que ayude fortalecer la democracia y las garantías para quienes ejercen los liderazgos de las comunidades.

De este proceso hemos tomado atenta nota que puede ilustrar las graves tendencias contra los defensores en San José de Apartadó y todo lo concerniente recordar lo que hasta el momento considerábamos eran avances del Proceso Nacional de Mesa de Garantías, por ejemplo:

1.       Dentro de la intervención de la Hina Jiliani de la comisión de DDHH de las Naciones Unidas mostró su preocupación de los Patrones de ataques a los defensores de derechos humanos y los métodos empleados por la policía y el ejército, los archivos de inteligencia los cuales mantienen informaciones falsas o prefabricada y de funcionarios que violan la circular directiva presidencia 07 donde hacen señalamientos. Interceptaciones, estigmatizaciones, montajes judiciales a partir de actividades ilegales de la inteligencia estatal y de testimonios de informantes y/o informaciones de reales o supuestos desmovilizados aportados a cambio de beneficios jurídicos o económicos, hasta tal punto que se han realizados estas actividades contra magistrados, periodistas y líderes de oposición: Muchas de estas entidades y de los acervos de fichas de inteligencia ejercen aún su poder desde las guarniciones militares o en alianzas muy cuestionables con éstas, se hacen de cara a procesos también muy cuestionables y en una lógica malintencionada como “venganza” contra los defensores de derechos humanos con informes en muchos casos han sido infundados y/o elaborados por los servicios secretos de la unidades militares para los que trabajan. Así mismo, el acopio de testimonios remunerados aportados por la red de informantes en cada brigada militar son obtenidos a partir de versiones que en donde son utilizados esos testigos remunerados o con beneficios pero si instan a adelantar procesos judiciales contra defensores de derechos humanos, e incluso se

ha conocido de organismos de inteligencia que presionan a la justicia o a dichos testigos para que fallen o realicen testimonios contra tales defensores. El fin es acallar o silenciar las labores de denuncia de las organizaciones de DDHH. En un país como Colombia hay muchos casos que evidencian tales comportamientos. Estos informes o testimonios son utilizados en acciones conjuntas con la fiscalía (convenios entre el CTI y el RIME) cuyo soporte legal es insostenible. [1]

2.       En intervención del ministro de defensa de la época en la Mesa Temática sobre protección, reunión realizada el día 8 de marzo del 2011, se expresa que las bases de datos de inteligencia y contrainteligencia no pueden ser considerados como pruebas.(Ver: ley de inteligencia).

3. El informe de misión a Colombia de Margaret Sekeggya, relatora Especial de sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos menciona: “*una razón fundamental para la situación de inseguridad que tienen que enfrentar los defensores de DD HH en Colombia es la estigmatización por funcionarios del gobierno*”.[2]

4. A pesar de nuestras denuncias contra algunas funcionarios del Estado las cueles hemos sustentado con evidencias, y a pesar de la Directiva de la Procuraduría General de la Nación 012 del 15 de julio 2010 no se ha logrado otorgarle un eficaz y eficiente proceso.

5. Los acuerdos firmados por Colombia en los que se considera que la labor de Defensa de los Derechos Humanos contribuye a fortalecer la democracia y el Estado de Derecho[3]

Sumado a esto graves violaciones a los derechos humanos, los ataques incluso contra la el excelente trabajo de la Defensoría Regional y también algunas preocupaciones por acciones militares de carácter civil que buscan dejar en un segundo plano la autonomía y el poder de decisión de las comunidades, actos de hostigamiento, amedrentación, violación a los espacios de deliberación comunitaria y en suma, actos de guerra psicológica dirigida contra la comunidad campesina de San José de Apartadó por parte del Ejército Nacional de Colombia a través de altos oficiales adscritos al Batallón Voltígeros de la XVII Brigada. Bajo este esquema cívico-militar que se viene implementando en San José de Apartadó no es posible identificar el límite existente entre lo militar y lo civil, pero si es notorio la intención de hacer perder las autonomías de las comunidades para hacer posible otros intereses. En el Plan de Consolidación que se está instaurando en San José de Apartadó se percibe la tendencia a una suplantación de las funciones de gobernabilidad civil, donde las fuerzas militares convocan, deciden e impulsan las iniciativas sociales. Las funciones militares cotidianas se dejan de lado para asumir a asumir las responsabilidades y acciones propias de los actores civiles o de competencia de la sociedad civil, clara violación al Principio de Distinción. Además el desarrollo de las jornadas de acción cívicomilitar (o jornadas de apoyo al desarrollo como las llaman algunos mandos de la brigada XVII que en realidad son lo mismo) generan un riesgo para la población civil y en particular con los niños y las niñas, tal como lo expuso el secretario general de las Naciones Unidas en su informe de al Consejo de Seguridad sobre los niños y el conflicto armado en Colombia (20 de agosto 2009) y tal como lo reza en la Ley 1098 del 2006 en su artículo 41, numeral 29. La realización de acciones cívico-militares en zonas de conflicto armado está encaminada a cambiar la percepción de las comunidades sobre la fuerza pública y sobre el Estado pero es una clara suplantación de funciones que dificultan espacios de participación autónomas de las comunidades.

