nro. 13
El estado y el manifiesto

Tarso Genro

El Manifiesto Comunista es, -sin dudas- el documento político más importante del socialismo moderno. Su apasionada visión de la modernidad, su convicción de que se abría un largo período de transformaciones revolucionarias y su análisis de los trazos hasta allí esenciales del desarrollo de la humanidad, influencia hasta hoy al movimiento socialista. El Estado moderno nace, así, bajo una pesada crítica «de clase», o sea, la crítica de Marx y de Engels, que pretendieron afirmar «el punto de vista del proletariado» en la sociedad burguesa, defendiéndolo como «punto de vista» del futuro de una humanidad reconciliada en una sociedad sin clases. Este objetivo «último» está recurrentemente integrado en la lógica del Manifiesto, en lo que se refiere a su análisis de la relación Estado-clase.

Aquello que para Hegel era la propia universalidad contenida en el Estado -su burocracia-; para Marx, en el Manifiesto, es apenas la correa de transmisión de los intereses y las necesidades de la clase burguesa. Esta estructura, por lo tanto, no tiene cualquier permeabilidad que pueda constituirse fuera de aquello que el marxismo vulgar va a sintetizar como el «comité central de los intereses de la clase burguesa». Así Marx también establece en el Manifiesto, a partir de una no-identidad absoluta entre burguesía y proletariado, una posibilidad de inversión radical de la dominación burguesa puramente a partir del Estado: «Tal como en Hegel la burocracia es la clase universal y la autoconciencia del Estado moderno, la clase obrera es en Marx la clase universal y la autoconciencia de la emancipación socialista.(1)

La identidad absoluta clase-Estado, en el Manifiesto, interfiere igualmente en el programa del proletariado para abrir las puertas al advenimiento del comunismo. Por eso, aunque de forma procesual («poco a poco» dice Marx), la tarea sería centralizar todos los medios de producción en manos del Estado, o sea, en manos de la clase en el Estado para en el futuro, promover la extinción de todas las clases. «El proletariado utilizará su supremacía política para arrancar poco a poco todo el capital a la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, esto es, del proletariado organizado en clase dominante, y para aumentar, lo más rápidamente posible, el total de las fuerzas productivas.» (2)

La insuficiencia de esta formulación es señalada más tarde por Lenin, cuando en 1923 el proletariado erigido en «clase dominante», por intermedio del partido, enfrenta las duras tareas de convertir a la economía rusa en economía socialista, con los medios de producción masivamente adjudicados al Estado. Lenin, en este período, interpone la cuestión de la civilización, o sea, el atraso cultural, como factor que impide que el Estado proletario, aunque sea por la fuerza, consiga preparar las condiciones para el comunismo. «Nos falta suficiente civilización para permitir que pasemos directo al socialismo, aunque de hecho tengamos requisitos políticos para ello.» (3)

Ahora, si la propia potencia política del Estado depende, para ser ejercitada, de la «civilización», la identidad clase-Estado sufre un debilitamiento estructural. Él -el Estado-, en consecuencia, debe hacer movimientos que no son determinados exclusivamente por los intereses de la clase que lo «ocupa» (o lo forma). Debe así, recurrentemente, reconciliarse con la «civilización», o sea, con el estadio civilizatorio en el que se encuentra la sociedad y, más aún, con todo lo que existe «fuera del Estado»; o sea, la sociedad y sus movimientos reales. Y estos movimiento son tanto típicamente de «clase», como originados por otros variados factores, no siempre de naturaleza económica, como por ejemplo aquellos orientados por las costumbres nacionales, por la cultura, por la religión o por la forma misma en que los hombres se relacionan con la naturaleza.

Pero la apropiación por el Estado de ciertos medios de producción, apuntada en el programa del Manifiesto como tarea constitutiva del poder del proletariado, aparece históricamente -más tarde- como modo de operar del propio Estado capitalista-monopolista. Este «modo de operar», en verdad, viabiliza tanto una nueva reorganización económica del capitalismo, como también la emergencia de una fuerte clase obrera moderna. Una clase que, habiendo «resuelto su vida», no se inclina más por los ideales socialistas y mucho menos por cualquier internacionalismo proletario. «Nosotros sustentamos, por el contrario -dice James O’Connor- que el crecimiento del sector estatal es indispensable para la expansión de la industria privada, en particular, y de la industria monopolista. Nuestra tesis contradice también frontalmente un principio básico del pensamiento liberal moderno, según el cual la expansión de la industria monopolista obstaculiza el crecimiento del sector estatal».(4) Sus condiciones de legitimación sólo se realizan, por lo tanto, con el «apartamiento» relativo del Estado de las relaciones directas de poder que operan en la esfera económica: de una parte, para dar curso a la reproducción social y a la acumulación del capital y, de otra, para afirmar derechos que le impiden la pura espontaneidad. Wallerstein, por ejemplo, analizando la situación del Estado actual y la necesidad de reformas sociales sustanciales, ya prevé que los Estados «perderán la legitimidad y con esto tendrán dificultades para asegurar la estabilidad mínima, internamente o entre sí»(5): o sea, no podrán más ser fiadores de una paz social que interesa plenamente al conjunto de los capitalistas, frente a una determinada crisis del propio modo de producción capitalista.

