Mientras Europa no deja de inquietarse por el espionaje electrónico que lleva a cabo Estados Unidos en el mundo entero, sus policías preparan, a su vez y en la mayor discreción, un proyecto de vigilancia para todos los usuarios del teléfono y de internet. La prioridad dada a

las modificaciones técnicas de las redes de telecomunicaciones deja en una nebulosa inquietante la forma de control de tales escuchas y las protecciones jurídicas que permitirán salvaguardar ese derecho fundamental que es el respeto a la vida privada.

Haciendo numerosas llamadas telefónicas desde su automóvil. el "sospechoso" abandona el territorio belga, atraviesa Luxemburgo para, una hora más tarde, llegar a Holanda. La policía belga, que lo escucha, ¿tendrá tiempo de pedir a las autoridades del Gran Ducado autorización para continuar la operación?, ¿deberá, incluso, informarles? Supongamos que el "sospechoso" esté provisto del sistema Iridium de teléfono por satélite: la señal llega directamente al satélite antes de pasar por una estación situada en suelo italiano. ¿Cuál será entonces la autoridad encargada de interceptar sus comunicaciones efectuadas desde Holanda: la policía belga, holandesa, italiana?

Los expertos europeos especulan, desde hace varios años, sobre este tipo de escenario. Invocando la mundialización de la criminalidad y los cambios que se suceden en las infraestructuras de la telecomunicaciones, policías, aduanas y servicios de inmigración intentan ampliar sus capacidades de vigilancia.

"Las policías están en camino de efectuar conexiones enlazadas para poder vigilar --sin que medie decisión de la justicia-- el teléfono, internet o Iridium", denuncia la irlandesa Patricia McKenna, diputada europea y agrega que "los planes que nos han sido filtrados podrían ofrecer un acceso ilimitado de las policías a todas nuestras comunicaciones."

"Nuestro objetivo es simple, explica no sin reticencias uno de los expertos del ministerio francés de Interior. Todos los operadores de telecomunicaciones -y no hablo sólo del teléfono- deben tener en cuenta las necesidades policiales. Los miembros de la Unión intentan fijar juntos las normas que impondrán."

Conducidos bajo la égida del Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE). los trabajos se distinguen por su opacidad. "Algunas exigencias elementales deben respetarse, recuerda Glyn Ford, miembro británico del comité de libertades civiles y de asuntos interiores del Parlamento Europeo. Es necesario que haya un cierto dominio de lo que está bajo vigilancia y una dosis de control parlamentaria, europea o nacional. No tenemos objeciones de principio al hecho de que haya escuchas, pero la lucha contra el terrorismo y el blanqueo de dinero no puede servir de pretexto a la escucha de Amnistía Internacional o al espionaje económico."

Todo empezó en diciembre de 1991 cuando el grupo de Trevi [1] solicitado por el Federal Bureau of Investigations (FBI) estadounidense, tomó conciencia de que era necesario "estudiar los efectos de los desarrollos legales, técnicos y del mercado (...) sobre las posibilidades de interceptación, y las acciones a emprender". Decidió entonces comprometerse en "discusiones informales", en el plano europeo así como en el plano internacional: Suecia, Finlandia, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y... Hong Kong fueron consultados.

En junio de 1993, un cuestionario acerca de las diferentes legislaciones en materia de escuchas telefónicas fue enviado por el grupo de Trevi a los países de la UE. Un nuevo texto de cooperación policial estaba en vías de elaboración, destinado a ampliar la convención europea de ayuda mutua en materia penal, adoptada por el Consejo de Europa en 1959. "Pero la convención de 1959 no esta únicamente restringida a los 'grandes crímenes' de los que hablan los ministros, explica Tony Bunyan, investigador en la asociación británica Statewatch. Las nuevas disposiciones se aplicarán, pues, a todas las infracciones, incluso menores."

Paralelamente a esta discusión sobre los aspectos jurídicos, los ministros de Justicia y del Interior preparan una revisión de la "resolución relativa a la interceptación legal de las telecomunicaciones"[2] destinada a tener en cuenta las "nuevas tecnologías: en particular las comunicaciones por satélite, internet, la criptografía, las tarjetas pre-pagadas, etcétera.", de acuerdo con el documento remitido el 4 de noviembre de 1998 por la presidencia austríaca al grupo de cooperación policial[3]. La resolución consiste esencialmente en una lista de "especificaciones" técnicas a imponer a los operadores de telecomunicaciones. Una lista que retoma, palabra por palabra, las especificaciones hechas por el FBI[4], y cuya amplitud deja estupefactos.

En lo que se refiere al teléfono, fijo o móvil. los operadores deberán proporcionar a la policía un acceso integral al contenido de las conversaciones así como a los "datos aferentes": números llamados y números desde los que se llama-- "incluso si la conexión no puede establecerse"--,"localización geográfica" de los usuarios de teléfonos móviles, "cifras emitidas después de la comunicación para efectuar audioconferencias o transferencias de llamadas", etcétera.

