Revista
de la Asociación Libre de Abogados Diciembre 2001
Consejo de Dirección:
Karmele Cabrera, Florentina Carrasco, José Manuel Hernández,
Begoña Lalana, Carmen Miier, Juan Manuel Olarieta.
Colaboradores:
Francisco García Cediel, Carlos López Keller, María
Gutiérrez.
Depósito legal: M-10621-91
Sumario
Los
males crónicos del Turno de Oficio
Por la paz. No a la guerra
Seis años con jurado
Los restos de la Revolución
Campaña por un
Turno de Oficio digno
Nueva
Reforma Laboral: más de lo mismo
Un despacho más saludable
Jurisprudencia
Cosas que pasan
A.L.A. informa
En
la Asociación Libre de Abogados no nos cansamos fácilmente.
Y un buen ejemplo de esta actitud es nuestra obstinada y reiterada protesta
por el estado en que se encuentran tanto el Turno de Oficio como la Asistencia
Jurídica Gratuita.
Huelga ya cualquier descripción de una situación que por
escandalosa nos subleva.
Pero la gota que ha colmado el vaso de nuestra paciencia ha sido la última
actuación del Ministerio de Justicia en connivencia con nuestro
Ilustre Colegio y con el Consejo General de la Abogacía: en periodo
electoral se nos prometieron grandes esfuerzos para dignificar el ejercicio
de nuestra profesión, e incluso se atrevieron a vaticinar resultados
espectaculares.
El resultado, ya lo sabemos, ha sido una vez más un burdo engaño.
En esta ocasión un engaño antológico pues el resultado
de tan grandes esfuerzos ha sido una subida del 7% con respecto a las
retribuciones anteriores, ni siquiera el equivalente al IPC acumulado
desde el año 96, fecha de la última subida. Con el agravante
de que en las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las
competencias sobre Justicia, la retribución media es el doble de
la que percibimos los colegiados de Madrid.
Si el parámetro para las respectivas asignaciones económicas
a cada colegio es el número de beneficiarios de justicia gratuita,
así como el número de asistencias a detenidos, es difícil
entender la abismal diferencia entre lo que perciben los letrados madrileños
con respecto a vascos o catalanes, por poner un ejemplo.
¿Qué
conclusiones se pueden sacar de esto?
La primera es obvia: los derechos fundamentales del ciudadano son de diferentes
categorías. Sanidad, educación, defensa, son esenciales
y por tanto el estado se ocupa de que médicos, profesores o soldados
estén, sino espléndida, sí al menos adecuadamente
retribuídos.
Por el contrario, la Justicia es un derecho de segundo orden, por lo que
no parece necesario remunerar a los profesionales que la sostienen más
que de modo meramente testimonial. Un ahorro de millones a costa de miles
de abogados que prestan un servicio público fundamental a cambio
de unos honorarios ridículos.
Y que en ocasiones realizan labores que van incluso más allá
de lo que estrictamente constituye su profesión, pues hasta la
solicitud y tramitación de la asistencia jurídica, labores
puramente funcionariales, se nos encomienda. Un chollo, vamos.
La segunda conclusión es no sólo igualmente obvia, sino
de todos conocida: al Colegio de Abogados le importa tan poco los derechos
del justiciable sin medios como la dignidad e intereses de los letrados
a los que dice representar. Insistir en algo tan sabido sería estúpido
sino fuera porque nos lleva directamente a la tercera conclusión,
tan lamentablemente obvia como las dos primeras.
Si así están las cosas es porque así lo permitimos.
Ni un solo ejemplo histórico nos permite presumir que obtendremos
nuestras reivindicaciones sin luchar por ellas.
Sólo cuando asumamos que la responsabilidad última nos corresponde
a nosotros, sólo cuando nos unamos y pasemos a la acción,
conseguiremos una retribuciones dignas, una gestión transparente,
un turno de oficio, en definitiva, que responda tanto a nuestros intereses
como a las necesidades de la sociedad.
Los abogados franceses lo sabían y actuaron en consecuencia, ALA
lo sabe y ha puesto en marcha una campaña para cambiar la situación.
El resto es cosa de todos.