El proceso chileno con Salvador Allende y el contexto histórico

Oscar Azócar, Director ICAL

ENCUENTRO SOBRE EXPERIENCIAS DE PODER POPULAR EN AMERICA LATINA

Sao Paulo BRASIL, 26 AL 30 DE OCTUBRE

Las jornadas de conmemoración de los 30 años de la Unidad Popular, entre las que estuvo el Seminario Internacional “Las alternativas populares y la perspectiva socialista en América Latina”, constituyeron en nuestro país una gran batalla ideológica en la que logramos un importante avance en la recuperación de la memoria histórica y en desparramar y establecer más ampliamente la verdad acerca de la Unidad Popular y del golpe de estado.

A pesar de que en más de una oportunidad diversos seminarios y publicaciones han mostrado lo hecho por el gobierno popular en beneficio de Chile y su pueblo, este seminario realizado bajo la consigna 30 Años Allende Vive aportó una vez más antecedentes que enriquecen la visión histórica acerca del gobierno de Salvador Allende y reafirman que fue, lejos, el más patriótico, realizador, participativo y visionario de nuestra historia.

La Unidad Popular conquistó la victoria con Salvador Allende en las elecciones presidenciales del 4 de Septiembre de 1970, enarbolando un programa que se planteaba como objetivo el socialismo. Inauguraba así un camino nuevo que provocó con razón un gran impacto mundial. Sin embargo, la Unidad Popular es resultado de un proceso que no alude solo a un itinerario electoral, aunque es de por sí admirable que un mismo candidato presidencial sea presentado por la izquierda durante cuatro veces consecutivas sin desgastarse ni desgastar el movimiento, en un proceso creciente de acumulación de fuerzas. La UP es por excelencia un movimiento político y social construido durante décadas, que crece y se desarrolla en la lucha social, en las huelgas y paros nacionales de los trabajadores, en las tomas de terrenos por los pobladores sin casa, en las peleas de los campesinos, en las grandes movilizaciones juveniles, en el movimiento por la reforma universitaria protagonizado por los estudiantes.

Esos potentes movimientos sociales lograron victorias importantes, pero el triunfo de la Unidad Popular nunca hubiera sido posible sin un movimiento popular concebido como movimiento político y social, si no hubiera crecido al mismo tiempo la actividad de los partidos políticos de izquierda, que fueron capaces de dirigir y encauzar la organización, la lucha y la maduración de la conciencia popular, logrando que los trabajadores se constituyeran en el núcleo de un amplio frente antiimperialista y antioligárquico.

La UP irradió hegemonía en la sociedad en torno a sus valores y concepciones, hegemonía que atravesó y traspasó transversalmente todos los ámbitos de la sociedad: la Iglesia, las FF.AA., los partidos políticos entre ellos la DC, las organizaciones sociales, las universidades, la juventud y la intelectualidad. La mayoría de los chilenos respaldó un mayor papel del Estado en el desarrollo económico y en las políticas sociales, exigió más soberanía política y económica, concordó con el rol protagónico de los trabajadores en la sociedad, con la visión de la política como servicio público, con demandas nacionales y democráticas como la nacionalización del cobre y la reforma agraria. Durante el gobierno reformista de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), que respondió a la orientación norteamericana de la Alianza para el Progreso dirigida a detener los movimientos populares, la UP respaldó con fuerza y llevó más allá de su sentido original las reformas de ese gobierno.

Entre las transformaciones revolucionarias llevadas a cabo por el gobierno popular está la nacionalización del cobre. En los 32 años transcurridos desde entonces, la empresa estatal entregó al Estado alrededor de 30.000 millones de dólares, más que todo el impuesto a la renta que han pagado todas las empresas privadas que han existido y existen. Chile posee entre el 40 al 50% de las reservas mundiales del cobre. Codelco tiene 140 millones de toneladas de reserva, llegando a 200 con la explotación, lo cual equivale a 440.000 millones de dólares. Si calculamos a 81 centavos de dólar la libra, 1 tonelada igual a 2.204 libras, y los costos de 60 centavos, las utilidades que pueden aportar las reservas son más de 200.000 millones de dólares. Se hace indispensable renacionalizar el cobre, recurrir a las atribuciones que tiene el Presidente de la República para fijar el precio del mineral.

