nro. 10
La formulación de un proyecto colectivo
EL GOBIERNO FRENTEAMPLISTA DE MONTEVIDEO

Intervención de Hugo Cores

Después del derrumbe inglorioso de los regímenes del este europeo y el proceso de descomposición política y moral y derrota electoral de los grandes partidos socialdemocráticos en el gobierno en Francia, España y otros países centrales, la antigua preocupación del pensamiento socialista acerca de los riesgos y desafíos que entraña el ejercicio del gobierno en las sociedades de democracia capitalista recobra particular vigencia.

Los procesos de vaciamiento ideológico de viejos y fogueados partidos, con sólida implantación en la clase obrera y las luchas democráticas, algunos con años de lucha armada antifascista, con prácticas revolucionarias auténticas y en algún período exitosas, muestra que el proyecto socialista se enfrenta a un escollo sobre el que la reflexión colectiva no ha avanzado lo suficiente. O por lo menos no lo ha hecho en consonancia con el desarrollo práctico, ese sí a menudo rico en experiencias, materia prima de estudio y debate teórico.

Por lo demás, en América Latina, donde las demandas populares por una acción transformadora no admiten la menor demora- no han sido pocos los movimientos con inicial atención revolucionaria que han naufragado luego en las formas más penosas del cretinismo legalista.

Las peripecias de la izquierda uruguaya

El Frente Amplio, -del que se podría decir, a la manera de J. W. Cooke "es el fenómeno maldito del Uruguay oligárquico"- entró en la institucionalidad cuando se salía de la dictadura, cuando se derrumbaba por la rebeldía de la gente, la desobediencia civil y las movilizaciones obrera, la institucionalidad creada para matar a la democracia en el país.

Luego de más de trece años de dictadura cívico-militar y terrorismo de Estado, la "transición" hacia la restauración del Estado de Derecho y la legalización de partidos y sindicatos se dio con el apoyo de los principales dirigentes de la izquierda, especialmente del entonces presidente del Frente Amplio, Gral. Liber Seregni, activo gestor de los discutidos acuerdos de mediados de 1984 (Pacto del Club Naval).

Izquierda e institucionalidad a la salida de la dictadura

Picardías de la historia: la izquierda, que había nacido en 1971 desde afuera del sistema, como resultado de las luchas obreras y estudiantiles de finales de los 60 y de la simpatía con que fueron recibidas en algunos sectores populares, las primeras acciones de la guerrilla urbana, había sido oficialmente borrada del mapa político del país por la dictadura.

Es más: justamente para terminar con la izquierda y los sindicatos clasistas es que se instauró el régimen terrorista de Estado y si la izquierda sobrevivió, en las cárceles y en la clandestinidad, fue por la constancia y el heroísmo de sus militantes en lucha contra la institucionalización del terror construída durante esos 13 años.

Cerrado el ciclo, la izquierda ingresó -a la vez victoriosa e integrada- a la chueca institucionalidad post-dictatorial: continuismo neoliberal en las orientaciones económico-sociales e impunidad para los militares y policías acusados de violación de los derechos humanos.

Las elecciones, con proscritos (entre ellos el propio Seregni), y miles de presos políticos, (entre ellos el principal dirigente de la oposición liberal democrática Wilson Ferreira) pusieron en la presidencia a uno de los artífices consecuentes de las réplicas conservadoras y autoritarias de los s60, el Dr. Sanguinetti, urdidor principal de los acuerdos con los militares.

Oposición parlamentaria

A partir de 1985, para la izquierda se abrió un período complejo. Representando un 20% del electorado nacional y alrededor de un 30% en la Capital, se actuó con energía en la oposición parlamentaria. En el muy activo campo de las organizaciones sociales (sindicatos, cooperativas, organizaciones estudiantiles), la izquierda actuó defendiendo los intereses populares en un período de intensas movilizaciones, expresión de la frustración que aparejaba la restauración democrática con la perpetuación del neoliberalismo económico.

El punto más alto de la conflictividad fue la lucha contra la impunidad y la sobrevivencia de la doctrina de la seguridad nacional, como concepción expresamente aludida en los pronunciamientos de los jerarcas mlitares. La lucha contra la arrogancia autoritaria, el militarismo y la impunidad tomó finalmente una forma singularmente ciudadana y se libró en el escenario institucional: un plebiscito -para cuya realización la ley requería recabar más de 600.000 firmas, una tercera parte del padrón electoral-, un plebiscito, decía que conmovió y dividió campos en todo el país.

