nro. 21
Presencia del pasado

Manuel Cabieses Donoso

La mayoría de los chilenos prefieren soñar un futuro bien distinto a su realidad actual. Quieren olvidar el pasado reciente, la terrible sombra de la dictadura. Sin embargo, ese pasado es una odiosa y humillante realidad instalada en nuestras vidas. No se trata solo de la impunidad de muchos asesinos y torturadores que aun se pasean desafiantes. Ni siquiera de la tranquila longevidad de Pinochet que ha entrado en vida al mausoleo de los Trujillo, los Somoza y los Duvalier, los monstruos de la historia latinoamericana. Gordinflón y rozagante, burlón y cazurro aunque formalmente declarado demente para evitarle toda molestia judicial, Pinochet disfruta sus riquezas bajo protección del ejército y con jubilación de ex presidente de la República. Sabe que tendrá un funeral de monarca. El pasado, sin embargo, es mucho más que Pinochet y su pandilla de asesinos. Está presente en la Constitución -y por tanto en la institucionalidad y en las leyes-. Está vivo en el modelo económico y en sus consecuencias que producen enorme injusticia social y la exclusión de millones de chilenos, condenados a ser los parias del sistema.

La Constitución de 1980 y el modelo económico fueron implantados mediante el terrorismo de Estado. El pueblo nunca fue consultado, ni entonces ni después. Ambos instrumentos de coerción política y social carecen de toda legitimidad. Son una imposición que viola los derechos y garantías de los ciudadanos. No obstante, han pasado catorce años del fin de la dictadura y continúan rigiendo nuestras vidas y restringiendo la democracia. Así el pasado se proyecta sobre lo cotidiano. El pasado gobierna y regula el presente del país. Se ha hecho carne de nuestro comportamiento social, se ha apoderado de nuestra forma de pensar y actuar, transmutando nuestros valores y herencia cultural. La vigencia del autoritarismo, la impunidad del poder militar, económico o político, y la destrucción de la solidaridad social, nos han despojado de mecanismos de defensa que llegaron a ser valiosos para nuestro pueblo. Enorme daño ha sufrido por ejemplo la voluntad de constante perfeccionamiento del sistema democrático que alcanzó su cima más alta con el gobierno del Presidente Salvador Allende. En el Chile de hoy la adhesión a la democracia es muy débil (*). Esto explica que los dos partidos de derecha, que proporcionaron base de apoyo político y social a la dictadura, se estén preparando -con grandes posibilidades de conseguirlo- para volver al gobierno el 2005, esta vez con manto de legitimidad democrática. Hace tres años ya estuvieron a punto de lograrlo. Ricardo Lagos, el actual presidente, conocido en el exterior como "socialista", tuvo que sudar promesas y propaganda para aventajar por leve diferencia a Joaquín Lavín, el candidato de la UDI, partido de extrema derecha. Los votos de la estrecha victoria de Lagos los aportó una izquierda ajena a la Concertación que no está dispuesta a repetir esa operación de salvataje.

La Concertación gobernante desde 1990 (demócratas cristianos, socialistas y otros partidos), está muy debilitada y va cediendo espacios que por ahora los ocupa la decepción pero en los que mañana puede instalarse el populismo de derecha que encarna Lavín. La Concertación está pagando el precio de la traición a solemnes promesas electorales contenidas en los programas que echó al olvido. Los compromisos programáticos incluían precisamente terminar con la impunidad de los crímenes de la dictadura, cambiar la Constitución de 1980 y modificar el modelo de economía de mercado que fueron duramente criticados por la Concertación cuando se aprestaba a llegar al gobierno.

Una encuesta de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (mayo del 2002) deja en evidencia que las aspiraciones de la mayoría de los chilenos siguen siendo exactamente las mismas que ya expresaba en 1990. La encuesta de la Flacso señala que el 79,4% quiere un plebiscito para cambiar la Constitución. Casi el 60% pide legislar sobre el aborto. El 80% se pronuncia a favor del divorcio. El 76% opina que los servicios de energía eléctrica, agua y teléfonos deben estar en manos del Estado. Casi el 70% piensa que la influencia del empresariado determina las decisiones del gobierno y porcentajes apreciables estiman que la influencia de las fuerzas armadas y de la iglesia católica son igualmente decisivos en el comportamiento conservador y vacilante del gobierno. Cada uno de estos temas fueron prometidos al pueblo por la Concertación desde 1989, sin cumplir ninguno.