También está la profundización de la Reforma Agraria, la conformación de un área social de la economía con empresas estratégicas y bancos, la redistribución del ingreso, la política exterior independiente y latinoamericanista.

Se disminuyó drásticamente la cesantía del 9 al 3% de la fuerza de trabajo, se elevó los sueldos, salarios y pensiones de los trabajadores permitiendo que accedieran ellos y sus familias a mejor alimentación, vivienda digna, salud y educación gratuitas y de calidad. Se limitó a un máximo de 20% de las remuneraciones los pagos de dividendos de la deuda hipotecaria. Fueron incorporados al sistema previsional cientos de miles de trabajadores independientes. Se aprobó una Ley indígena elaborada de conjunto con las comunidades mapuches, centrada en la defensa y recuperación de la tierra, y en el desarrollo de la cultura y el gobierno de sus asuntos por los propios mapuches. Fue en ese periodo que se elevó en más del 80% la matrícula en la educación superior y se pusieron en marcha mecanismos que permitieron que miles de trabajadores se incorporaran a la educación superior. Para entregar medio litro de leche a todos los niños de Chile se invirtió el 10% del presupuesto de salud y 1,6% del presupuesto nacional, completando 1.500 millones de litros de leche distribuidos en los 3 años de gobierno.

La Unidad Popular desplegó al máximo las potencialidades democráticas y progresistas que tenía el gobierno y el aparato estatal en beneficio de los sectores populares. El período de la Unidad Popular es el más democrático y más participativo en toda la historia de Chile. El año 1971 aumentó a un millón el número de trabajadores sindicalizados. Los trabajadores participaron en la dirección de las empresas estratégicas a través de los Consejos de Administración y los Comités de Vigilancia de la producción. Se crearon los Consejos Campesinos para canalizar la participación de los campesinos en el proceso de Reforma Agraria, las Juntas de Abastecimiento y Precios para combatir la especulación y el acaparamiento y mejorar la distribución de los productos. Se desarrolló ampliamente la participación de los pobladores a través de las Juntas de Vecinos, Centros de Madres y organismos culturales. Se generalizaron los trabajos voluntarios entre la juventud, los estudiantes, y también entre los trabajadores, destinándose horas de descanso a tareas productivas o de servicios.

Este movimiento de participación alcanzó por momentos características de poder popular, como durante los 26 días del Paro patronal de Octubre de 1972, en que los trabajadores, estudiantes, pobladores y otros sectores populares organizados y movilizados asumieron en la práctica el control de la producción y la distribución.

El poder en el Programa de la Unidad Popular. Las transformaciones relativas al estado constituían un eje principal del Programa de la Unidad Popular, aún cuando el planteamiento fuera trunco e insuficiente y no hubiese tenido el mismo proceso de maduración que las demás banderas programáticas.

El Programa de la Unidad Popular partía señalando que "las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente...las fuerzas populares no se han unido para luchar por la simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un Partido por otros en el gobierno, sino para llevar cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y el campo".

Se anunciaba la "doble tarea de preservar y hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores; y transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder".

En cuanto a la participación del pueblo, decía que "las organizaciones sindicales y sociales...serán llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder...Se extenderán todos los derechos y garantías democráticas entregando a las organizaciones sociales los medios reales para ejercerlos y creando los mecanismos que les permitan actuar en los diferentes niveles del aparato del Estado". Se enumeraban a manera de ejemplo las instituciones de previsión en que se establecería la administración por sus propios imponentes eligiendo ellos sus consejos directivos, las empresas del sector publico en que los consejos directivos contarían con mandatarios de obreros y empleados, los organismos habitacionales en los que las Juntas de Vecinos dispondrían de mecanismos para fiscalizar e intervenir.

En relación a la estructura del estado, puntualizaba que "el Gobierno Popular iniciará una real descentralización administrativa, conjugada con una planificación democrática y eficiente que elimine el centralismo burocrático y lo reemplace por la coordinación de todos los organismos estatales...; se modernizará la estructura de las municipalidades...y se tenderá a transformarlas en los órganos locales de la nueva organización política, dotándolas de financiamiento y atribuciones adecuadas...Deben entrar en funciones con este mismo propósito las Asambleas Provinciales...Se creará una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder".