La lucha contra la impunidad

La aceptación de la impunidad se impuso contra casi el 45% de los electores y en medio de amenazas de desestabilización enunciadas desde las más altas jerarquías militares y civiles, incluyendo el propio presidente de la república: esto da una idea de lo "libre"que puede seruna elección en una democracia capitalista bajo tutela militar.

La ley, por lo demás, incluía un artículo, (el 4), que obligaba al Poder Ejecutivo, sin fijar plazos ni modalidades juridiccionales, a llevar adelante una investigación sobre los casi 200 uruguayos desaparecidos durante el régimen militar, poniendo el acento en la situación de los niños secuestrados o nacidos en el cautiverio de sus madres y que permanecen desaparecidos.

Esa investigación fue burdamente tramitada: el presidente Sanguinetti la puso en manos de la justicia militar: !verdugo juzga verdugos!. Como lo demostró una impresionante marcha del silencio el último 20 de mayo, cuando se recordaba el asesinato en Argentina de Zelmar Michelini y Héctor Gutierrez Ruiz, la herida sigue abierta.

En los últimos meses la izquierda retoma la exigencia de verdad sobre los desaparecidos, amparándose justamente en el artículo 4 de aquella ley que, por su contenido global, había repudiado.

Buscar el resquicio, la grieta por pequeña que sea, para fundamentar una movilización popular, parece ser una modalidad característica de este país tan exageradamente impregnado lde la ideología jurídica, de las formas y el discurso juridicista.

Con todo lo que ésto conlleva como hándicap, como rémora para una fuerza transformadora, ya que ese universo constitucional y legal no es neutro, como no lo es el Estado. Más aún: está escrupulosamente pensado para asegurar la reproducción de las relaciones de sometimiento y explotación inherentes a este tipo de sociedades.

La izquierda en el co-gobierno de las grandes empresas públicas (1985-1990)

El año 1985 trajo para la izquierda además un nuevo desafío: el gobierno colorado designó a seis técnicos frenteamplistas para integrar, como minoría (uno en cinco) los directorios de algunas de las más grandes empresas del Estado: el Banco de la República (el principal del país), el Banco de Seguros (que detentaba el monopolio de las principales carteras, de los ferrocarriles del Estado, la empresa telefónica nacional, del complejo fabril y energético más importante de la economía uruguaya (combustibles, alcohol y portland), ambas con monopolio estatal y el Instituto Nacional de Colonización (éste en cambio un organismo virtualmente anodino pues en el Uruguay la "reforma"agraria realmente existente es la que -año a año, censo a censo- aumenta el tamaño de las propiedades de los grandes latifundistas, uruguayos o extranjeros).

Los directores fueron designados por el propio Frente y su actuación se desarrolló siempre en estrecho contacto orgánico con la dirección política. En su momento nos pareció peligroso e inconveniente que el Frente aceptara estos cargos. Temíamos que el poderoso engranaje de la burocracia estatal terminara atrapando a la izquierda en su lógica fagocitadora y castrante.

Visto 10 años después el balance es distinto. Y en eso, dentro del Frente nos equivocamos. Salvo una excepción -que respondía a una opción política de ruptura con el Frente del Partido Demócrata Cristiano- la del integrante del directorio del Banco de la República, el resto de las actuaciones de los frenteamplistas en los directorios de las empresas públicas fue muy positivo para la izquierda, para los trabajadores, y para el país.

Los designados son hombres de una larga trayectoria como trabajadores calificados de esas empresas. Su actuación además se desarrolló con una suerte de triple control y apoyo: en primer término, desde la dirección del frente, con reuniones semanales donde se discutían las grandes orientaciones de trabajo a la luz de los lineamientos programáticos de nuestra fuerza política.

En segundo lugar, en cada empresa se formó un colectivo de apoyo-control formado por militantes de los distintos partidos del Frente Amplio, y en tercer lugar el relacionamiento estrecho con la organización sindical (obviamente clasista, independiente) para atender sus reclamos, observaciones y sugerencias.

