La Argentina: Movimientos Sociales e Izquierdas

Maristella Svampa

La Argentina actual presenta una faz paradójica. Por un lado, el país aparece recorrido por una proliferación de conflictos y movimientos sociales, en torno a temas como el reclamo salarial, las demandas de los desocupados y la defensa del habitat, entre tantos otros. Un conjunto de acciones colectivas que, en gran parte, presenta un fuerte anclaje territorial, una clara propensión a la organización asamblearia y abarca una multiciplicidad de organizaciones, desde los desocupados (piqueteros), fábricas recuperadas, nuevas expresiones sindicales, movimientos centrados en reclamos de seguridad hasta, en menor medida, una diversidad de organizaciones campesinas, comunidades indígenas y minorías sexuales, así como novedosas asambleas multisectoriales en defensa del medio ambiente. A esto hay que agregar que gran parte de estas movilizaciones sociales han sido y son portadoras de una politicidad que desafía tanto los límites como las distorsiones estructurales del sistema representativo vigente.

Por otro lado, sin embargo, pese a la tan mentada crisis del sistema institucional y de los partidos políticos tradicionales, manifiesta a partir de 2001, pese a la vitalidad de las acciones y movimientos sociales, éstos presentan una gran dificultad por constituirse en una nueva alternativa político-social o, de manera más modesta, de lograr una traducción político-institucional que apunte a una real vinculación entre los diferentes actores sociales y políticos movilizados. Más aún, las elecciones parlamentarias de octubre de 2005 parecen indicar que “desde arriba” el escenario político se halla cada vez más caracterizado por una suerte de “peronismo infinito”, hoy fortalecido tanto por el debilitamiento de los restantes partidos tradicionales como por la pérdida de los pocos escaños que poseía la izquierda parlamentaria, mientras que “desde abajo” el desarrollo de una fuerte política asistencial y clientelar, a lo que hay que sumar la crisis de las organizaciones de desocupados, asegura al partido en el poder su reproducción política, en la relación con los sectores populares más vulnerables.

En este breve artículo intentaremos avanzar ciertas descripciones e hipótesis que nos ayuden a comprender algunas dimensiones de los dos aspectos enunciados más arriba.

Los actores y las luchas: piqueteros, sindicatos, fábricas recuperadas

Entre los actores sociales organizados que más traspiés han sufrido los últimos años se encuentran sin ninguna duda los desocupados. No hay que olvidar que la emergencia de un conjunto de movimientos de desocupados (piqueteros), a partir de 1996/97, ha sido uno de los hechos más significativos de las últimas décadas. Desde sus orígenes, estos movimientos antineoliberales estuvieron atravesados por diferentes corrientes político-ideológicas, que incluyen desde el populismo nacionalista hasta una multiplicidad de organizaciones de corte anticapitalista, ligadas a las diferentes vertientes de la izquierda. Sin embargo, más allá de la heterogeneidad, estos grupos reconocen un espacio común recorrido por determinados repertorios de acción, entre los cuales se encuentra el piquete o corte de ruta, la inscripción territorial (el trabajo comunitario en el barrio), la democracia directa y, por último, la institucionalización de una relación con el Estado, a través del control de planes sociales (subsidios de 50 U$A) y del financimiento de proyectos productivos (huertas comunitarias, panaderías, emprendimientos textiles, cooperativas de agua y de construcción, entre otros).

La evolución y progresiva instalación de las organizaciones piqueteras en la escena política nacional no fue fácil. Desde el inicio, las relaciones con los sucesivos gobiernos combinaron diferentes estrategias que alternaron la negociación, con una política de disciplinamiento y represión, siempre acompañada por la judicialización del conflicto social, traducida en más de 4.000 procesamientos. No obstante, ello no impidió ni el crecimiento ni la visibilidad cada vez mayor de los movimientos de desocupados, que alcanzaría un climax entre 2000 y 2003, años de gran efervescencia social. Sin embargo, luego de la asunción de N. Kirchner, en 2003, la situación de los movimientos de desocupados cambió ostensiblemente. Recordemos que los primeros gestos políticos del gobierno actual, así como su retórica “progresista” (que muchos asimilan a posiciones de centro-izquierda) generaron una gran expectativa social, otorgándole un margen de acción más amplio respecto de los gobiernos anteriores. Asimismo, no hay que olvidar que luego de la fuerte devaluación de 2002, el crecimiento de la economía argentina ha sido importante (en 2005 fue del 9,3%). Más aún, gracias al superavit fiscal, recientemente el gobierno argentino decidió cancelar la deuda que tenía con el FMI, un total de 9500 millones de dólares, que pese a constituir solo un 9% de la deuda externa del país, ha tenido una repercusión muy positiva en la sociedad. Como contrapartida, no sólo la pobreza y la desocupación continúan afectando a franjas importantes de la sociedad argentina, sino que el gobierno de Kirchner ha venido mostrando escaso interés por llevar a cabo una política redistributiva que beneficie a los trabajadores ocupados, castigados por tres lustros de precariedad y bajos salarios, a lo cual se suma hoy la creciente inflación (que alcanzó el 12,3% en 2005), o por desarrollar una verdadera política de inclusión, ligada a los desempleados, que se instale más allá del renovado clientelismo afectivo peronista o de los pequeños emprendimientos productivos, el cual tiende a reencapsular a las organizaciones piqueteras en los barrios.

