Amnistía denuncia más de 200 supuestos casos de tortura en comisarías espanolas durante 2009

La Fiscalía del Estado recibió un total de 230 denuncias por torturas a manos de las fuerzas de seguridad en España durante 2009, según el informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, hecho público este jueves.

Así lo afirma el magistrado emérito del Tribunal Supremo y único miembro español de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, José Antonio Martín Pallín, quien advierte de que las torturas ?siguen siendo un problema?, ya que las denuncias presentadas a la fiscalía ?son solo la punta del iceberg?.

Junto a este hecho, el magistrado se refirió a la continuación de la banda terrorista ETA, que supone ?una importante amenaza a los derechos humanos en España, sobre todo en el País Vasco?.

También apunta que ?existen muchas dificultades a la investigación de las denuncias de tortura?, y el hecho de que en aquellos lugares donde se han instalado cámaras y otros mecanismos de prevención (Cataluña y Euskadi) las denuncias hayan disminuido así lo demuestra.

Además, Martín Pallín criticó que España ?es uno de los cuatro países europeos que ni se toma la molestia de documentar los incidentes racistas?, y asegura que se han detectado casos de violaciones de derechos humanos a menores en los centros de internamiento.

SITUACIÓN EN EL MUNDO

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, afirma, por su parte, que ?este (2009) ha sido un año histórico en la consecución de la justicia universal?, en el que se han dictado órdenes contra el presidente de Sudán o el ex presidente peruano Alberto Fujimori.

Sin embargo, advirtió de que dicho avance corre un serio riesgo por ?la politización de la justicia, la negativa de grandes países a aceptar el Tribunal Internacional de la Haya, la impunidad de las grandes empresas y una supuesta solidaridad entre gobiernos?.

?Dentro del G20 hay siete países que eluden la Justicia universal, puesto que no han firmado el Convenio de Roma?, apunta Beltrán.

Entre estos figuran China y Estados Unidos, que no han procesado a nadie por los delitos cometidos en la guerra contra el terrorismo, declaró, y también criticó la ausencia de juicios por la guerra entre Rusia y Georgia; la represión de los derechos humanos en China y Corea del Norte; las detenciones a disidentes políticos en Oriente Medio y Norte de África; el retroceso de las libertades civiles en parte de Europa y Asia central; los ataques a la población civil en África subsahariana, y los crímenes contra mujeres y por motivos raciales en Latinoamérica, entre otros.

Según el informe, un total de 96 países en el mundo tienen restringida la libertad de expresión, 81 no reconocen al Tribunal Internacional, y en 111 está permitida la tortura. Además, se han detectado juicios injustos en 55 de ellos y presos de conciencia en 46 Estados, concluye el informe.

(SERVIMEDIA) 27-MAY-10

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2179026/05/10/Amnistia-denuncia-mas-de-200-supuestos-casos-de-tortura-en-comisarias-espanolas-durante-2009.html

Público, 27 de mayo de 2010

Amnistía reclama que haya cámaras en las comisarías

Su informe anual sobre derechos humanos denuncia por primera vez el maltrato en centros de menores en España

SUSANA HIDALGO MADRID 27/05/2010

El último informe sobre los derechos humanos en el mundo que cada año elabora Amnistía Internacional (AI) deja en bastante mal lugar a España. En 2009 hubo tortura policial, no se ofrecieron datos oficiales sobre racismo, el apoyo institucional a las mujeres víctimas de trata no funcionó y el Congreso de los Diputados limitó la jurisdicción universal. La investigación, incluida en un informe sobre más de 150 países, la realizó el equipo de la organización en Londres tras desplazarse a España para recopilar la información.

Tortura policial. Faltan videocámaras

Amnistía Internacional recoge el siguiente dato de la Fiscalía General del Estado: en 2009 se presentaron 230 denuncias por tortura y otros malos tratos a manos de policías. "Pese a las reiteradas recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, no se han tomado medidas para crear una comisión independiente de quejas contra la policía", critica AI. Junio de 2009 fue un mes polémico en cuanto a la violencia policial, ya que se hicieron públicos a través de Internet varios casos documentados. Un vídeo mostraba el trato degradante inflingido por agentes policiales a un senegalés en el aeropuerto de Barajas. También el pasado junio se filtró a la red un vídeo, grabado en marzo de 2007 por cámaras de videovigilancia, donde tres agentes de la comisaría de la policía autonómica catalana de Les Corts daban una paliza a un detenido.

Amnistía aplaude la implantación en 2008 de dichas cámaras en las comisarías autonómicas catalanas y critica que "ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil hayan aún implementado esas medidas, salvo con detenidos en régimen de incomunicación y sólo si un juez lo solicitaba expresamente". Inmigración. No se conceden asilos

"El Gobierno no documenta los casos de xenofobia", protesta Amnistía recuerda que España tiene una de las tasas de reconocimiento del derecho de asilo más bajas de la Unión Europea y denuncia las redadas policiales a inmigrantes.

