Asociación Libre de Abogad@s

Nuevos modelos de solicitudes

ALA, En portada — 2012-07-16T11:20:26Z

Con fecha 10 de julio de 2012, se ha dictado Instrucción conjunta del Director General de Migraciones y del Comisario General de Extranjería y Fronteras, por la que se determinan los nuevos modelos de solicitudes que habrán de ser utilizados por los interesados para la iniciación de procedimientos en materia de documentación de extranjeros como consecuencia, esencialmente, de los cambios normativos derivados de la reforma de la L.O 4/2000 y la modificación por el Real Decreto-Ley 16/2012 del Real Decreto 240/07.

La utilización de los nuevos modelos de solicitudes será obligatoria con carácter general desde el 10 de julio de 2012, no obstante, se permite la utilización de los modelos anteriormente en circulación hasta el 30 de septiembre de 2012, momento a partir del cual sólo serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas a través de los modelos aprobados por la referida Instrucción.

Sin perjuicio de modificar todos los modelos añadiendo referencia al Pasaporte en algunos apartados en los que sólo se recogía DNI/NIE y otras modificaciones adicionales, debemos reseñar los nuevos modelajes que hacen referencia a los modelos EX18 (Solicitud de inscripción en el Registro Central de Extranjeros_Residencia ciudadano de la UE) y EX19 (Solicitud de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión).

Las empresas ya pueden aplicar la reforma laboral definitiva

ALA — 2012-07-16T10:48:56Z

RAQUEL PASCUAL - MADRID - 09/07/2012 -

Muchos empresarios han utilizado ya la reforma laboral aprobada por decreto y que entró en vigor el 12 de febrero. Pero otros muchos, antes de hacer uso de esta norma, estaban esperando a conocer los cambios que se iban a introducir en esta ley a su paso por el Parlamento. Pues bien, este trámite terminó hace dos semanas y el pasado sábado, 7 de julio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el texto de la norma definitiva, que entró ayer mismo en vigor.

Tal y como había advertido el Gobierno hasta la saciedad, el núcleo duro de la reforma no ha cambiado en el trámite parlamentario, a pesar de las cerca de 900 enmiendas presentadas por los grupos en el Congreso y en el Senado. El PP usó sin dudarlo su mayoría absoluta para que así fuera. Meses antes, la huelga general del 29 de marzo tampoco influyó para generar ninguna modificación de las demandadas por los sindicatos.

De esta forma, la ley sigue recogiendo un claro abaratamiento del despido, ya sea por rebaja directa de la indemnización de las extinciones improcedentes -que se reduce para todos los casos de 45 días por año y un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año y 24 mensualidades de tope-; o por las mayores facilidades dadas a los despidos objetivos individuales y colectivos por causas económicas, que se pagan a 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades.

Entre estas facilidades destacan una mayor definición de las causas económicas (disminución del nivel de ingresos o ventas ordinarios, durante tres trimestres consecutivos comparados, cada uno, con el mismo trimestre del año anterior), lo que deja menos discreccionalidad a los jueces para determinar la improcedencia de una extinción objetiva por estas causas. Y, en segundo lugar, la ley elimina la autorización administrativa para los despidos colectivos (ERE) lo que de más poder al empresario para llevarlos a cabo.

Los datos corroboran este abaratamiento del despido ya que sólo entre febrero y abril de este año las extinciones objetivas, la mayoría por causas económicas, pagadas a 20 días han aumentado más de un 50% respecto al mismo periodo del año anterior.

El otro gran cambio que en palabras del propio Mariano Rajoy supone un "antes y un después en la normativa laboral" ha afectado a las modificaciones introducidas en la negociación colectiva.

En este caso, se permite la modificación unilateral por parte del empresario de las condiciones sustanciales de trabajo, incluidos los salarios. La nueva ley también facilita el incumplimiento de los convenios superiores (descuelgue) sobre todo en materia salarial; y da prioridad total al convenio de empresa.