En fin, el resultado de esta política heterodoxa ha sido tanto la integración de las organizaciones afines a la matriz populista, como el control, división y disciplinamiento de las agrupaciones más movilizadas (izquierda partidaria e independiente). Para ello, el gobierno se apoyó en el estado de la opinión pública, fuertemente apuntalado por los grandes medios de comunicación, que no vacilaron en realizar una cruzada antipiquetera, teñida de un claro maniqueísmo. Asimismo, dicha situación no puede ser disociada de la demanda de “normalidad” que recorre fuertemente la sociedad argentina. La centralidad que ésta fue adquiriendo en la agenda política, sobre todo con el ascenso de Kirchner, tuvo una traducción política visible en la exigencia de institucionalización de las organizaciones sociales movilizadas y en la tendencia al cierre del espacio público. El escenario de esta batalla política entre organizaciones piqueteras y gobierno sería la ciudad de Buenos Aires. Fue en sus calles, en sus plazas, en sus edificios públicos, más aún, frente a la propia legislatura porteña, a la hora de discutir el Código Contravencional propuesto para la ciudad de Buenos Aires (16 de julio de 2004), que tuvo máxima expresión y corolario esta puja desigual entre aquellos que llamaban a la institucionalización y exigían el repliegue de las fuerzas movilizadas (la demanda de lo instituido), y los diferentes actores movilizados (la demanda de los excluidos). El corolario de ello fue el avance de la judicialización y criminalización en el tratamiento de los conflictos sociales y, sobre todo, la instalación de un fuerte consenso antipiquetero, sostenido y avalado por amplias franjas de la opinión pública.

Por otro lado, en los últimos dos años, el escenario social ha venido dando cuenta de la multiplicación de las luchas sindicales, en demanda de incrementos salariales (no sólo como consecuencia de la inflación, sino con el objetivo de reducir las disparidades salariales instaladas entre los trabajadores de un mismo sector, fomentadas por el tercerismo y la política de flexibilidad salarial impuesta en los ´90), así como de aquellos reclamos ligados a la defensa de la educación y la salud pública. En 2005, los conflictos laborales que terminaron en huelgas o suspensión de servicios se triplicaron con relación al año anterior (según el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, en 2005 hubo 819 conflictos sindicales, mientras que en 2004 se registraron 249 casos). Baste decir que éste ha sido el índice más alto desde 1990, año en que se implementaron las primeras reformas neoliberales, para comprender que estamos ante el inicio de un nuevo ciclo de acción sindical.

Estos conflictos han sido protagonizados por cuerpos de delegados combativos, en algunos casos, por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas. En este sentido, hasta la propia CTA (Central de Trabajadores Argentinos), reconocida por su carácter antineoliberal y cuyo rol de oposición fuera crucial en los ´90, se ha visto desbordada por la radicalidad que adoptan los nuevos conflictos sindicales. Los más resonantes se han producido en el sector de la telefonía (Telefónica Argentina), la salud pública (hospitales), alimentación, docentes (de todos los niveles), transporte (subterráneo de la ciudad de Buenos Aires; pilotos y técnicos de Aerolíneas Argentinas), así como en ciertos sectores ligados a sindicatos más tradicionales, como la metalurgia y los trabajadores de las plantas automotrices (Daimler-Chrysler, Ford y Volskswagen).