En internet, los operadores deberán modificar sus infraestructuras para poder ofrecer "un Interface a partir del cual las comunicaciones interceptadas puedan ser transmitidas (a las) instalaciones de vigilancia", "permanentemente y en tiempo real" A fin de identificar el "objetivo", deberán estar en condiciones de proporcionar "su número de cuenta, su clave, su dirección de correo electrónico, su número personal de identificación"[5]... El presidente de London Internet Exchange, que dirige el principal nudo de Internet en el Reino Unido, considera que los costos necesarios para homologar sus instalaciones "serían probablemente astronómicos, en el caso de que un sistema así sea técnicamente concebible"[6]

Aunque parece lógico requerir que "el objetivo (no esté advertido) de las modificaciones efectuadas para ejecutar la orden de interceptación" es, en cambio, más inquietante constatar que a los operadores se les pedirá "proteger las informaciones que posean sobre la naturaleza y el número de las intercepciones" en marcha, o realizadas, y no "divulgar las informaciones ligadas al método de interceptación"[7]. ¿Quién, en este caso, podría dar cuenta de las actividades de vigilancia?

Además, todo indica que estas disposiciones se refieren a los servicios de información que podrán practicar intercepciones en caso de riesgos para la "seguridad nacional". La legislación particular del Reino Unido, donde una única ley rige las intercepciones de la policía y de los servicios de información, parece plantear algunas dificultades. Y además, la lista de los países implicados en las negociaciones internacionales hace pensar inevitablemente en la alianza "Ukusa", que despliega la red de espionaje militar "Echelon". Y uno se interroga sobre las garantías que podría dar el Consejo de Ministros frente a la eventualidad de una "ramificación" de una red en la otra. "Incluso si el proyecto euro-estadounidense difiere, en su naturaleza-- policial y no militar--así como en sus objetivos, de la red "Echelon", subraya Tony Bunyn. "Las especificaciones hechas representan, para las libertades civiles y para el derecho a la vida privada, un peligro potencialmente igualmente importante." Cuando terminen estas discusiones, concluye, "las normas euro- estadounidenses se volverán de facto "globales". Los occidentales exportarán sus tecnologías de vigilancia hacia los países en donde las condiciones políticas están muy lejos de ser democráticas.

¿CUAL PROTECCIÓN PARA LAS LIBERTADES CIVILES?

En la propia Europa, ¿quién puede garantizar que este sistema no será desviado con fines de vigilancia política? Para no hablar de las "escuchas del Eliseo", baste recordar que el sistema de información de Schengen, el fichero europeo que centraliza las interdicciones del territorio ha llegado, en varias ocasiones, a rechazos de tipo político para medir el perímetro de las libertades dejadas por la cooperación policial cuando se impone sin concertación democrática[8]; así, el 25 de junio de 1998, una militante de Greenpeace, miembro de la tripulación del Rainbow- Warrioren 1995, se vio rechazada al entrar en Holanda, a petición de Francia.

¿Habrá, entonces, que intentar proteger las comunicaciones? El anuncio de Lionel Jospin, el 19 de enero de 1999, acerca de su intención de "ofrecer una libertad completa en la utilización de la criptología"--única técnica capaz de permitir a las empresas, y a los ciudadanos, escapar de las "grandes orejas"--ha sido recibido favorablemente por el conjunto de asociaciones. Al dejar entrever sus sospechas sobre el "espionaje electrónico", el primer ministro francés volvía la espalda a las orientaciones precedentes que habían terminado por aislar a Francia de sus socios.

Respecto de la criptología, las dos lógicas --defensa de las libertades civiles, por una parte; lucha contra la criminalidad, por otra--no han dejado de chocar. Por el momento, se responde al gobierno "no está previsto en absoluto extender la liberalización de la criptología a los intercambios vocales."

Pero Bert-Jaap Koops, investigador en la Universidad de Tilburg (Holanda) y autor de una reciente obra sobre las políticas gubernamentales relativas a la criptología[9], plantea de otra manera los términos del debate: "Los ciudadanos deben intentar siempre controlar al Estado, nos afirma, incluso cuando se trata de interceptar las comunicaciones. Cuando el gobierno es digno de confianza, debería ser suficiente una buena ley de regulación. Pero, si la ley autoriza las escuchas en situaciones que no tienen nada que ver con la seguridad del Estado ni con la lucha contra la criminalidad, o si se aprecia que existen escuchas ilegales, los ciudadanos deberán inclinarse por protegerse individualmente. La única respuesta es una democracia muy viva que consiga instaurar una ley estricta y respetuosa con las libertades individuales."