Finalmente, el trámite parlamentario tampoco ha cambiado otra de las grandes novedades de la reforma: el contrato de emprendedores; que podrán seguir utilizando las empresas con menos de 50 trabajadores. Este contrato bonificado tiene además un periodo de prueba de un año durante el cual el despido es gratuito. Este periodo de prueba es precisamente una de las causas que algunos expertos han denunciado como posiblemente inconstitucional.

La norma, ante los jueces

El secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó ayer que su partido recurrirá la reforma laboral al Tribunal Constitucional, ya que, en su opinión, la norma pone en riesgo la negociación colectiva, abarata el despido y pretende sacar de los convenios colectivos a las pymes. Este recurso se unirá a la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el juez de lo social de Madrid, José Folguera, sobre la eliminación de los salarios de tramitación. No prosperó, sin embargo, el intento de CC OO y UGT de llevar al Constitucional la reforma a través de la Defensora del Pueblo, quien rehusó hacerlo tras conocer los argumentos sindicales.

Los cambios introducidos en el Parlamento

Los responsables del Ministerio de Empleo han aprovechado el trámite parlamentario para introducir algún cambio, sobre todo de carácter técnico, y guiños a ciertos grupos parlamentarios. Estas son las principales modificaciones respecto al decreto aprobado en febrero y vigente hasta ayer. l Despidos colectivos. En los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) la autoridad laboral administrativa fiscalizará la negociación entre las partes y también podrá asesorar a una de ellas (empresa o trabajadores), e incluso podrá mediar para lograr que se pacten los despidos.

l Despido por absentismo. Desde ayer tiene una nueva definición: las faltas intermitentes, aunque estén justificadas, si superan el 5% de las jornadas hábiles durante el año, lo que se puede traducir entre 12 y 13 de estas ausencias al trabajo.

l Sin pacto en descuelgues. El texto definitivo clarifica el itinerario a seguir cuando no hay pacto en un caso de inaplicación del convenio por decisión de la empresa. Así, el primer paso será intentar resolverlo en la comisión paritaria del convenio; si sigue sin haber acuerdo, se acude a los servicios interprofesionales de mediación y arbitraje estatales o autonómicos pactados; y, solo si dichos servicios no prevén un arbitraje (cuya decisión es vinculante) se acudirá, en tercera instancia.

l Causas económicas. El texto definitivo precisa que se producirán con una disminución de ingresos o ventas "ordinarias" y especifica que los tres trimestres consecutivos deben comparase, cada uno, con el mismo del año anterior.

l Ultraactividad. El límite de la prórroga automática de los convenios pasa de dos años a uno. Al cabo de este, si no hay acuerdo el contenido decaerá.

CAMBIO SEDES COMUNIDAD MADRID

ALA, En portada — 2012-07-16T09:12:10Z


Cambio sede órganos jurisd.

FIESTAS DE VERANO ASOCIACION ABOGADOS LABORALISTAS DE TRABAJADORES DE MADRID

ALA — 2012-07-13T20:00:00Z


FIESTA ASOCIACIÓN ABOGADOS LABORALISTAS

Sentencia histórica por los bebés robados en Argentina

ALA, En portada — 2012-07-09T10:04:17Z


ABC

1 Comentarios

Si dudas hay todavía muchas sobre donde están cientos de bebés robados, el veredicto del Tribunal bonaerense no ha querido dejar lugar a ninguna. Jorge Rafael Videla, de 86 años, y Reynaldo Bignone, de 84, los dos exdictadores argentinos, pasaran probablemente lo que les queda de vida en la cárcel por aquellos hechos sucedidos en los oscuros años de 1973 a 1986. Tras más de 15 años de denuncias, la causa juidicial se inició hace casi un año y medio. 11 acusados en total y un centenar de testigos que han dejado relatos estremecedores. Por ejemplo, que las prisioneras daban a luz esposadas y encapuchadas. La mayoría nunca pudieron ver el rostro de sus hijos.Emoción festiva a las puertas de los Tribunales de Comodoro. Las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, familias y amigos, seguirán buscando a sus desaparecidos.