No son pocas las acciones sindicales que adoptan un formato piquetero (inmediatamente asociado al corte de calles), lo cual conlleva también a una rápida estigmatización. En realidad, es frecuente que los marcos de lectura predominantes impulsados por el gobierno y los grandes medios de comunicación acerca de la conflictividad social subrayen prima facie las consecuencias negativas de las acciones de protesta (la obstrucción del tránsito, los problemas de transporte, la pérdida de días de clase, el riesgo de desatención en los hospitales públicos, entre otros) o apunten a denunciar, acto seguido, su carácter “eminentemente político”. Así, por ejemplo, ante los reiterados paros realizados por el personal no-médico del Hospital Garrahan (el centro pediátrico más importante del país), el gobierno nacional lanzó una campaña de desacreditación contra uno de sus líderes sindicales (perteneciente a un pequeño partido trotskista), intentó ilegalizar el conflicto enviando siete jueces federales diferentes y numerosos telegramas de despido, mientras que el ministro de la salud tildaba a los huelguistas de “terroristas sanitarios”...

Sin embargo, la escalada sindical continúa. Lo cierto es que durante 2004 y 2005, pese a las represalias patronales y a la escasa visibilidad que tienen ciertos conflictos -sobre todo los que ocurren en el interior del país, lejos de las cámaras de televisión-, muchos de ellos han terminado con el triunfo de las demandas de los trabajadores. En su mayoría se trata de acuerdos por empresas, entre los cuales no suele faltar la exigencia de la no divulgación pública del mismo, a fin de no crear un “efecto arrastre” en otros sectores. En fin, salvo excepciones, hay que señalar la escasa vinculación que estas expresiones sindicales poseen con otros actores sociales, en especial con los desocupados, tan estigmatizados hoy en día.

Por último, hay que recordar que en Argentina existe una importante movimiento de fábricas recuperadas, que continúan luchando por la vía judicial y legislativa a fin de obtener la ley de expropiación y el reconocimiento como cooperativa de trabajadores. En la actualidad, existen más de 150 fábricas recuperadas, nucleadas en diferentes corrientes, y constituidas en cooperativas. A diferencia de la experiencia piquetera, las fábricas recuperadas han concitado desde el inicio una fuerte simpatía y apoyos sociales, que fueron fundamentales para su expansión y consolidación. Las fábricas recuperadas se consideran a si mismas como “movimientos”, en tanto la recuperación (el acto de resistir) es equiparada a la protesta social. En realidad, salvo casos excepcionales (entre los cuales se encuentran dos casos emblemáticos, como cerámica Zanón, situada en el norte de la Patagonia y el céntrico Hotel Bauen, en la ciudad de Buenos Aires), las fabricas recuperadas no han encontrado una fuerte resistencia por parte del Estado, aun si la respuesta no ha sido homogéna y se hayan registrado varios intentos de desalojos y de entrega a los antiguos propietarios. Antes bien, la crisis abrió nuevas oportunidades políticas, que coadyuvaron al acompañamiento de estos procesos, primero a través de una oficina del estado (el INAES –Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social-, que creó una unidad ejecutora para las empresas recuperadas); luego, facilitando la formación de cooperativas y la expropiación en favor de los trabajadores.

Vale la pena recordar también que la expropiación solo es temporaria y que no son pocas las empresas recuperadas que se encuentran en una difícil situación económica y sus trabajadores, en condiciones de verdadera autoexplotación. En este sentido, los obstáculos remiten tanto a la falta de apoyo del Estado en el proceso de comercialización de los productos, como a la fragmentación organizacional que presenta dicho movimiento. Hoy existen 4 corrientes, de las cuales las más importantes son el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT), los cuales poseen aceitados vínculos con el gobierno actual.

Las diferentes tradiciones ideológicas en el campo militante

Nos resta ver ahora algunos de los principales obstáculos que presentan los movimientos sociales en su proceso de articulación político-social, tanto a nivel externo como interno. En realidad, acerca de los factores externos sólo quisiera hacer mención, una vez más, a la productividad política del peronismo, la cual se nutre menos de una supuesta vocación de poder que estaría ausente en sus opositores, que de un hábil liderazgo presidencial que sintetiza legado decisionista y eficacia populista, así como de una demanda de normalidad institucional vehiculada por una sociedad golpeada por el desvanecimiento de la ilusión neoliberal (la pertenencia a un supuesto “Primer Mundo”) y la posterior amenaza de disolución social, vivida bajo la gran crisis de 2001-2002. Por supuesto, todo ello no es independiente del contexto de fuerte crecimiento económico que atraviesa el país.