Esa Asamblea del Pueblo se concebía como Cámara Unica, y se afirmaba que sus integrantes así como los de todo organismo de representación popular estarán sujetos al control de los electores, mediante mecanismos de consulta que podían revocar sus mandatos.

El Programa concebía a los instrumentos de la política económica y social del Estado constituyendo un sistema nacional de planificación, con planes que se someterían a la aprobación por el pueblo.

Con relación a las instituciones de justicia, se proponía la existencia de un Tribunal Supremo, cuyos componentes serían designados por la Asamblea del Pueblo, y que generarían libremente los poderes internos.

El Programa concebía que "a través de un proceso de democratización en todos los niveles y de una movilización organizada de las masas se construirá desde la base la nueva estructura del poder"; y que "una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal".

Un asunto fundamental presente en la concepción de los documentos programáticos es el rol que se le asigna a los Comités de Unidad Popular, que "deben ir convirtiéndose en el curso de la campaña en expresiones germinales del poder popular que conquistaremos en 1970...serán intérpretes y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las masas, y sobre todo, se prepararán para ejercer el Poder Popular".

De manera consecuente con su Programa, en Noviembre de 1971 el Gobierno Popular envía al Parlamento un proyecto de Reforma Constitucional que persigue: transformar el régimen político institucional proponiendo el reemplazo de la estructura bicameral del Poder Legislativo por una unicameral, otorgar al Ejecutivo por una vez durante su mandato la facultad de disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas, y renovar la composición personal de la Corte Suprema.

La reacción de la oposición es de rechazo rotundo, y denuncian la propuesta como el principio del fin de la democracia chilena.

Insuficiencias de la concepción de la Unidad Popular. Pero más allá de lo programático, el planteamiento tenía profundas insuficiencias, como quedó de manifiesto durante el transcurso del proceso. De hecho, el principal error tuvo que ver con la concepción que tenía la UP acerca del poder.

La idea de la Unidad Popular era apoyarse en el gobierno para llevar a cabo su programa en el marco del sistema legal e institucional vigente, que se esperaba posteriormente transformar de manera gradual. Se partía del hecho objetivo que el gobierno era el elemento más dinámico y hegemónico del estado chileno, había acumulado durante años diversas atribuciones de intervención y control en la economía, y de conducción del conjunto del estado. Alcanzar la Presidencia de la República permitía no sólo formar un gobierno con autonomía del Parlamento sino utilizar en su provecho toda la capacidad de intervención económica, de dirección y gestión administrativa, de definición política y de uso del aparato coercitivo que tenía el poder ejecutivo.

Pero el gobierno se anulaba para actuar al margen de estos límites, incluso se sentía obligado a resguardar el orden público, pues se pensaba que una trasgresión podía dar motivos a la desobediencia cívica por parte de la burguesía. En su expresión más negativa, esto llevaba a que el gobierno concentrara las iniciativas políticas, para luego “entregar la tarea” a las masas.

En la medida que transcurría el proceso, iba quedando de manifiesto que la instalación del gobierno no resolvía los obstáculos que oponía el estado burgués. Su estructura burocrática no estaba capacitada para satisfacer las necesidades más apremiantes del pueblo, el aparato represivo no aseguraba protección al proceso productivo permanentemente saboteado por el enemigo, la legislación vigente no permitía combatir con eficacia el mercado negro y el acaparamiento. En medio de la ofensiva de desestabilización, que usaba de todo mecanismo institucional que pudiera servirle, era difícil que el pueblo confiara en el estado y tuviera respeto por la institucionalidad y la legalidad. Por el contrario, esa autoexigencia de amoldarse y respetar una institucionalidad y legalidad que era necesario reemplazar, constantemente ponía freno a la acción y movilización de las masas y a la elevación de su conciencia política.

Se olvidaban las lecciones de la historia: las clases propietarias jamás se dejan desposeer sin resistir recurriendo a la violencia, no importa cuan legales sean los procedimientos empleados ni democrático el proyecto que cuestiona su poder.

