Piquetes, marchas: unidad de los que luchan

Claudia Korol, para ADITAL

El 19 de febrero, durante todo el día se desarrolló en el país una de las jornadas de movilización piquetera más importante desde la asunción del gobierno de Néstor Kirchner. La protesta, convocada por el Bloque Piquetero Nacional y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, coordinó la realización de 107 cortes de rutas en todo el país, reclamando por la disminución de 250000 planes Jefes y Jefas de Hogar desocupados, en rechazo del proyecto de reforma laboral enviado por el gobierno al Congreso, y demandando el no pago de la deuda externa. Los otros ejes del reclamo son la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, la oposición al anunciado aumento de las tarifas de los servicios públicos privatizados, la implementación de una tarifa social, la libertad a los presos piqueteros de Salta, que se levante el manto de impunidad que cubre a los responsables políticos de la masacre del Puente Pueyerredón, y la desjudicialización de la protesta social.

La movilización fue precedida de una intensa campaña mediática tendiente a "demonizar" (una vez más) a los convocantes de la protesta, calificados como "duros" por los medios de comunicación masiva. (En oposición a aquellos movimientos que fueron cooptados o se aproximaron a las políticas desarrolladas por el gobierno nacional, y a los que se los pretende presentar como los "piqueteros buenos").

Durante varios días se tensionó el clima social, desde las declaraciones de los funcionarios del gobierno que intentaron deslegitimar la protesta, promover su aislamiento, incitar a la clase media a enfrentarse con los más pobres. Desde el poder judicial se anunciaron medidas para reprimir "legalmente" los cortes, alegando el "derecho a la circulación". Se generó la sombra de un nuevo choque represivo, del que se pretendía responsabilizar a los convocantes a esta jornada. Los medios de comunicación, en especial, insistieron en la estrategia de culpabilizar a las víctimas de las políticas de exclusión y miseria que se han desarrollado en el país en las últimas décadas.

El Puente Pueyrredón, lugar emblemático de la protesta piquetera, donde el gobierno de Duhalde desató el 26 de junio del 2002 una cacería que terminó con el asesinato de los jóvenes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, fue el lugar principal de la concentración. Allí se congregaron durante siete horas, más de 5000 militantes de diferentes organizaciones que integran este movimiento, y desde allí dieron su mensaje los dirigentes de estos movimientos, señalando que éste es sólo el comienzo de un plan de lucha, que tiene como eje resolver el tema del trabajo y del hambre, los dos dramas principales que hoy destruyen la vida cotidiana de los pobres.

El éxito de la jornada -asumido por los organizadores, y reconocido por el gobierno-, demuestra que continúan invariables, más allá de los índices anunciados de reactivación de la economía, las condiciones sociales que generan las políticas neoliberales. El movimiento piquetero, mostró a la sociedad que mantiene su fuerza en la base social que lo constituye: los trabajadores desocupados, y que tiene capacidad de organización como para garantizar una movilización de carácter nacional, evitando volverse víctimas de nuevas provocaciones policiales, como la montada días atrás para desprestigiarlo.

Si bien el gobierno ha trabajado intensamente para cooptar o neutralizar a las organizaciones piqueteras, y algunas de ellas, especialmente la Federación de Tierra y Vivienda dirigida por Luis D´Elía ha respondido con solicitud a esta política, fracturando el movimiento de resistencia y alineándose acríticamente con las posiciones del Ejecutivo, las organizaciones piqueteras que participan del Bloque Piquetero Nacional, y el MIJD, hoy cuentan con una importante capacidad e iniciativa para continuar la resistencia. Ligadas una parte de ellas a partidos políticos de todo el arco de la izquierda, y otras nacidas de manera autónoma a los mismos, han crecido en estos años como resultado de las políticas que redujeron al máximo la capacidad industrial del país. Los trabajadores desocupados, reciben planes sociales de $ 150 (50 dólares) mensuales, con lo que penosamente sobreviven, en una situación cada vez más difícil porque las políticas en curso han destruido también la educación pública, la salud, el sistema previsional. El gobierno de Duhalde, para frenar la crisis social que se expresó en la rebelión del 19 y 20 de diciembre del 2001, distribuyó 2.000.000 de estos planes. Actualmente el gobierno de Kirchner intenta reducirlos, y se han dado de baja a 250000 planes, pero no se han generado los puestos de trabajo necesarios para suplirlos.

El debate sobre la reforma laboral, instalado actualmente en el Congreso Nacional, fue promovido por el gobierno ante las evidencias de que la Reforma por la que se legitimó la flexibilización laboral, pudo ser aprobada gracias a una trama de coimas y sobornos repartidos con aval del ex presidente Fernando De La Rúa entre senadores, que "cobraron" su comisión para votar este proyecto, exigido como condición para renovar los "créditos" otorgados por el Fondo Monetario Internacional. El escándalo producido por estas revelaciones movieron al presidente a proponer que se discuta rápidamente una nueva Ley. Sin embargo, las organizaciones piqueteras sostienen que el proyecto enviado por el Ejecutivo mantiene las bases fundamentales y la ideología de la Reforma Laboral anterior. Entre otros aspectos que critican del proyecto oficial, es que se reduce de seis meses a tres el período de prueba, lo que está funcionando como una manera encubierta de flexibilización laboral porque habilita a que se trabaje sin contrato. También subsisten en este proyecto los convenios por empresa, eliminándose la conquista histórica que significaron los convenios colectivos de trabajo Se limita el derecho de huelga, en las actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, agregándose a los servicios ya especificados por Menem y De La Rúa, el servicio del gas. Los movimientos piqueteros presentaron al Congreso Nacional un proyecto alternativo, que reclaman que sea considerado.

A las 15 hs., una parte de los movimientos piqueteros, se movilizó hacia la legislatura porteña, donde organizaciones del movimiento gay lésbico travesti, junto a las integrante de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) de Capital Federal, asambleas barriales y partidos de izquierda, desarrollaban un acto contra la posible reforma del Código de Convivencia Urbana promovido por el bloque de legisladores que responde al derechista Mauricio Macri (que tiene un fuerte peso en la legislatura). Posteriormente, la movilización se dirigió al Congreso de la Nación donde culminó la extensa jornada. "¡Unidad de los que luchan!" fue la consigna más coreada en un tiempo en que quienes vienen rechazando las invitaciones a abandonar el barco de la resistencia, necesitan al mismo tiempo ir articulando la fuerte fragmentación que recorre al campo de los que continúan en la brecha.

Claudia Korol es secretaria de redacción de América Libre

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