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Los sucesos de febrero y marzo de 1989, de acuerdo a la cifra oficial, dejaron un saldo de 300 civiles fallecidos. No obstante, no existe una precisión formal en cuanto a la determinación del número de víctimas, quedando desvirtuada esta lista, por la aparición de 68 cadáveres inhumados en las fosas comunes de La Peste; y en los cuales se obviaron los procedimientos regulares tanto de carácter administrativo como penal.
Resulta relevante señalar que no guarda proporción real el número de efectivos y funcionarios del Estado asesinados con el elevado número de civiles que perdieron la vida, como para inferir que las muertes ocurrieron durante enfrentamientos, como han señalado fuentes oficiales.