Se ha dicho que el gobierno popular era un proyecto maximalista inviable para el que Chile no estaba preparado, porque generaba problemas imposibles de resolver si no era por medio de la confrontación, que sólo era posible un gobierno nacionalista burgués al estilo del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. ¿Acaso las clases dominantes no hubieran defendido igualmente sus privilegios frente a “reformas radicales”? Baste recordar las experiencias de derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, o de Joao Goulart en Brasil. El programa de la UP no era un programa maximalista, era el programa apropiado para su tiempo, y lo muestra lo hondo que caló en las masas populares.

En relación con esto, es justa la conclusión del PC de Chile en su XV Congreso: “no era fatal que el Gobierno Popular terminara en derrota. Otro pudo ser el desenlace si hubiésemos tenido suficiente claridad teórica y estratégica, mayor audacia y decisión políticas, que son componentes determinantes para lograr una correlación de fuerzas favorable para la revolución y el socialismo”. Si el gobierno popular hubiera tomado medidas para reprimir la conspiración y la desestabilización –la situación era tal que en el afán de cuidar la relación con los militares, no se resolvían medidas que eran parte de las atribuciones legales del Presidente de la República- se hubiera potenciado la mayoría que respaldaba a la UP y otro hubiera sido el desenlace.

Por otra parte, había que construir un Poder Popular de base que respaldara el proceso. En periodos revolucionarios como el que se vivió durante la UP, el pueblo debe disputar el monopolio del poder de la institucionalidad tradicional construyendo un poder alternativo, estimulando la iniciativa revolucionaria de las masas en cada lugar, naturalmente apoyándose en el Gobierno Popular.

La Unidad Popular carecía de una estrategia y un método para avanzar en la conquista del poder. Había un programa revolucionario, pero no señalaba claramente como alcanzar los objetivos planteados. La conquista del gobierno adquiría significación estratégica siempre y cuando el avance no se limitara a esa sola conquista, y no se la considerara como meta definitiva sino como un paso que posibilitaba dar otros. La verdadera peculiaridad del proceso chileno estaba en las excepcionales posibilidades de crear un poder popular alternativo a partir de las posiciones alcanzadas en el gobierno.

Los Comités de Unidad Popular, CUP, que surgieron por miles durante la campaña previa a la victoria, y que además se les concebía en el Programa como gérmenes del Poder Popular, pudieron haber jugado un papel importante en esta dirección. Lamentablemente dejaron de existir durante el gobierno, debido a la falta de tareas que cumplir, a la carencia de dirección centralizada, y a la falta de voluntad de los partidos de desarrollarlos. Sin duda influyó la convicción de que no había que constituir un poder de masas paralelo que fuera percibido como amenaza a la legalidad vigente.

Vinculado a ello estaba la concepción acerca de la participación popular. No se trataba sólo de participar en las empresas, o en los servicios, sino de participar con un sentido político global, es decir, de manera vinculada a los objetivos del proceso revolucionario, a su defensa, y teniendo como perspectiva avanzar hacia posiciones mayores de poder. Obviamente un poder de este tipo tenía que estar estrechamente coordinado con el gobierno, de tal forma que sus acciones no atentaran contra su estabilidad sino lo fortalecieran y fueran capaces de derrotar el proceso desestabilizador.

El naciente Poder Popular durante el Gobierno de Allende. Experiencias positivas fueron los Cordones Industriales, que aglutinaban a los trabajadores de una misma zona, y las JAP. Estas experiencias de poder popular de base van surgiendo de necesidades específicas que aparecen en la práctica del proceso, como la distribución de los productos y evitar el acaparamiento.

Al crecer el ingreso de los trabajadores hubo una demanda mucho mayor de productos, y la industria nacional, que siempre había producido por debajo de su capacidad instalada, produjo durante el gobierno de la UP a niveles record, de ahí que la reacción también empezara a boicotear la producción. Hacia fines del año 71, el Ministro de Economía Pedro Vuskovic llega a la conclusión de que el desequilibrio entre la oferta y la demanda de los bienes de consumo se estaba transformando en un problema económico y político muy serio y, junto a su equipo, comienza a buscar posibles soluciones para su manejo.