El resultado mostró gestiones con gran capacidad de contralor y denuncia, un mayor conocimiento de la realidad de ciertas áreas del país a las que es muy difícil acceder desde la esfera política o parlamentaria, y finalmente el prestigio dejado por los representantes del Frente Amplio ante los trabajadores y la opinión pública por su incorruptibilidad absoluta, su transparencia, y su defensa de los intereses populares y del país.

La experiencia funcionó entre 1985 y 1990. Con el advenimiento del gobierno del Partido Naciona, presidido por el Dr. Lacalle, el Frente Amplio -no obstante representar una tercera parte del electorado nacional- fue marginado de la administración.

Como se vería después, el fundamentalismo neoliberal que trae siempre dela mano la corrupción y empuja hacia las privatizaciones, tolera mal el contralor y más si este se hace desde una estrategia comprometida con los intereses populares y de defensa del patrimonio y la soberanía nacional.

La conquista del gobierno de Montevideo

Las elecciones del 89 trajeron otra novedad: el triunfo electoral del Frente en el departamento de Montevideo. Era el fin de un larguísimo ciclo de decadencia, desaliento, y corrupción en el Municipio de Montevideo y el comienzo de una experiencia sin antecedentes para la izquierda uruguaya.

Con el advenimiento del Dr. Tabaré Vázquez al Ejecutivo departamental se inició la experiencia institucional más importante llevada adelante por el Frente desde su surgimiento en 1971.

El ejercicio del gobierno mostró las nuevas posibilidades de acción política que se abrían, no obstante las limitaciones legales y constitucionales que padecen los gobiernos departamentales en un país donde el poder tiende -desde hace 30 años, con democracia o sin ella- a concentrarse cada vez más en el Presidente de la República.

El Programa departamental del Frente para las elecciones de 1989

Importa detenerse en el programa con que el Frente Amplio ganó la elección. Y eso es así porque el gobernante, Tabaré Vázquez, actuó con "programa en mano" y ese documento elaborado y discutido por un Congreso del Frente fue permanente punto de referencia en su discurso y en sus decisiones políticas.

El programa enfoca la situación política desde el ángulo de una crítica de las insuficiencias, falacias y desvirtuaciones que padece la democracia representativa, recortada, no participativa, centralista, opaca ante los ciudadanos que regía en el país tanto en lo nacional como en lo departamental.

Frente a eso construye un modelo de gestión fundado en la transparencia y la descentralización política y administrativa.

El segundo eje sobre el que se apoya la propuesta es la justicia social, sintetizado en una frase sencilla. Vamos!, lo suficientemente comprensible para "las simples gentes: como inquietante para los privilegiados: que pague más el que tiene más.

La situación de extrema polarización social, hija de las políticas de ajuste, la llamada flexibilización laboral y todo el paquete de recetas apuntadas a la caída del salario real y el aumento de la desocupación, han transformado a Montevideo en una ciudad empobrecida, con áreas de miseria intolerable.

Ante eso se vuelve imprescindible que, simultáneamente al proceso de descentralización, se desarrollen políticas sociales hacia los barrios más golpeados por el modelo predominante: atención de la salud, mejoramiento y cuidado de las calles interiores, preservación de los espacios verdes, alumbrado, etc. Por razones que veremos en seguida no fue mucho lo que se pudo avanzar en este terreno.

Los esfuerzos realizados durante el gobierno de Tabaré Vázquez y su personal estilo calmo, coloquial y a la vez firme en la defensa de los intereses de los más desposeídos, le granjearon una amplia adhesión política, especialmente en los barrios obreros.

Esta adhesión se expresó electoralmente en un formidable salto que puso al Frente en los umbrales casi del gobierno nacional. En Montevideo (la mitad del electorado del país), el Frente Amplio llevando como candidato al Arquitecto Mariano Arana, pasó de alrededor del 33% en 1989, a casi el 43% en 1994.

En la elección nacional, con Tabaré Vázquez como candidato presidencial se pasó del 22% a más del 30% de los votos, a solo 30.000 del presidente electo. !En aglunas mesas electorales de los barrios obreros, el FA obtuvo, sólo, más votos que todos los demás partidos juntos!. En cambio, en las zonas más pobres del Uruguay rural, el voto de izquierda cayó a un 8 o un 9%.