El informe valora el hecho de que la reforma de la Ley de Asilo haya ampliado los motivos para conceder la condición de refugiado a las personas que sufren persecución por motivos de género o de orientación sexual.

Violencia de género. Mujeres inmigrantes

"Las mujeres inmigrantes que sufren violencia en el entorno familiar siguen enfrentándose a dificultades para obtener justicia y acceder a servicios especializados", critica AI. La organización alerta de que la respuesta institucional a la lucha contra la trata con fines de explotación sexual es "insuficiente". El Gobierno tiene un plan contra la trata que entró en vigor el 1 de enero de 2009, pero para AI no es eficaz. "No existe un sistema institucionalizado para identificar a las víctimas de trata de personas para el comercio sexual, ni para remitirlas a los servicios de asistencia".

El estudio lamenta que sólo Catalunya haya implantado la videovigilancia

La lucha contra la violencia de género también recibe críticas: "Las víctimas de violencia de género que intentaron obtener resarcimiento se encontraron con numerosos obstáculos, entre ellos la falta de indemnizaciones por las secuelas psicológicas de la víctima".

Racismo. Falta estadística oficial

"El Gobierno español no documenta los casos de xenofobia", denunció ayer Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional. Otras organizaciones, como Movimiento contra la Intolerencia, han denunciado también que la falta de estadística dificulta la lucha contra el racismo.

El Plan español de Derechos Humanos, que empezó en 2008, contenía una disposición dirigida a establecer una estrategia para combatir el racismo. "Sin embargo, al terminar el año todavía no había empezado a aplicarse", dice el documento de AI.

Centros de menores. Maltrato y abusos

Por vez primera, el informe de AI sobre España incluye el maltrato en los centros de protección de menores. "En 2009 hubo denuncias de abandono, medicación forzada, uso excesivo de la fuerza y abusos psicológicos y físicos por parte del personal de estos centros", denuncia la organización. Ya en 2008, el Defensor del Pueblo hizo público un informe en términos similares.

http://www.publico.es/espana/315791/amnistia/reclama/camaras/comisarias

Europa Press, 27 de mayo de 2010

Informe 2010 de Amnistía Internacional

El "derecho a la justicia" de las víctimas del franquismo es la "asignatura pendiente" de España

La limitación del principio de jurisdicción universal es un retroceso en el ámbito de los Derechos Humanos, según AI

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La organización Amnistía Internacional (AI) afirmó este miércoles que "el derecho a la justicia y a la reparación" de las víctimas sigue siendo una "asignatura pendiente en España" por la falta de avances en la investigación de los casos de desapariciones forzadas que se produjeron durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo.

El director de AI en España, Esteban Beltrán, dijo durante la presentación del Informe 2010 de la organización sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo que durante el año pasado España "perdió liderazgo mundial en el ámbito de los Derechos Humanos" debido a que "no se ha avanzado prácticamente nada" en el tema de las fosas comunes y a la limitación del principio de justicia universal.

A su juicio, "para pasar página, primero hay que leerla". Beltrán recordó que el pasado mes de septiembre España ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y, sin embargo, la desaparición forzada todavía no figuraba como delito en la legislación española.

En diciembre de 2008, la Audiencia Nacional resolvió que no era competente para investigar casos de desaparición forzada de la época de la Guerra Civil y los años posteriores, así que remitió los 114.266 presuntos casos de desaparición forzada a los 43 juzgados de instrucción de las localidades donde se habían encontrado las fosas comunes.

Posteriormente, trece juzgados clasificaron los casos como delitos comunes y archivaron las investigaciones con el argumento de que éstos habían prescrito. Sólo tres juzgados locales clasificaron los casos como delitos de Derecho Internacional, que nunca prescriben.

INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO INTERNACIONAL

El 11 de marzo, el Senado rechazó un anteproyecto de ley por el que se pedía al Gobierno que asumiera la tarea de localizar, exhumar e identificar los restos mortales de las víctimas de la Guerra Civil y el régimen de Franco.

Amnistía señaló que "esta decisión entraba en conflicto con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que contenía disposiciones para ayudar a los familiares a localizar y recuperar los restos de sus seres queridos".

Además, añadió, la propia ley de 2007 "distaba de cumplir las normas internacionales relativas al derecho de reparación para las víctimas y los familiares de las víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos".

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito en el Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas, indicó por su parte que a partir del 1 de abril de 1939 se estableció en España una "maquinaria de exterminio" mediante la cual se llevaron a cabo más de 100.000 ejecuciones dictadas en consejos de guerra.

Asimismo, Martín aseguró que los vencedores de la guerra expoliaron bienes a los vencidos y los desaparecidos, aunque se hayan denunciado algo más de 114.000 casos, en realidad "podrían llegar a ser 150.000".