La concepción del Estado en el Manifiesto, sin embargo, determina una propuesta pragmática que coloca al Estado como al gestor autoritario del proyecto socialista, porque al final él hace los movimientos determinados por la clase dominante, el proletariado. La misma concepción, también sustenta que, con la eliminación de las condiciones de opresión generadas por el capitalismo, el Estado perderá «su carácter político». Veamos las funciones del Estado en el programa del Manifiesto:

«Todavía, en los países más adelantados, las siguientes medidas podrán generalmente ser puestas en práctica:

1. Expropiación de la propiedad latifundiaria y empleo de la renta de la tierra en provecho del Estado.

2. Impuesto fuertemente progresivo.

3. Abolición del derecho de herencia.

4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos.

5. Centralización del crédito en las manos del Estado, por medio de un banco nacional con capital del Estado y con monopolio exclusivo.

6. Centralización, en manos del Estado, de todos los medios de transporte.

7. Multiplicación de las fábricas y de los instrumentos de producción pertenecientes al Estado; cultivo de las tierras improductivas y mejoramiento de las tierras cultivadas según un plan general.» (6)

La extinción de la política no es una conclusión secundaria, en el contenido general del Manifiesto, ni es una propuesta aislada de la concepción de Estado que allí es formulada. El fin del «carácter político» del Estado es coherente con la concepción que establece que el Estado moderno es apenas un Estado-instrumento, cuyo carácter público es pura apariencia, y no una determinación concreta de la lucha de clases y de un conjunto de otros factores culturales y «civilizatorios».

Por lo que se deduce del Manifiesto, podría ser establecida una relación en el siguiente orden: Estado, como estructura de poder de la clase dominante; poder político, como poder exclusivamente de opresión de una clase sobre otra; proletariado en el poder, para promover tanto la extinción de las clases como la extinción de la opresión capitalista; extinción de la política y extinción del Estado, como instrumento de opresión, como resultado final de la dictadura proletaria.

En verdad, a lo largo de las obras de Marx y Engels, esta visión está relativizada y la relación Estado-clase, seguramente, se vuelve cada vez más compleja, complejidad que es resuelta por la tradición del marxismo vulgar apelando a la categoría «en última instancia». O sea, el Estado representa, pero solamente «en última instancia», los intereses de la clase burguesa, como además se sustentó que el Estado soviético representaba -a pesar de sus deformaciones- «en última instancia» los intereses del proletariado. Ocurre que este «en última instancia» no dice absolutamente nada. Apenas «tolera» la existencia de otros factores, en «instancias» inferiores, que actúan sobre el Estado. No comprende al Estado como relación política-económica, como institución permeada por la cultura y por la civilización, como relación social y jurídica, e inclusive, como instancia «separada de la sociedad». Una instancia que refleja, en sus propias instituciones, no solamente los antagonismos de clase que permean la sociedad, sino también -por ellas- asegura algunas demandas de carácter universal, por encima de las clases.

La relación Clase-Estado-Derecho, su unidad contradictoria, no podría haber sido recogida por el Manifiesto. La época, la instrumentalización casi absoluta del Estado por la burguesía en ascenso para constituir un Estado que eliminase los privilegios de orden y de casta, enmascaraba aquello que podría ser, en el futuro, el Estado moderno fundado en un orden jurídico democrático y bajo el permanente asedio del propio proletariado organizado. Este déficit de comprensión determinado históricamente, que se reprodujo como «marxismo soviético», puede ser situado así: «está anclada en los siguientes presupuestos, que son elementos fundantes del marxismo dominante en las sociedades del Este, en los partidos comunistas de la misma vertiente y en sus teóricos oficiales: la estrechez con que es abordada la relación entre clase y Derecho, que resulta en la búsqueda frenética de la identificación obligatoria de las instituciones y formas jurídicas, de las categorías del Derecho y de la norma jurídica, con el interés de la clase; la sacralización de la clase obrera como clase mesiánica, para proponer un nuevo orden social, universal, sin conflictos de intereses de clase, por lo tanto dotada de la razón universal actual y de la negación del Derecho en el futuro; la identificación del Derecho con el Estado, en una especie de keynesianismo de izquierda, que, a su vez, produce un abordaje puramente lógico-formal del Derecho (o su inverso, puramente especulativo, en torno del mito de la sociedad sin Derecho).» (7)