http://www.abc.es/videos-internacional/20120706/sentencia-historica-bebes-robados-1722918517001.html

Los abogados piden un estatuto que proteja a los presos discapacitados

ALA, En portada — 2012-07-09T10:00:38Z

Rosario Zanetta Madrid 5 JUL 2012 -


EL PAIS

Los enfermos mentales internos en las cárceles españolas se encuentran en una situación precaria. Así lo ha señalado esta mañana el Consejo General de la Abogacía (CGAE), durante un seminario organizado para poner de manifiesto las deficiencias del sistema penitenciario a la hora de tratar a estos reclusos. El presidente de la entidad, Carlos Carnicer, ha manifestado la urgencia de contar con un estatuto jurídico apropiado, que ayude a los abogados a tratar adecuadamente a las personas que han delinquido y que tienen sus facultades mentales perturbadas. Carnicer ha reconocido que durante los últimos años ha habido avances en esa dirección, sin embargo, ha enfatizado que siguen siendo necesarias nuevas reformas.

El Consejo de la Abogacía ha entregado un informe en el que se plantean las principales mejoras que el sistema requiere. Entre ellas, se ha propuesto evitar los internamientos inadecuados de personas con trastornos mentales y se ha hecho un llamamiento a los letrados a optar, más bien, por medidas alternativas y no privativas de la libertad. En esa línea, la CGAE ha destacado la necesaria colaboración de los abogados que intervienen en cada caso, para asegurar que se conozca durante todo el proceso penal la situación mental de sus clientes.

El 46% de la población penal padece de algún trastorno mental, según cifras del Ministerio del Interior

Durante la inauguración de la jornada, Mariano Casado, presidente de la federación de discapacitados FEAPS Madrid ha destacado que a un 70% de las personas con discapacidad que han sido condenadas no se les ha considerado en ningún momento su discapacidad. Según datos de 2007 del Ministerio del Interior, el 46% de la población penal española padece de alguna enfermedad psiquiátrica.

Casado ha coincidido con el presidente de la organización de abogados en el papel fundamental que tienen los letrados a la hora de dar a conocer la condición de los enfermos durante todo el proceso judicial. Asimismo, ha enfatizado en la importancia de que los abogados cuenten con apoyo profesional para tratar correctamente a estas personas.

Durante el desarrollo del seminario se discutieron otras dificultades en el trato hacia estos reclusos. Entre otras, se ha destacado la escasez de hospitales psiquiátricos a los cuales derivar a este tipo de pacientes. En toda España existen dos centros de estas características: el de Fontcalent en Alicante y el de Sevilla. En ellos, según el Consejo, se dan tres problemas fundamentales: la superpoblación, el internamiento inadecuado y la dispersión geográfica de los pacientes ante el bajo número de centros.

Consciente de esta situación, el juez de Vigilancia Penitenciaria Luis Ángel Ortiz ha realizado un llamamiento para que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal recoja estas reformas necesarias para garantizar mayores derechos de los reclusos con discapacidad.

El Consejo de Ministros estudiará hoy la reforma del CGPJ

ALA — 2012-07-09T09:59:15Z

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros estudiará este viernes el informe con los trabajos realizados hasta el momento por la Comisión de expertos encargada de elaborar una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta, que incluye la modificación del sistema de elección y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El informe que el Ministerio de Justicia someterá al estudio del Consejo de Ministros no es el anteproyecto de ley, pero sí los trabajos realizados por la Comisión institucional constituida el pasado marzo para configurar una organización "más racional y eficaz" de la Administración de Justicia.

La reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial se concibió con la pretensión de superar "el obsoleto modelo basado en el partido judicial" y de "adaptar la organización territorial a los tiempos actuales de acuerdo con el modelo de organización judicial". Tiene además como objetivo contribuir a la reactivación económica y a la protección de los derechos civiles, sociales y económicos.