En su opinión, "un país no puede pasar por encima de esto". "Esto tiene que tener una salida, una salida que es judicialmente factible", subrayó Martín, que defendió la actuación del juez Baltasar Garzón al tratar de investigar los crímenes del franquismo.

Para el magistrado, la pretensión de Garzón de investigar el delito de rebelión militar que cometieron los golpistas, las desapariciones forzadas y los casos de los 30.000 niños que fueron sustraídos a sus familias y entregados a otras "está dentro de la más absoluta legalidad".

Martín afirmó que la Ley de Amnistía "que se esgrime" para que no se esclarezcan esos hechos sólo se puede aplicar durante el desarrollo de un proceso penal, no antes de que se abra, y añadió que si en España se hallan "cadáveres con signos evidentes de violencia", el juez de la localidad donde se encuentran debe abrir un proceso de identificación, independientemente de la Ley de Memoria Histórica.

LIMITACIÓN DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

Otro hecho que critica Amnistía en su informe es la limitación de la jurisdicción universal, que fue aprobada el pasado octubre por el Parlamento y que implicaba que se podrían archivar trece casos que se estaban investigando en España.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo lamentó que la jurisdicción universal, una "conquista histórica" que permite juzgar a autores de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en todo el mundo, haya sido "cercenada de forma muy significativa" en España.

A su entender, "la cultura de los Derechos Humanos pertenece a todos los países" y, por lo tanto, "un juez español no puede ser ajeno" a las violaciones de los Derechos Humanos que se cometen en otras partes del mundo.

La reforma que se hizo en octubre circunscribe la aplicación de la jurisdicción universal a los casos en que las víctimas fueran españolas o tuvieran "algún vínculo de conexión relevante" con España y en los que el presunto perpetrador estuviera en España y siempre que no se hubiera iniciado una investigación o una persecución efectiva en otro país o ante un tribunal internacional.

Pero Martín consideró que la referencia a los vínculos de conexión relevante con España que debe tener el caso abre la posibilidad de que los jueces españoles investiguen ciertos crímenes cometidos en países de Latinoamérica y de la Unión Europea.

RACISMO Y DERECHOS DE INMIGRANTES Y REFUGIADOS

Uno de los problemas que identifica AI en la parte de su informe que hace referencia a España es la falta de aplicación de una estrategia integral para combatir el racismo a nivel nacional y el hecho de que sea uno de los cuatro únicos países de la UE que no tienen un órgano nacional que publique datos estadísticos sobre denuncias de racismo.

En cuanto a los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, AI cita informes de ONG de toda España que el año pasado registraron un incremento de los controles policiales de identidad por motivos raciales.

Además, la organización de Derechos Humanos destacó que España sigue teniendo una de las tasas de reconocimiento del derecho de asilo más bajas de la UE. La reforma de la Ley de Asilo, aprobada en octubre, contiene algunos puntos negativos, según AI, pero también modificaciones positivas, como que se pueda conceder asilo a personas perseguidas por motivos de género u orientación sexual. Criticó igualmente que se haya elevado de 40 a 60 días el periodo máximo de detención para los inmigrantes indocumentados.

TORTURAS

AI concluye en su estudio que en 2009 continuaron las denuncias por tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley —230, según la Fiscalía General del Estado—, pero añade que, por ejemplo, en las comisarías de los Mossos d’Esquadra donde se han instalado cámaras de vigilancia, este tipo de denuncias son mucho menos numerosas.

Asimismo, la organización señaló que el régimen de incomunicación que se aplica a personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo implica que éstas tienen "gravemente restringido" el acceso a un abogado y corren mayor riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.

El informe menciona además las violaciones de los Derechos Humanos que suponen los atentados cometidos por la banda terrorista ETA, la muerte de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas y la insuficiente respuesta institucional a otras formas de violencia de género como la trata de mujeres para su explotación sexual.

Por último, alerta sobre el trato que reciben algunos niños y niñas en centros de protección de menores donde el personal les somete a un uso excesivo de la fuerza, medicación forzada, abusos psicológicos y físicos y abandono.

http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-derecho-justicia-victimas-franquismo-asignatura-pendiente-espana-20100527081534.html

Noticias de Navarra, 27 de mayo de 2010

AI cree que España retrocede en Derechos Humanos limitando la justicia universal

Denuncia la falta de avances para investigar a los desaparecidos del franquismo

El informe de la ONG constata abusos en 159 países, reflejo de la brecha abierta por los gobiernos en la justicia global

Jueves, 27 de Mayo de 2010 - Actualizado a las 07:11h.