De hecho, la visión de que todo Estado es una dictadura de clase, además de llevar la simplificación al extremo de la lucha política en la sociedad (que sería cada vez más ‘simple’), tiene la característica de proporcionar una «ética de poder» supuestamente basada en una moral proletaria. Los valores de esta ética estarían basados en la «inversión de la dominación», que al fin y al cabo, vuelve a la violencia, según esta visión, una violencia legítima de los proletarios, como el único medio posible de dirigir la sociedad actual hacia otra más justa. El texto de Lucio Magri es claro: «la característica universal e imprescindible del poder proletario ‘es la de ser, en cualquier caso, una dictadura (como todo Estado), o sea, fundada en la represión violenta de los explotadores como clase, violación, en consecuencia, de la democracia pura’, o sea, de la igualdad y de la libertad de esta clase».(8)

El texto de Cerroni, contrapuesto a la visión de Magri, hace una síntesis que parece adecuada y revela en su plenitud las consecuencias de las absolutizaciones hechas a partir del Manifiesto: «Esta identificación del Estado con el aparato físico de la violencia y de la coacción impidió un análisis profundo de lo que constituye la dirección política del Estado burgués evolucionado; de lo que es el ordenamiento jurídico normativo y el derecho formal moderno; de los valores que tiene todo el aparato formal de la vida pública. Esta identificación conduce a una gran desvalorización tanto de la democracia política, como de las libertades políticas.»(9)

El problema de la negación de la democracia y de las libertades políticas por el «marxismo vencedor», va a chocarse con dos oposiciones frontales, dentro del propio campo teórico del marxismo, en las disputas teóricas y políticas sobre los destinos de la Revolución Rusa. Se trata de la aguda crítica formulada por el menchevismo y por Karl Kautsky, de un lado (la derecha), y de la fuerte oposición de principios hecha por Rosa Luxemburgo (a la izquierda), posiciones que sin renunciar al reconocimiento de la importancia histórica del derrocamiento del absolutismo y aún del poder burgués emergente, no aceptaron la dictadura de los bolcheviques «en nombre» del proletariado.

En verdad, hasta hoy, estas cuestiones no están resueltas. Los socialistas no consiguieron, hasta ahora, presentar los trazos de una propuesta convincente de transición al socialismo, en la cual las libertades políticas y los derechos humanos sean asegurados, aunque se acepte la existencia de momentos excepcionales de restricción con el refuerzo del «poder del Estado», a partir de su Ejecutivo. La «democracia socialista», en verdad, hasta ahora fue un «capitalismo regulado», con «rostro humano», y sólo fue posible manifestándose como sociedad concretamente capitalista con un Estado meramente reformado: la social-democracia y el «welfare state».

En la base de este problema crucial para el futuro del socialismo, como régimen político y económico, para promover de forma creciente la igualdad y la extinción de las clases, está seguramente la cuestión del Estado. ¿Cómo puede reprimir con legitimidad, respetando los derechos humanos y cómo puede mantener la legitimidad del nuevo poder, al mismo tiempo que revoluciona todo su sistema jurídico, manteniendo las libertades políticas y el derecho de oposición? Tal vez esta fórmula no exista y también el reformismo, aún el más consecuente esté condenado a una impotencia cada vez mayor. Pero vale preguntarse si los hechos de la historia y el conjunto de violencias que el capitalismo comete en nombre del lucro y del mercado, no van a proporcionar la emergencia de irrupciones violentas de los oprimidos y explotados, que se comportarán con absoluta indiferencia en relación a la democracia y a los derechos humanos, que en verdad nunca fueron bien visualizados en el mercado.


NOTAS

1. Santos, Boaventura de Sousa. Pela Mao de Alice -o social e o político na pós-modernidade, Edicoes Afrontamento, 3º edicao, 1994, Porto, pag. 208.

2. Marx-Engels. Manifiesto del Partido Comunista, Global Editora, 9º Edición, Sao Paulo, 1993, pag.95

3. Hobsbawm, Eric. Ecos da Marselhesa, Companhia das Letras, Sao Paulo, 1996, pag. 75.

4. O’Connor, James. La crisis fiscal del Estado, Ediciones Península, 2º edición, Barcelona, 1994, pag.29.

5. Wallersetein, Immanuel. "As agonias do liberalismo: as esperancas para o progresso", en: O muro depois da queda, Emir Sader, organizador, Paz e Terra, 1995, Sao Paulo, pag. 47

6. Marx-Engels. Manifiesto Comunista, Global Editora, 9º Edicao, Sao Paulo, 1993. pag.96

7. Genro, Tarso. "Direito e Marxismo", in Arruda Jr., Edmundo Lima de (org) et ali. Licoes de Direito Alternativo, Sao Paulo, Académica, 1992- pag.12-13

8. Magri, Lucio. "Parlamento o Consejos" (Resposta a Ingrao), en: Vía consejista o vía parlamentaria, Editorial Anagrama, Barcelona, 1977, pag. 15.

9. Cerroni, Umberto. En: Ocho puntos de vista sobre la Teoría Marxista del Estado. Gerardo Unzueta organizador, Ediciones Quinto Sol SA, México, pag.115

Tarso Genro es abogado, ex-prefecto de Porto Alegre, y miembro del Directorio Nacional del Partido de los Trabajadores

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