Los expertos también han debatido sobre las condiciones de los futuros miembros del Consejo General del Poder Judicial para que sean muy diferentes a las que tienen en la actualidad.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que este viernes revisará el Consejo de Ministros contemplará previsiblemente que sólo haya unos cinco vocales liberados y que el resto cobre sólo dietas por asistir a plenos y que sigan con su trabajo de jueces y fiscales, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno.

En la actualidad, el órgano de gobierno de la judicatura está compuesto por un total de 20 vocales mas el presidente. Todos ellos están liberados de sus ocupaciones y mantienen unos sueldos que están considerados de los más altos de la administración del Estado.

De hecho, el presidente del CGPJ cobra casi el doble que el presidente del Gobierno. Su sueldo anual es de 130.000 euros repartidos en catorce pagas. Los 20 vocales reciben una remuneración, también muy superior a la del jefe del Ejecutivo, aunque un poco menor que la del presidente del Consejo. Reciben 112.000 euros anuales.

CAMBIO EN LAS CONDICIONES Y LA ELECCIÓN DE LOS VOCALES

Sin embargo, esta situación podría cambiar a partir de la próxima renovación del CGPJ, que toca para el cuarto trimestre de 2013, a tenor de la reforma que prepara el Ministerio de Justicia, en la que, además, se prevé modificar el sistema de elección de los vocales.

Las fuentes consultadas explicaron que la previsión es que se mantenga una Comisión Permanente en el Consejo del Poder Judicial, que esté formada por unos cinco miembros liberados con dedicación exclusiva. El resto de los vocales mantendría la actividad que tuviera asignada previamente a ser elegido y sólo cobraría dietas por la asistencia a los plenos, una vez al mes o cuando les convoque el CGPJ.

Este sistema sería muy similar al que ahora funciona en el Consejo de Estado, en el que hay una comisión permanente —formada por ocho miembros, más el presidente y el secretario general—, que se reúne todos los jueves. Mientras que el resto de los consejeros que integran el pleno, hasta llegar a una treintena, no tienen dedicación exclusiva y sólo cobran dietas por la asistencia a los plenos.

EVITAR "LA BUROCRATIZACIÓN EXCESIVA"

Para la reforma del CGPJ, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón también ha venido defendiendo en distintas comparecencias la necesidad de cambiar la forma de elección de los vocales para "despolitizar" la designación de los 12 vocales que ahora son elegidos por el Congreso y el Senado de entre los miembros de la Carrera Judicial.

Para ello, planteó que éstos fueran elegidos por los propios jueces a través de un sistema electoral que garantice la máxima representación de todos aquellos.

Los otros ocho vocales son juristas de reconocido prestigio y son elegidos igualmente por las Cámaras legislativas. A estos ocho vocales no les afectaría la reforma.

Finalmente, la reforma de la LOPJ ha procurado igualmente evitar la burocratización excesiva y acometer una redefinición de competencias y de Comisiones en el Consejo General del Poder Judicial.

La Justicia se colapsa

ALA — 2012-07-09T09:57:41Z

Carlos Hidalgo Día 05/07/2012

El colapso en la Justicia madrileña es inasumible. Aunque en 2011 se registró una leve caída de los asuntos tratados (casi 1,5 millones, un 2,59% menos), la altísima litigiosidad sigue desbordando todas las sedes judiciales. Además, es alarmante que aún quedasen 472.215 procedimientos por resolver a 31 de diciembre de 2011.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, lanzó ayer un «S.O.S» judicial, antes de que todo salte por los aires. La Memoria Anual pone negro sobre blanco la inviabilidad del sistema si no se adoptan medidas pronto.

Contencioso-Administrativo: Juicios señalados para 2017

La crisis no ha supuesto un incremento global de asuntos judiciales en el último año; sin embargo, en lo Contencioso-Administrativo la carga de trabajo ha crecido un 26,76%. Son casi 40.000 asuntos, cuatro veces más que hace diez años. Y ahí los problemas económicos sí que se notan. De ahí que se estén señalando procedimientos abreviados para 2017, enfatiza la Memoria de 2011 del TSJM.