PAMPLONA. La delegación en Pamplona de Amnistía Internacional (AI), la ONG referente en la defensa de los Derechos Humanos, presentó ayer su informe 2010 sobre El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, un documento de 400 páginas que refleja abusos en 159 países. La organización hizo hincapié en la "brecha abierta por los gobiernos en la justicia global donde prosperan la represión y la injusticia, y millones de personas se ven condenadas a abusos, opresión y pobreza", afirma en el informe Claudio Cordone, secretario general interino de AI.

"Nadie debe estar por encima de la ley", afirmaron Mariam Martín, Virginia Álvarez y Fernando González, que presentaron ayer el informe en Pamplona, al mismo tiempo que éste era expuesto en todas las capitales del mundo. Así, en Madrid, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán dijo que durante el año pasado España "perdió liderazgo mundial en el ámbito de los Derechos Humanos" debido a que "no se ha avanzado prácticamente nada" en el tema de las fosas comunes y a la limitación del principio de justicia universal.

A su juicio, "para pasar página, primero hay que leerla". Beltrán recordó que el pasado septiembre España ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y, sin embargo, la desaparición forzada todavía no figuraba como delito en la legislación española.

El Senado rechazó en marzo un anteproyecto de ley por el que se pedía al Gobierno que asumiera la tarea de localizar, exhumar e identificar los restos mortales de las víctimas de la Guerra Civil y el régimen de Franco. Amnistía señaló que "esta decisión entraba en conflicto con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que contenía disposiciones para ayudar a los familiares a localizar y recuperar los restos de sus seres queridos". Además, añadió, la propia ley de 2007 "distaba de cumplir las normas internacionales relativas al derecho de reparación para familiares de las víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos".

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito en el Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas, indicó por su parte que a partir del 1 de abril de 1939 se estableció en España una "maquinaria de exterminio". Asimismo, Martín aseguró que los vencedores de la guerra expoliaron bienes a los vencidos y los desaparecidos, aunque se hayan denunciado algo más de 114.000 casos, en realidad "podrían llegar a ser 150.000".

En su opinión, "un país no puede pasar por encima de esto". "Esto tiene que tener una salida, una salida que es judicialmente factible", subrayó Martín, que defendió la actuación del juez Baltasar Garzón al tratar de investigar los crímenes del franquismo. Para el magistrado, la pretensión de Garzón de investigar el delito de rebelión militar que cometieron los golpistas, las desapariciones forzadas y los casos de los 30.000 niños que fueron sustraídos a sus familias "está dentro de la más absoluta legalidad".

Límite de la Justicia universal Otro hecho que critica Amnistía en su informe es la limitación de la jurisdicción universal, que fue aprobada el pasado octubre por el Parlamento y que implicaba que se podrían archivar trece casos que se estaban investigando en España.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo lamentó que la jurisdicción universal, una "conquista histórica" que permite juzgar a autores de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en todo el mundo, haya sido "cercenada de forma muy significativa" en España. A su entender, "la cultura de los Derechos Humanos pertenece a todos los países" y, por lo tanto, "un juez español no puede ser ajeno" a las violaciones de los Derechos Humanos que se cometen en otras partes del mundo. La reforma que se hizo en octubre circunscribe la aplicación de la jurisdicción universal a los casos en que las víctimas fueran españolas o tuvieran "algún vínculo de conexión relevante" con España y en los que el presunto perpetrador estuviera en España y siempre que no se hubiera iniciado una investigación o una persecución efectiva en otro país o ante un tribunal internacional.

Las claves

* Socios en Navarra tiene Amnistía Internacional. AI cuenta además con 667 socios en Álava, 1.310 en Guipúzcoa y 1.712 en Vizcaya.

* 7 países del G-20 no han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. EEUU, China, Rusia, Turquía, India, Indonesa y Arabia Saudí no han ratificado el documento.

* 111 países con casos de malos tratos y tortura. Las investigaciones de Amnistía Internacional han registrado casos de tortura en 111 países, al menos 55 con juicios injustos, 96 países con restricciones a la libertad de expresión y un mínimo de 48 con presos de conciencia encarcelados.

* Amnistía Internacional concluye en su estudio que en 2009 continuaron las denuncias por tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley -230, según la Fiscalía General del Estado-, pero añade que, por ejemplo, en las comisarías de los Mossos d"Esquadra donde se han instalado cámaras de vigilancia, este tipo de denuncias son mucho menos numerosas. Asimismo, la organización señaló que el régimen de incomunicación que se aplica a personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo implica que éstas tienen "gravemente restringido" el acceso a un abogado y corren mayor riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos. El informe menciona además las violaciones de los Derechos Humanos que suponen los atentados cometidos por la banda terrorista ETA, la muerte de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas y la insuficiente respuesta institucional a otras formas de violencia de género como la trata de mujeres para su explotación sexual.

http://www.noticiasdenavarra.com/2010/05/27/politica/estado/ai-cree-que-espana-retrocede-en-derechos-humanos-limitando-la-justicia-universal