Los restos de la Revolución Mexicana y los zapatistas: el porqué de una rebelión y la marcha al Distrito Federal
El artículo 27 de la Constitución mexicana.

El siglo XX comenzó en México bajo el signo de la Revolución. Las huelgas en los ferrocarriles en 1903 y 1906, la de la mina de cobre de Cananea y de nuevo los ferrocarriles en 1908, anunciaron la Revolución que comenzó en 1910. Cuando ésta terminó, en 1920, Emiliano Zapata ya había sido asesinado (el 10 de abril de 1919) y Francisco Villa lo sería en breve (20 de julio de 1923).
De las cosas que quedaron en pie como resumen de los años de lucha, estaba la Constitución que había sido aprobada el 31 de enero de 1917 en el marco de una Convención en que liberales y conservadores midieron, ideológicamente, sus posiciones. Si bien la Constitución recogió tan sólo una pequeña parte de las demandas campesinas, las fuerzas liberales burguesas más avanzadas lograron imponer algunos puntos que la convirtieron a en la más avanzada del mundo en ese momento, pues aunque no rebasaba los marcos del derecho burgués, prácticamente declaraba inconstitucionales a los terratenientes y a los latifundios, defendía los derechos de obreros y campesinos y favorecía y estimulaba reformas nacionalizadoras en ramas fundamentales de la economía.

Esta avanzada Constitución fue objeto, sobre todo a partir de los años 50, de innumerables modificaciones que fueron tratando de cambiar ese carácter progresista bajo el pretexto de modernizar sus postulados. La ultima modificación importante la realizó Carlos Salinas de Gortari que con el cambio del artículo 27, dio fin a ese ciclo «modernizador» de la Constitución.
Fue precisamente el articulo 27 uno de los puntos que centraron mayores discusiones en su formulación; finalmente, recogió una de las demandas más importantes de los grupos campesinos que se unieron a la lucha de Zapata y Villa: declaraba que la propiedad de las tierras y las aguas en territorio mexicano correspondía originariamente a la nación, que a su vez tenía el derecho de transmitir su dominio a los particulares, constituyendo así la propiedad privada; pero, sobre todo, sancionaba las normas de reparto agrario y establecía el ejido, forma moderna de la propiedad comunal con la categoría de institución constitucional junto a la pequeña propiedad.
En suma, la Constitución Mexicana fue obra de la burguesía capitalista, pero también testimonio directo de las conquistas arrancadas por las masas campesinas en su lucha.

Al amparo del artículo 27 constitucional, Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, e inició de forma masiva la reforma agraria. La creación y constitución de ejidos empezó a extenderse por todo el país y aunque los gobiernos posteriores trataron de frenar este proceso no fue sino hasta Carlos Salinas de Gortari que un Presidente fue capaz de decir que el reparto agrario en México se había acabado.
Al amparo constitucional, los pueblos y comunidades que solicitaban la dotación de tierras bajo la forma ejidal asumían la propiedad de la tierra que les ligaba en principio a sus comunidades, es decir, la tierra otorgada bajo esta forma era repartida de manera equitativa entre todos los miembros que vivían en la comunidad y, por tanto, podían trabajarla; la tierra podía ser transmitida de padres a hijos, pero en ningún caso se admitía su venta y mucho menos su embargo, representando así la garantía de que. al menos, todos los miembros de la comunidad tendrían un trozo de tierra para sobrevivir

En las décadas siguientes a Cárdenas, los expedientes agrarios sin resolver, unos de constitución de nuevos ejidos, otros de ampliación de los ya existentes, se acumularon por millares. Pese a todo, los campesinos en México, en su mayoría indígenas, mantenían la esperanza de ver, en algún momento, resueltas favorablemente sus demandas. Esa esperanza permeaba el país de norte a sur, incluido Chiapas donde miles de indígenas habían emigrado hacia la zona de la Selva a partir de los años 40 formando nuevos centros de población y solicitando para los mismos la correspondiente dotación de tierras. Es obligado decir que, en diferentes momentos, este éxodo a la selva fue alentado por los Gobiernos Federal y Estatal como forma de aliviar la presión que campesinos sin tierras ejercían sobre los latifundios camuflados, propiedad de finqueros y ganaderos.

Cuando ya en la década de los noventa; Salinas comenzó a negociar con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio, este tipo de propiedad de la tierra resultó uno de los escollos más duros: sus futuros socios exigían que la propiedad de la tierra pudiese cambiar de manos por medio de las transacciones más comunes en el mundo en que vivirnos: la compra y venta y, por qué no, el embargo, ya que, desde el punto de vista agrícola, México aparecía como un fabuloso mercado del que sacar buenos productos al exterior y, por tanto, jugosas ganancias de las grandes corporaciones agrícolas de los países del norte.

Así Pues, Carlos Salinas hizo una nueva modificación a la Constitución eliminando del artículo 27 las trabas que impedían que las tierras pudieran entrar en el «mercado mundial de tierras». Además, y para que el trabajo fuera completo dio por finalizado el reparto agrario. Esta, junto con las condiciones de marginación y miseria en que viven las comunidades indígenas, fue una de las causas que propició la Rebelión Zapatista en Chiapas, que tiene entre sus reclamaciones principales el acceso a la tierra, muy unida a la demanda de autonomía para los pueblos indios.