Penal: Cuatro veces más robos en pisos y locales

En líneas generales, los asuntos de lo Penal se mantienen en mismo número con respecto al año anterior; pero aunque hay delitos que bajan, en contraposición hay otros que no sólo crecen, sino que en algunos casos se disparan de manera alarmante.

El caso más preocupante es el de los robos con fuerza en domicilios y locales comerciales. Nada menos que cuatro veces más asuntos que en 2010: de 120 a 476, en los juzgados de Instrucción.

Es la delincuencia común, que además es la que más preocupa a la ciudadanía, la que agrupa más subidas:las lesiones, el maltrato familiar, el hurto, los atracos, los delitos de tráfico, la falsificación...

Otra buena noticia, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer sí han registrado menos casos: 12.694, un 2,1%, una bajada que se experimenta desde 2009.

Oficina Judicial: Ineficiencia general

El informe del presidente del TSJM no se anda con eufemismos ni circunloquios. A la hora de calificar la nueva Oficina Judicial, no duda en tacharla como «de resultados decepcionantes». «Ha tenido un coste altísimo y sin incrementar la eficiencia». Pero no son las únicas quejas. Los sistemas de trabajo son «anticuados»; «se discute con la autoridad de jueces y magistrados y cada vez están más aislados de su actividad jurisdiccional»; y el número de interinos, jueces sustitutos y magistrados suplentes, «en vez de disminuir, crece».

«Todo este panorama está sirviendo para minar cada vez más la confianza de los ciudadanos en la Justicia, en la que ya atisban incluso síntomas de corrupción en las últimas encuestas», añade la Memoria.

¿La solución a todo este descalabro? «Huir de la burocracia, la desorganización, los intereses corporativos y valorar a los jueces y funcionarios».

La Justicia madrileña deja 472.215 asuntos pendientes en 2011 por el atasco

ALA, En portada — 2012-07-06T11:11:56Z

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los tribunales madrileños registraron el pasado año el ingreso de 1,4 millones de asuntos, lo que supone una reducción del 2,59 por ciento respecto al año anterior, y dejaron pendientes por el atasco judicial un total de 472.215 temas, una cifra que supone un 3,06 por ciento respecto a 2010.

Un año más, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha pormenorizado en rueda de prensa los datos que incluye la Memoria de esta sede judicial correspondiente a 2011.

Según Vieira, las cifras reflejan que uno de los principales problemas que aqueja a la Administración de Justicia sigue siendo la elevada litigiosidad que asumen los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid. A ello se suma la deficiente situación de los inmuebles que albergan las sedes judiciales.

La Memoria incorpora una serie de medidas propuestas por Vieira para combatir este atasco judicial, advirtiendo de que con más juzgados se corre el riesgo de incrementar el nivel de ineficacia. No obstante, Vieira ha recalcado que la sobrecarga de trabajo no está de momento repercutiendo de manera grave en los ciudadanos.

Así, expone que sólo con la adopción de medidas legales urgentes se podrá reducir la abrumadora carga de trabajo, el principal azote de los tribunales desde los últimos años.

Entre las medidas planteadas, Vieira ha destacado la necesidad de racionalizar el acceso a los tribunales y, en este punto, ha hecho referencia a la necesidad de modificar la actual regulación de la asistencia jurídica gratuita.

A su juicio, el sistema actual no permite una valoración previa para el que solicita este servicio. Además, ha considerado que la reducción de un 20 por ciento en la partida destinada al Turno de Oficio en los Presupuestos no tendrá "efectos perniciosos" siempre que haya medidas que reduzcan el ingreso de asuntos en este área.

Asimismo, el máximo responsable de la Justicia madrileña ha apostado por fomentar las medidas de resolución extrajudicial de conflictos: el arbitraje y la mediación.