Después de descartar el recurso de las categorías mercantiles y el racionamiento de productos, surgió la idea de utilizar algunas facultades legales que tenía la Dirección de Industria y Comercio para organizar a los consumidores, que consistían en que en el ámbito de una unidad vecinal, en un territorio, la población consumidora pudiese convenir con los comerciantes una manera de mejorar la distribución y el abastecimiento, de tal manera que, sin lesionar los intereses del comerciante, se asegurase que la población consumidora recibieran lo que era posible.

Así surgieron las JAP, que no eran una organización de ciudadanos para requerir a la autoridad el cumplimiento de un derecho sino una organización de ciudadanos con atribuciones para resolver un problema. Por ejemplo, un comité por la vivienda tenía por misión requerir al Ministerio de la Vivienda prisa en la construcción de las viviendas populares, pero ellos solamente eran interlocutores. La JAP en cambio era una prolongación del Estado y de hecho era un poder popular naciente, podía contar con inspectores ad honorem del ministerio de economía, que tenían prácticamente las mismas facultades de un inspector funcionario del Estado. No recibían sueldo, pero tenian la atribución de control del aparato del Estado.

Las JAP’s fueron vistas desde el primer momento por la derecha como fuentes de un poder alternativo y de un cambio de carácter estatal. Era un órgano de poder popular, pero tenía a la vez la característica de emerger desde el mismo aparato estatal, y esta cualidad era esencial y coherente con la vía seguida por la UP para resolver el problema del poder en Chile.

Crecieron rapidamente, en Diciembre de 1971 eran 200 y en Mayo de 1972 alcanzan a 988. Eran un mecanismo eficiente de solución de un gran problema, pero requerían de una disciplina social muy difícil de obtener en un proceso revolucionario. De allí surgirían posteriormente conflictos, tanto en las JAP, como entre ella y el pequeño o mediano comercio establecido. Y fue una tarea difícil para el gobierno y los partidos populares evitar que los conflictos fueran mayores. Por último, el disponer de poder para realizar sus intereses por parte de la población organizada suponía la disciplina necesaria para no abusar del poder, es decir, existía también un riesgo de corrupción en la JAP.

Las JAP fueron extraordinariamente creativas, optimistas y se sintieron participes de un proceso que iba mucho más allá de ellas. Cuando hubo necesidad de diversificar el consumo alimentario, las JAP le enseñaron a la gente a comer pescado y reemplazar la carne de vacuno. Se organizaban grandes almuerzos populares de pescado en las poblaciones, explicando el sentido político de ello.

Durante el Paro de Octubre de 1972 se desarrolló un gran movimiento de participación y poder popular, fue una respuesta espectacular, los trabajadores en muchos casos se tomaron las fábricas y las echaron a andar, y lo que parecía imposible, que una fabrica anduviera sin ejecutivos y sin gerentes y sin empresarios, se hizo realidad. Ante la paralización del transporte, la distribución se hace con camiones voluntarios; entonces el producto se produce y llega; y allí donde se cierran los pocos supermercados que existían o los grandes almacenes, se abren los pequeños almacenes y la JAP toma el control de la distribución directa en ese momento. Es decir la respuesta popular, por cierto con el concurso del aparato del gobierno, es extraordinariamente rápida, efectiva y eficiente.

Las JAP jugaron un papel muy activo en el combate directo contra el mercado negro. La JAP denunciaba inicialmente estos grandes centros de acaparamiento y después empezó a trabajar de forma directa, usando los poderes que tenían sus inspectores, en muchos lugares del país, contribuyendo a la lucha contra la especulación y el acaparamiento.

El cordón industrial es otro órgano que nace y que juega a favor del proceso de cambios revolucionarios, también responde a una necesidad económica y política. Las empresas productivas y sus trabajadores organizados que apoyaban al gobierno debían organizarse de tal manera que pudieran ser, primero, eficientes; segundo, aquellas empresas que eran del Área Social, lideres; tercero, en su conjunto, soporte del proceso de cambios y, por lo tanto, estuviesen preparadas para soportar incluso un nuevo paro empresarial; y cuarto, creadoras de otras formas de relación con la sociedad, de modo que se proyectaran al ámbito de las poblaciones que la circundaban, en términos de actividad social y cultural, de actividad popular. Un cordón industrial era un avance gigantesco, porque era una creación del pueblo.