Todo ello genera un impacto desfavorable sobre los poderes comunitarios en la medida en que se imponen sobre esas zonas las prioridades decididas desde los militares y así legitimar el poder de la fuerza oficial sobre los representantes formalmente elegidos por sus comunidades. Desde una perspectiva de ciudadanía y desde la institucionalidad democrática es preocupante el rol que asumen las fuerzas armadas, adelantando obras civiles, por ejemplo. Esto genera inquietudes desde los mecanismos de transparencia de la función pública, cuando son las fuerzas armadas las que esarrollan las obras de infraestructura: ¿se convocan licitaciones?, ¿se aplican los mecanismos de control de obras civiles?, ¿se garantizan mecanismos de control social y veeduría ciudadana?

Los Planes de Consolidación como los que están adelantando en San José de partadó han llevado a la militarización de la vida civil y al aumento del control de la población por medio de “programas sociales”, al control de las libertades que deben estar enmarcadas por los valores propios de la democracia. En el 2010 el 32,7 % de los desplazados provenían de las zonas Centros de Consolidación de Acción Integral 4.

Además no podemos perder de vista las recomendaciones realizadas por la CICR, las Naciones Unidas, contempladas en tratados firmados por el Estado
colombiano:

1.  El Comité Internacional de la Cruz Roja ha advertido que, “*en el marco de un conflicto armado existe el riesgo de que la acción humanitaria sea instrumentada y utilizada con fines políticos de neutralidad, independencia e imparcialidad, y tal vez haría peligrar a civiles o socavaría la labor de los trabajadores humanitarios, como los del Comité Internacional de la Cruz Roja*”.

2. El jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia subrayó que  “en Colombia y en otros países hay una tendencia a querer disfrazar una acción militar, una acción política (…) con la acción humanitaria y eso trae consecuencias para la población civil (…) Las consecuencias de tales acciones pueden ser peligrosas cuando las acciones militares tienden a querer ganar el corazón y la mente de personas que de buena fe acuden a una asistencia sin darse cuenta de que eso puede traer consecuencias”.

Consultoría para los DDHH y el Desplazamiento, 2011, febrero 15, ¿Consolidación para qué? Boletín n°77, Bogotá.

Todo ello deja es insano para los espacios de libertad del Derecho a la libre asociación, de las deliberaciones dentro de los parámetros de libertad de las comunidades y no propician el ambiente necesario para la Paz.

Solicitamos entonces garantías para ejercer las labores que realizan los Defensores de Derechos Humanos en San José de Apartadó y para la libre asociación contemplada en la Carta Magna de Colombia. Esas garantías deben estar acompañadas de acciones de coordinación con otras instancias del Estado que de una u otra manera están contradiciendo el papel del Gobierno.

Solicitamos al Estado colombiano para que acate de manera inmediata los tratados, convenios, leyes nacionales e internacionales que buscan respaldar la labor de los defensores de Derechos Humanos y las libertades de las comunidades.

De presentarse cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física y moral de los habitantes de San José de Apartadó o situaciones de desplazamiento forzado individual o colectivo, responsabilizamos al Estado colombiano representado por la Fuerza Pública, Ejército Nacional de
Colombia.

Así mismo, teniendo en cuenta que desde el momento de la privación de la libertad  de cualquier ciudadano, su suerte, integridad y el cubrimiento de sus derechos corre por cuenta directa del Estado, responsabilizamos al Estado colombiano de las consecuencias en la integridad física, salud y vida de nuestros compañeros Arley Cartagena y Laura Cataño, originadas por la negligencia en la atención médica que requieren.

Es contradictorio que mientras el país se prepara para la Paz con Justicia Social, mientras se llegan a acuerdos sobre víctimas de este conflicto Social y armado arrecien, continúen y se escalen acciones contra el movimiento social en un claro y viciado proceso penal.

Exigimos que cese de una vez el irrespeto a los espacios de deliberación civil y comunitaria y se garantice el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y de expresión coartados por la intromisión de su fuerza armada.

Que cese de manera inmediata los hostigamientos, constreñimientos para obligar a los líderes y personas civiles a participar de la guerra y termine la persecución  contra los defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y personas civiles de la comunidad campesina del corregimiento de San José de Apartadó.

Que se ordene la investigación y se adelanten los procedimientos internos de orden disciplinario contra el Teniente Amariles del Batallón Voltígeros de la XVII Brigada y demás infractores de los hechos denunciados.

Que se emita orden a través del Ministerio del Interior y Justicia a las autoridades carcelarias para que se garantice la integridad, salud y vida de los líderes comunitarios LAURA ROSA CATAÑO SERNA y JESÚS ARLEY CARTAGENA, prestando la atención médica urgente, oportuna e integral que requieren

Que se inicien sin dilaciones y con garantía de imparcialidad las investigaciones, procedimientos y sanciones de orden disciplinario y penal contra los funcionarios públicos responsables de las graves violaciones contra los derechos humanos y el Derecho Internacional, además de la revisión y las garantías al debido proceso ante las irregularidades que rodean estas capturas contra los líderes comunitarios LAURA ROSA CATAÑO SERNA y JESÚS ARLEY CARTAGENA.

Que se activen de manera inmediata los mecanismos y protocolos de verificación y protección de derechos fundamentales de las personas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos de la comunidad campesina de San José de Apartadó.

Que se activen de manera urgente e inmediata todos los protocolos de verificación, atención y protección de los derechos fundamentales a la integridad física y moral, a la salud, la vida y el debido proceso de los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos LAURA ROSA CATAÑO SERNA y JESÚS ARLEY CARTAGENA.

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