Me gustaría, en cambio, delinear con mas detalle algunos de los factores propiamente internos que dificultan una verdadera articulación del campo militante. Para ello, voy a referirme al estado actual de las tres vertientes que recorren hoy el campo de las izquierdas. Sin duda, lo más notorio dentro del espacio militante ha sido la creciente fragmentación organizacional, lo cual se halla ligada a las posiciones y diagnósticos asumidos por las distintas corrientes de la izquierda. En realidad, lejos de buscar las convergencias estratégicas, las diferentes vertientes ideológicas han potenciado el conflicto interno y, con ello, la división ad infinitum de movimientos y organizaciones. Veamos más precisamente los problemas y dificultades expresados por cada una de estas vertientes.

En primer lugar, en todo este proceso cabe una responsabilidad mayor a la izquierda partidaria, sobre todo en sus diferentes variantes del trotskismo, cuyo grado de dogmatismo ideológico respecto de sus definiciones del poder, del sujeto político y, por consiguiente, de la estrategia de construcción política han sido mayores. Asimismo, notorios han sido los errores de diagnóstico político, sobre todo, en lo que se refiere a la negación del cambio de oportunidades políticas (la redefinición del escenario político a partir de 2003) como a la subestimación de la productividad del peronismo, lo cual ha sido fundamental en el proceso de deslegitimación y aislamiento social de las organizaciones de desocupados (2003-2005). Por otro lado, hay que tener en cuenta que las inveteradas tentativas de la izquierda partidaria por forzar una suerte de hegemonía dentro del campo militante suelen terminar, más temprano que tarde, en fuertes implosiones organizacionales e ideológicas, lo cual se ha venido traduciendo en el vaciamiento del capital político y simbólico de los nuevos movimientos. Así sucedió en 2002 con las incipientes asambleas barriales; entre 2003 y 2004, el proceso alcanzaría a las organizaciones de desocupados. Por último, hay que tener en cuenta que en tiempos electorales los partidos de izquierda suelen acentuar el énfasis instrumental respecto de las organizaciones sociales, en detrimento de su autonomía decisional (concepto por demás tabú al interior de los partidos) y del desarrollo de una lógica de construcción más territorial (ligada al trabajo comunitario y los emprendimientos productivos), tan inherente a las organizaciones de desocupados.

En segundo lugar, podemos señalar el rol más reciente que puede adjudicarse a la izquierda populista, que ha terminado por reactivar los elementos más negativos de la tradición nacional-popular, a partir de su alianza con N.Kirchner. En este sentido, hay que señalar que la tradición populista argentina retoma elementos diferentes respecto de aquellas otras experiencias que recorren el continente, como es el caso de Bolivia, donde la tradición nacional-popular reaparece ligada a las demandas de nacionalización de los hidrocarburos, que proclaman el conjunto de los actores movilizados. Asimismo, pese todas las afinidades –más deseadas que efectivamente existentes–, el modelo kirchnerista poco tiene que ver con el proyecto propugnado por Chávez en Venezuela, cuyo carácter controvertido y ambivalente nos advierte ya acerca del carácter multidimensional de esa experiencia populista. A diferencias de las experiencias citadas, en Argentina, la tradición populista tiende a desembocar en el reconocimiento de la primacía del sistema institucional, a través del protagonismo del Partido Peronista, por sobre aquel de los movimientos sociales.

Esta inflexión no es solo el resultado de una relación histórica o de un vínculo perdurable entre partido peronista y organizaciones sociales, sino que responde a una cierta concepción del cambio social: aquella que deposita la perspectiva de una transformación en el cambio en la orientación política del gobierno, antes que en la posibilidad de un reequilibrio de fuerzas a través de las luchas sociales. Esta primacia del sistema político-partidario tiende a expresarse en una fuerte voluntad de subordinación de las masas organizadas a la autoridad del líder (como lo ilustran de manera evidente tanto los sindicatos de la otrora poderosa Confederación General del Trabajo, así como las organizaciones piqueteras oficialistas). Al mismo tiempo, esto se expresa a través de la desconfianza hacia las nuevas formas de autoorganización de lo social y sus demandas de empoderamiento y autonomía. En realidad, como para la izquierda partidaria, para la tradición populista argentina y sus herederos actuales, la cuestión de la autonomía de los actores también constituye un punto ciego, impensado, cuando no una suerte paradigma incomprensible y hasta “artificial” en función de nuestra geografía de la pobreza. Asimismo, esta no-tematización denota que el populismo argentino –en todas sus facetas, independientemente de las internas partidarias– tiene un gran desconocimiento de las nuevas tendencias organizativas globales, al tiempo que no valora las nuevas prácticas políticas ni el impacto positivo que éstas podrían ejercer en un proceso de reformulación del contrato social, en un sentido incluyente.