Desgraciadamente se produce una cierta pugna, y hay quienes ven el cordón no enmarcado en la perspectiva del proceso de la Unidad Popular, sino como una especie de formación de poder popular alternativo, alternativo incluso al gobierno de Allende.

Lo que hoy día queda claro es que el cordón tenía un tremendo potencial que debió haberlo desarrollado la UP, pero debía haberlo desarrollado de una cierta manera y no de otra. Cuando la UP tarda y aparece la segunda concepción del cordón, esa segunda concepción llena un vacío que la UP no logró llenar a tiempo y arrastra el cordón hacia una perspectiva que al final termina siendo más problemática que facilitadora del proceso.

Recapitulando las cuestiones esenciales, de una parte, no se agotaron todas las posibilidades del camino institucional, y de otra, dicho camino se absolutizó. Joan Garcés opina que se hubiera podido utilizar la Ley de Defensa Civil de 1945, que preveía la coordinación entre organizaciones sociales y las FF.AA. para prevenir o atender situaciones de emergencia. Otro ejemplo de no uso de las posibilidades institucionales es no haber descabezado a los mandos fascistas de las FF.AA. después del tancazo.

El camino institucional tenía limitaciones que debían ser resueltas, y el propio movimiento popular las resolvió más tarde durante la lucha contra la dictadura. Se requería construir un Poder Popular que defendiera el proceso, articuladamente con el gobierno, pero la conducción se radicó exclusivamente en el gobierno y en los partidos políticos, subordinando las organizaciones de masas a esa conducción. El poder popular no se pudo desarrollar plenamente porque el gobierno lo inhibió.

Los desafíos del presente. A pesar de todos los cambios acontecidos y de la derrota del proceso, el significado político esencial de la UP, que los pueblos puede llegar a gobernarse; y las aspiraciones centrales del programa de la UP: mayor democracia, mayor justicia social y soberanía nacional, están plenamente vigentes.

La UP inauguró otro camino para llegar al socialismo, con lo cual levantaba un ejemplo que Estados Unidos no podía aceptar. Ninguno de los errores e insuficiencias que tuvo la UP explican su derrota, esta solo se puede explicar debido a la intervención norteamericana. Hay que decir que aunque la Unidad Popular triunfó electoralmente en 1970 con un 36%, ese porcentaje aumentó al 51% en las elecciones de abril de 1971, y a pesar de que el proceso desestabilizador estaba en su apogeo, en marzo de 1973, ese 36% obtenido en las elecciones presidenciales creció al 44%, es decir, desde el punto de vista electoral hubo un ascenso.

El Gobierno Popular era un peligro para los planes estratégicos de Estados Unidos. Como dice Joan Garces “La decisión de acabar con el gobierno de Allende en 1973 es una decisión que afectaba sin duda a los chilenos, pero que buscaba hacer un escarmiento con efectos mucho mas allá de Chile, para que fuera leído por aquellos que en Europa y América Latina pensaban entonces que tenían la libertad para elegir libremente su forma de gobierno”. (Intervención en acto de homenaje a Salvador Allende. 8 de Septiembre de 1993. Casa de América. Madrid. Actualizada para el Seminario ICAL “A 25 Años del Golpe”. 5 al 8 de Septiembre de 1998).

Después de un periodo de predominio absoluto del neoliberalismo, el mundo vive hoy una nueva situación favorable a las posibilidades de avance de la lucha de los pueblos. El imperialismo vive una crisis tan seria como la del año 30. El militarismo esta destruyendo la economía de Estados Unidos. Las guerras y el carácter agresivo se vuelven en su contra. La guerra de Irak, de victoria se está transformando en derrota. El predominio militar y el intervencionismo norteamericanos no resuelven el problema político. Los movimientos sociales son más poderosos que antes. Existe un movimiento antiglobalización que cada vez crea más conciencia de los dañinos efectos del hegemonismo norteamericano. En la Cumbre de Cancún quedó claro que no las tienen todas consigo, y que se esta conformando un amplío frente contra el NL y USA.