Insuficiencias y obstáculos para la descentralización

Si desde ese punto de vista, limitadamente electoral, la gestión resultó exitosa, hay aspectos críticos y autocríticos que puede ser interesante examinar.

El objetivo de crear una institucionalidad verdaderamente democrática y participativa, se encaminó a través de una serie de decretos e impugnaciones de la derecha, que controla el gobierno nacional.

Una primera instancia de descentralización y desconcentración se plasmó en la creación de 18 Centros Comunales Zonales orientados a ir echando las bases de formas de gobierno local, co-gestionarias y autogestionarias. Posteriormente, ha ido tomando la forma de Concejos Vecinales y Juntas Locales, todas electivas por los vecinos. Los cargos no electivos que le corresponden al Frente, también se proveen a través de elecciones internas. No han faltado las dificultades en este terreno.

El proceso de movilización ciudadana y participación en estas instancias, ha sido hasta ahora lento y complicado. Los organismos tienden a cerrarse sobre sí mismos o a reproducir tendencias de cierto rutinarismo, o simplemente de enunciación y recolección de demandas.

La sociedad montevideana padece como todas los efectos de descompromiso y despolitización que conlleva el neoliberalismo, no sólo como doctrina económica, sino como ideología, como moral y como visión del mundo.

Las organizaciones sociales clásicas de los trabajadores: los sindicatos, las cooperativas, las comisiones barriales sobre las que intenta afirmarse el proceso de descentralización, están muchas de ellas debilitadas por la desagregación social que acarrea la ruina de la industra manufacturera, la inestabilidad en el empleo, y la creciente marginalidad.

Salvo a través del desarrollo de las radios comunitarias, constantemente reprimidas por el gobierno central a través del Ministerio de Defensa, tampoco se ha logrado incorporar al embrión existente de gobierno local a los jóvenes, factor humano fundamental en cualquier proyecto de cambio.

De todos modos, los obstáculos principales, no provienen ni de la sociedad ni de los errores de los frenteamplistas, aunque éstos sean importantes, porque está en nuestras manos corregirlos.

El gobierno nacional contra el gobierno frenteamplista de Montevideo

El gobierno de Sanguinetti se ha propuesto asfixiar económicamente a la administración de izquierda. Cuando en Montevideo gobernaban los colorados sobre la base de una inversión en saneamiento urbano de 200 millones de dólares, el gobierno nacional se hacía cargo de 180. Ya con el gobierno del Dr. Vázquez esa cifra cayó a 100. Ahora el aporte del gobierno central es nulo.

El departamente de Montevideo es discriminado también en cuanto al pago de los aportes al Banco de Previsión Social. Mientras las intendencias del interior pagan (deberían pagar) el 16% (de los sueldos a sus empleados), Montevideo paga el 19%. Con una diferencia: a la administración de Montevideo se le exige estar al día, mientras las del interior son financiadas por el gobierno central.

Discriminación también en la recaudación del IVA, que el gobierno no cobra cuando se hace con fondos del BID, pero sí le arranca el 23% cuando se trata de inversiones con recursos propios de la intendencia.

A ésto habría que sumarle las obras de tipo social, que siendo constitucionalmente obligación del gobierno nacional, como atención primaria de salud, guarderías, etc., la Intendencia de Montevideo lleva adelante por elementales principios de solidaridad social.

Finalmente, hasta la propia empresa estatal de seguros premia a los automovilistas que empadronan sus vehículos fuera de Montevideo, con un descuento de 20%, pese a que circulan un gran número en la Capital y están por lo tanto expuestos a la misma siniestralidad que los que pagan su matrícula en Montevideo.

A través de estos cinco mecanismos la Intendencia de Montevideo, de los 310 millones que recauda para atender su presupuesto y poder aplicar lo votado por la ciudadanía, devuelve al gobierno central 57 millones, alrededor de la sexta parte de lo disponible.

Denunciar esta situación, movilizar a los vecinos contra la discriminación y la asfixia económica que impone el gobierno, es hoy una de las tareas centrales del Frente Amplio y sus aliados del Encuentro Progresista.

Hugo Cores es miembro de la Mesa Nacional del Frente Amplio

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