En tercer lugar, no es posible soslayar el rol que han tenido aquellos grupos que componen el heteróclito espacio de las organizaciones independientes y autónomas. No hay que olvidar que las nuevas experiencias militantes –sobre todos en los jóvenes- se nutren de un ethos comun: aquel que afirma como imperativo la desburocratización y democratización de las organizaciones y se alimenta, por ende, de una gran desconfianza respecto de las estructuras partidarias y sindicales, así como de toda instancia articulatoria superior. Por ello mismo no es casual la fuerte resonancia que en Argentina ha tenido lo que genéricamente se ha venido denominando “autonomismo”. Esta nueva narrativa política, que atraviesa un conjunto de colectivos y movimientos contra la globalización neoliberal, se nutre también del pensamiento de un sector de la filosofía política italiana, especialmente de la obra de Toni Negri y Paolo Virno y, a nivel continental, reconoce su modelo de referencia en la experiencia y el discurso zapatista. Sin embargo, en Argentina ha sido muy influyente también la versión visiblemente más simplificada que presenta el libro de Holloway, “Cambiar el mundo sin tomar el poder”. Pese a que el campo de la autonomía es mucho más amplio y variopinto que lo que las referencias anteriores indican, lo cierto es que en Argentina éste tuvo su inflexión hiperbólica entre los movilizados años 2002 y 2003. En fin, convengamos que si la izquierda partidaria y populista poseen más de un punto ciego respecto de la comprensión de las nuevas formas de auto-organización de lo social, para el caso del autonomismo su dificultad estriba no sólo en su visión unidimensional del poder y la relación con el Estado, como sobre todo en la negación de la posibilidad de pensar la instancia de la articulación política como algo mas que una coordinación horizontal de movimientos diferentes. No es raro que, para muchos militantes que se reconocen en el autonomismo, la noción misma de “hegemonía” – en un país donde el pensamiento de izquierda de hace unas décadas nomás estuvo muy marcado por la obra de A.Gramsci- se haya convertido en una suerte de cristalización de todos los males...

Lo cierto es que la tentación hegemonizante de los partidos de izquierda no hizo más que potenciar los elementos extremos del campo autonomista, que en muchos casos confundió la defensa de la diferencia con el llamado a la pura fragmentación, así como tendió a disolver la lógica política en la pura acción contracultural, o en una suerte de afirmación de autonomía de lo social (la ontologización de lo social), carente de mediaciones. Finalmente, en términos de lógica recursiva de lo social, dicho exceso tuvo su traducción en una reacción de rechazo a toda forma de defensa de la “autonomía”. Por ello, no es raro que a la hora actual, sobre todo dentro del campo piquetero y las organizaciones contraculturales, se haya registrado una suerte de involución por parte de ciertos grupos y colectivos militantes que, decepcionados de la poca repercusión política que han tenido las promesas de democratización y horizontalidad sostenidas por el autonomismo (pues la política de Kirchner ha traido consigo una profundización del clientelismo en el mundo de los sectores populares) y ante el nuevo cierre de las oportunidades políticas, hoy tiendan a refugiarse en una defensa por demas ortodoxa y dogmática de los principios revolucionarios clásicos, en su modalidad leninista y guevarista.

* * *

En definitiva, la posibilidad del surgimiento de un nuevo sujeto político que pudiera encarnar la fuerte expectativa de cambio que recorría la sociedad argentina de principios del nuevo milenio se desvaneció, no sólo ante la vuelta a la normalidad institucional encarnada por el “peronismo infinito”, sino también por la abierta divergencia que se instaló entre las diferentes vertientes ideológicas que recorren el movilizado campo de las organizaciones sociales. Así, lo sucedido entre 2003 y 2005 deja planteado no sólo la importancia de la disputa cultural y simbólica en toda puja política frente al proceso de estigmatización de las luchas sociales, sino la necesidad de tender puentes y articulaciones entre los elementos más positivos y aglutinantes de las diferentes vertientes de la izquierda -la tradición nacional-popular, la tradición marxista clásica y la narrativa autonomista-, que recorren y forman parte del acervo popular, aún en nuestra querida Argentina peronista.

Enero de 2006

Enviar noticia