Las posibilidades son más evidentes en América Latina, donde asistimos a una nueva oleada de luchas populares y al desarrollo de una aguda crisis social y política en varios países, están las victorias que significan el fortalecimiento de Cuba, el proceso en Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia. El calificativo de gobiernos populares tiene que ver sobre todo con gobiernos que en función de la lucha de masas pueden tomar determinadas medidas en beneficio del pueblo. Junto a ello luchas en Perú. En Colombia. Las posibilidades de avance en Uruguay, El Salvador, Nicaragua, Panamá.

Hay gobiernos que pueden adoptar una actitud política contraria o distinta a la de Estados Unidos, pueden surgir grandes movimientos nacionales en torno al rescate de las riquezas básicas que deriven incluso en levantamientos populares que botan gobiernos, como en Bolivia. Pero hay que tener muy en cuenta que la experiencia de AL es que sean procesos revolucionarios o de tibias reformas, inevitablemente interviene el imperialismo norteamericano.

Por tanto se impone relevar en primer lugar el carácter antiimperialista de las luchas. En este sentido, surgen como desafíos principales la lucha por la soberanía nacional en los más diversos ámbitos, en primer lugar sobre las riquezas básicas, el cobre, pero también como exigencia hacia las FF.AA.

Esto exige intensificar la campaña continental contra el ALCA, que es la concepción de Estados Unidos de integración vertical hegemonizada por ellos. Pero esta campaña contra el ALCA debe tener además un contenido propositivo. Somos partidarios de una concepción de integración integral: económica, social, política y cultural, horizontal, entre iguales, que rescata el planteamiento bolivarista de integración sobre la base de elementos comunes como lengua, cultura, una misma guerra revolucionaria y un mismo proceso de constitución de Estado.

Ante la derrota en Cancún y el aumento del descrédito del ALCA por sus efectos negativos - el TLC se aprobó en Chile con votos en contra -, y ante el mayor esfuerzo de coordinación tras una integración horizontal, como ocurre con la actitud de Brasil, Venezuela, Argentina, las conversaciones entre el Mercosur y el CAN, Estados Unidos recurre al Plan B, que es negociar bilateralmente. Debemos responder con acuerdos bilaterales y multilaterales que potencien nuestros recursos naturales, como el planteamiento de Venezuela de Petroamérica, empresas integradas para recuperar nuestras riquezas. Pero requiere primero de una decisión política, de acelerar los procesos de decisión política, los Parlamentos latinoamericano y andino, distinto tipo de esfuerzos para que no quede ninguna contradicción sin ser aprovechada, ninguna posibilidad de ampliar que no sea llevada a cabo. Me refiero al G-22 Plus por ejemplo, a las relaciones con la Unión Europea.

Más que nunca urge desarrollar un frente coordinado a escala continental con una plataforma común integradora, combinando demandas mínimas y otras. Es muy difícil que un proceso pueda sostenerse por sí mismo. Lo que debe unificar es el antiimperialismo.

Debemos elevar las iniciativas concretas de coordinación y solidaridad, el funcionamiento de centros de coordinación. 300 colombianos fueron en Enero a Venezuela durante el paro. Reconocimiento de la ciudadanía latinoamericana a los inmigrantes. Organizar el Foro Social del MERCOSUR, propuso Sader. Se propuso también que la integración parta de la base, se creen Institutos de Integración Cultural Latinoamericana.

Un debate particular se debe realizar en torno al papel de las FF.AA., mostrando con más fuerza aquellas experiencias distintas: Venezuela y Ecuador ahora, antes Bolivia, Panamá, Perú. Siempre ha habido mitos al respecto, no puede haber una actitud fatalista, corresponde llevar a cabo un trabajo muy ofensivo. Aquí el tema de la soberanía nacional es el principal, pero también demandas particulares como el tema de la previsión, y las concepciones distintas sobre defensa de cada rama de las FF.AA.

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