La traición a sus promesas ha minado el apoyo social a la Concertación, cuyos partidos comienzan a desmoronarse. A esto se ha sumado una cascada de denuncias de corrupción. Varios procesos judiciales afectan a ex ministros, altos funcionarios y parlamentarios de la Concertación. Se ha cuestionado la credibilidad del Banco Central que filtraba información privilegiada a una mafia de especuladores financieros entre cuyos socios se contaban ex ministros y funcionarios de gobierno. Las concesiones de obras públicas generaban comisiones para partidos de la Concertación. Parlamentarios gestionaban autorizaciones de servicios públicos para negocios ilícitos. Títulos financieros de la Corporación de Fomento de la Producción fueron robados y transados en la bolsa, afectando fondos previsionales de trabajadores y ahorros de modestas personas. También se han revelado actos de corrupción en el ejército, de pedofilia en la Iglesia Católica, etc. Es el pasado corrupto de 17 años de dictadura, que enriqueció a un puñado de audaces empresarios, el que sigue vivo y degradando la actividad política y el servicio público. Este fenómeno prolonga un pasado que pesa en nuestra realidad. No se ha logrado iniciar todavía la etapa de pleno desarrollo de las fuerzas democráticas que debió seguir a la dictadura. La transición a la democracia se atascó y lo que hoy tenemos es un régimen híbrido en que partidos democráticos como los de la Concertación, defienden a brazo partido los factores políticos y económicos que caracterizaban a la dictadura militar-empresarial, salvo el terrorismo de Estado. En los hechos esa conducta viene haciendo retroceder al país que marcha a paso de cangrejo a la trampa de la derecha.

Sin embargo, hay signos de malestar e inquietud social que pueden convertirse en elementos positivos, modificando el curso de los acontecimientos. Algunos estudios como el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) demuestran que casi el 60% de los chilenos se sienten insatisfechos con el modelo de economía de mercado que solo favorece a una minoría.

No está escrito que Chile tenga que seguir viviendo en el pasado. Comienzan a emerger fuerzas sociales que intentan levantar una alternativa para retomar el camino de la democratización y justicia social abandonado por la Concertación. Es una tarea difícil porque las capacidades del pueblo están debilitadas y muy fragmentadas. Existen mas de 82 mil organizaciones sociales y aunque buena parte de ellas tienen una postura anti neoliberal y rechazan la Constitución del 80, hacen su trabajo en la base social sin coordinación entre sí. Marchan en una misma dirección pero en forma dispersa. De esa realidad surgió hace dos años una instancia de coordinación -la Fuerza Social y Democrática- que encabezan dirigentes de importantes gremios como profesores, obreros metalúrgicos, empleados bancarios, trabajadores de la salud, empleados fiscales, pescadores artesanales, estudiantes universitarios, pobladores, ecologistas, grupos de derechos humanos, etc. En forma silenciosa, la Fuerza Social y Democrática ha ido reagrupando sectores y echando las bases de un movimiento político-social pluralista que atrae activistas de variado origen ideológico y político. En octubre del 2002 la FSD realizó un congreso y está levantando una alternativa de gobernabilidad para romper el falso dilema entre Concertación y derecha y rescatar el imperio de la soberanía popular. Se trata sólo de una esperanza. Quizás la esperanza que necesitábamos para entrar en el futuro.

(*) La encuesta de la Corporación Latinobarómetro demostró que en Chile el apoyo a la democracia disminuyó del 54% en 1995 al 50% el 2002. El 52% manifestó que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder. Chile está muy lejos de la adhesión a la democracia que se manifiesta en países como Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Argentina, México, etc.

Director de la revista "Punto Final", consejero nacional del Colegio de Periodistas, dirigente del movimiento Fuerza Social y Democrática. Fue dirigente del MIR. Estuvo detenido en varios campos de prisioneros desde el golpe militar del 73 hasta 1975 cuando fue expulsado del país. Retornó clandestino en 1979, hasta el fin de la dictadura en 1989, cuando reinició su profesión de periodista.

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