APROVECHAR LA CRISIS

Sobre la situación actual, ha destacado que se debe aprovechar la crisis para mejorar "las estructuras de la Administración de Justicia para fijarnos en aspectos que se puedan mejorar incluso sin coste económico". En su opinión, se podrá mejorar el sistema económico español si se mejora la Justicia para incrementar la confianza europea hacia España.

Además, Vieira ha detallado algunas medidas para mejorar la Justicia en Madrid dentro del ámbito de las competencias del TSJM y de la Comunidad de Madrid. Así, ha hecho mención a la necesidad de reducir el número de funcionarios interinos y el establecimiento de un plan de choque para la formación de los funcionarios interinos.

Otra de las medidas de centra en revisar el sistema de prolongaciones de jornada de forma que se limiten a supuestos claramente excepcionales y debidamente justificados. Y se plantea la implantación de manera acompañada de la Nueva Oficina Judicial y de la Oficina Fiscal, entre otras propuestas.

LEVE DESCENSO

En cuanto a los datos, la única jurisdicción que ha aumentado debido a la crisis ha sido la Contenciosa-Administrativa en la que las entradas de asuntos subieron un 14,87 por ciento y los asuntos en trámites, al acabar 2011, en un 15,27 por ciento.

En cambio, la tendencia bajista se centra en la jurisdicción civil, donde se ha producido una reducción del 16,01 por ciento en los ingresos y del 14,22 por ciento en los asuntos pendientes al acabar el año.

También en la jurisdicción social hay un descenso en los ingresos del 8,05 por ciento, si bien los asuntos en trámite al acabar la anualidad se elevaron en un 5,24 por ciento. Y la Jurisdicción penal se estabilizó, elevándose en un 0,50 por ciento los ingresos y en un 0,93 por ciento los asuntos que había al acabar el año.

ASUNTOS PENALES EN LA AUDIENCIA

Entre los datos de la Audiencia Provincial de Madrid, destaca la entrada de 33.307 asuntos en las secciones penales, lo que supone un incremento del 1,8 por ciento respecto al año anterior. Además, se han resulto un total de 31.297 asuntos, un 2,71 por ciento por debajo de los 32.168.

Por ello, el número de asuntos pendientes ha aumentado en un 27,74 por ciento, ascendiendo a 8.901 frente a los 6.968 que había al inicio de año. Según Vieira, este incremento se debe a la supresión del plan de refuerzo con el que contaban las secciones penales.

Por otro lado, Vieira ha mostrado especial preocupación por la carga de trabajo en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que han registrado un incremento en un 26,76 por ciento de los asuntos. Así, se han resuelto un 4,63 por ciento más que el año anterior y se han elevado el número de asuntos pendientes, en un 27,80 por ciento.

En este punto, el presidente del TSJM ha recalcado que es especialmente preocupante la dilación de los señalamientos de los procedimientos abreviados, que en algunos Juzgados lo están siendo ya para el año 2012

Por otro lado, el número de asuntos incoados en los Juzgados civiles se redujo en un 17,7 por ciento, siendo 226.794 asuntos, por debajo de los 275.583 que lo fueron en el ejercicio anterior.

Sin embargo, solo en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer subieron tres indicadores. Así, entraron un 9,62 por ciento más de asuntos civiles, se resolvió un 12,40 por ciento más y se elevó el porcentaje de asuntos pendientes en un 6,34 por ciento.

Justicia descarta prohibir la esterilización forzosa de personas con discapacidad

ALA, En portada — 2012-07-06T11:10:08Z

Europa Press | Madrid miércoles 04/07/2012

El Ministerio de Justicia descarta eliminar el artículo 156.2 del Código Penal. Este artíclo, despenaliza la esterilización forzosa de personas con discapacidad declaradas incapaces judicialmente. No considera que se trate de una vulneración de sus derechos.

No obstante, estudiará la regulación de un "procedimiento especial" para estas prácticas mediante la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así lo explica la directora de gabinete del ministro Alberto Ruiz Gallardón, Cristina Coto del Valle, en una carta dirigida al presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Éste, había rogado al Ejecutivo la supresión del artículo por considerar que viola la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y que atenta contra los Derechos Humanos. La carta del Ministerio

'Sólo se despenaliza la esterilización cuando no pueden prestar consentimiento libre'

Según la carta, Justicia considera que "la esterilización de la persona incapaz realizada con autorización judicial, otorgada por concurrir los elementos justificadores de carácter material y formal definidos en la Ley, y tomando como criterio rector el mayor interés de la persona que sufre graves deficiencias físicas, no supone ir en contra de los principios de la Convención".

En este sentido, la directora del Gabinete del ministro argumenta que la ley "sólo" despenaliza la esterilización forzosa "cuando la persona por su incapacidad psíquica grave, no puede prestar consentimiento libre e informado. Esto si será totalmente exigible para el resto de personas con discapacidad", según recoge la misiva oficial.

Con todo, Coto Del Valle considera que esta regulación "es susceptible de mejoras", especialmente en el ámbito civil. Por ejemplo desde un aspecto sustantivo, "con el incremento de las garantías previstas y objetivando expresamente las razones de esta intervención". O, también, desde un punto de vista procesal, "estudiando la posibilidad de regular un procedimiento especial en la Ley de Enjuiciamiento Civil". Una 'espantosa vulneración de derechos'

Por su parte, el CERMI ha contestado con otra misiva pidiendo a Gallardón que reconsidere la "errónea" posición. En la carta, le instan a que proceda "de forma inmediata" a abrir un diálogo con el movimiento asociativo de la discapacidad, para desterrar lo que consideran una "espantosa" vulneración de derechos.

'Todas las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos en igualdad de condiciones'

Desde el CERMI se manifiesta el "más intenso estupor" ante el contenido del escrito del Ministerio. Así como una "honda" decepción y un "enorme" lamento por los argumentos que ofrece Justicia para justificar "algo que es internacionalmente reconocido como una violación de derechos humanos".

Según explica el Comité, los tratados internacionales reconocen que todas las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, es "obligación" de los poderes públicos protegerles "sin injerencias indebidas, condenando a quienes pueden obstaculizar su disfrute".

"Lo que nuestro Código Penal tipifica como indeseable para todas las personas, algunas instancias, superadas por el tiempo y el avance de la dignidad, lo quieren justificar para aquellas que tengan una discapacidad, al amparo de un interés legítimo. Esto sólo responde a la ignorancia y desidia en poner los medios para que las personas con discapacidad puedan tener la decisión plena sobre su salud sexual y su capacidad reproductiva y de tener descendencia", reza la carta del CERMI. Una práctica extendida en distintos países

La pasada semana, Madrid acogió una conferencia internacional para analizar los desafíos del nuevo milenio en las mujeres y niñas con discapacidad. Estos colectivos son los principales sujetos de la esterilización forzosa en España.

Se da en distintos países de la UE, así como en EEUU, Canadá, Japón o Australia

La comisionada de género del CERMI, Ana Peláez, denunció en la presentación del evento que la esterilización forzosa es "un tema que incomoda a todo el mundo". Por eso, ni se denuncian todos los casos ni hay datos estadísticos al respecto.

"La forma de evitar embarazos es muy amplia, no podemos usar mutilaciones", reclamó Peláez.

Además, incidió que la principal consecuencia de esta medida, que adoptan los tutores legales de la mujer con discapacidad tras dictarse una orden judicial, es que "la exposición al abuso sexual" de estas mujeres es "mucho mayor". Ello se debe a que el abusador sabe que no habrá consecuencias visibles de sus actos al no existir posibilidad de embarazo.

Esta permisividad con la esterilización no consentida y no conocida en muchos casos por las mujeres que la padecen, no es exclusiva de España. Se da en distintos países de la Unión Europea, así como en Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia.

Peláez destacó que, de hecho, en Norteamérica han comenzado a surgir denuncias de mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad en la adolescencia. Las denunciantes, en su madurez, exigen ser resarcidas por esa violación de sus derechos sexuales y reproductivos.