Fernando Oliete Fernández

1 Ahora de educar se trata. Y de garantías. Del interés superior del menor. De Normas, Tratados y Acuerdos Internacionales, de la Convención de Derechos del Niño. De la Constitución, la Ley de Protección Jurídica del menor y las leyes autonómicas….

Y del Derecho Penal, claro. Habrá que compaginarlo con la pedagogía, relacionar represión (o amenaza de la misma) con educación. Y no parece muy coherente. Aún más, diría yo que me parecen esencialmente contradictorios los fundamentos del derecho penal y de la educación. Bueno, pues se trata de hacerlos compatibles. Primer problema.

2 Y se trata de educar porque, recordémoslo, estas Leyes se han de aplicar a personas menores de edad. La consideración legal entiende que quien tiene 18 años está ya debidamente formada, lo bastante para entender lo que hace y responder de sus actos.
Por eso, constitucionalmente, los Poderes Públicos tiene la obligación de proteger y amparar el desarrollo de las personas menores de edad, de asegurarles educación, salud, vivienda, apoyo a la familia, asistencia social; en definitiva, su integración plena en la sociedad de la que forma parte.

Será así, formada esa persona en los valores y convenciones que regulan la convivencia en el ámbito en que ha de desarrollar su vida, conocedora de los unos y las otras, se sentirá miembro de ese grupo, interiorizará y hará suyas sus normas, idealmente no precisará coacción para cumplirlas y las cumplirá por ello y no por temor al reproche que produzca su incumplimiento.

3 Pero en España hay demasiadas personas que no crecen “al modo constitucional”. Problemas de familia, de educación, de salud, sociales, falta de apoyo en alguno de estos aspectos necesarios para la conformación de la madurez. Y estas carencias devienen en comportamientos más acordes con ellas que con lo que se ha de esperar de quien no las padece, como es lógico. Conflictos que habrá que solucionar con el objetivo de reencontrar a estas personas con esa sociedad de la que no debió alejarse o ser alejado. Se pretende hacerlo por la vía de la educación. Y de la disciplina (eso sobre todo) penal…
Convendría pensar que la delincuencia, más que un problema en sí, es el espejo en el que se reflejan los verdaderos problemas que no se resuelven o lo hacen mal, en nuestra convivencia diaria.

4 Bueno, pues se hace la ley. Trabajan durante años innumeros expertos en la materia. Se aprueba, se promulga y cuando va a entrar en vigor, chist, oye tú, que os habéis olvidado de Jarrai…, que se nos enfadan el ministro candidato y el marido de Doña Ana, que a ver qué va a ser esto, a ver quién va a mandar aquí. Que no, dicen los autores, que lo he mos tenido en cuenta. Será posible, responde el ministro candidato y asiente Superjose, somos nosotros quienes decidimos cómo se tienen en cuenta las cosas y vosotros, los demás, quienes os sometéis a consenso. Y nueva ley, como para los extranjeros que vienen sin mucha pasta. Además, ni menores ni extranjeros (les) votan.
Lo que permite recordar que hay que distinguir entre el desasosiego real que genera en un ciudadano, el problema real del hecho delictivo, y la inquietud social atribuible a las informaciones que producen los gobernantes o los medios de comunicación.

Y es que lo que suele sobreabundar es el uso tramposo del dolor o la desinformación, ya por la obtención de rentas electorales, ya por la persecución de cuotas de audiencia pendientes de lo que se pueda ver-oir-escribir. Algo que está de más cuando se trata del recurso al uso de la potestad punitiva del Estado de un modo racional y no apasionado. ¿Acaso todos los menores asesinan, violan, siembran el terror…? ¿Acaso crean una agobiante y angustiosa inseguridad?

5 Lo que empieza a moverse es una ley que ofrece medidas diferentes a las habituales para los afectados: internamientos de distinta intensidad (ojo, no le llaméis prisión aunque prive de la libertad de movimientos a los afectados, es de mal gusto), libertad vigilada ¿por quién?, prestaciones en beneficio de la comunidad (que bien pocos beneficios les ha prestado hasta que les han detenido), tareas socioeducativas (ya sabes, nada de formación empresarial, más bien de taller y peluquería, ya verás), tratamiento terapéutico y ambulatorio (seguro, seguro, que resolverán las causas de sus problemas). Atención a la víctima, conciliación, reparación… Un respeto a la víctima: está por ver en una instancia judicial en este país.

6 Pero antes de hablar de medios, habrá que ponerse una base: un pacto de estado sobre la Justicia: si no lo hay y si no se garantiza la independencia de los Jueces, si no se evita instrumentalizar sus actuaciones para descalificarlas según los intereses de quienes pueden interferir en las mismas ni se propicia una Fiscalía sin dependencias gubernamentales, si no se logra efectividad frente a corporativismos que impiden la exigencia de responsabilidades al cumplir tamaña función, entre otras muchas cosas, no vamos a ninguna parte. Y meter a los jóvenes, a los adolescentes y a los menores en este mundo no puede hacerles sino daño. Luego, hablemos de dinero y de medios, pero de momento, de lo que se trata es de que la Administración de Justicia no dependa de decisiones siempre puntuales e interesadas de quienes gobiernan el país, que no hacen otra cosa que someter el poder judicial a los otros dos. Y, como esos dos en realidad son uno, el Gobierno se somete a todo.

Y así comprobamos el estado lamentable de las oficinas judiciales, la falta de dotaciones, de jueces, fiscales, de dedicación, de instrumentos para el tratamiento adecuado a la víctima, sospechoso, autor y testigos; se acumulan de los conflictos, se prolongan los procedimientos, los afectados sufren un desgaste… Y sin embargo, nadie se organiza para exigir una justicia que sea realmente un poder independiente y un servicio a las personas. ¿Será otra labor para las O.N.Gs?

7 Concluiré con un ejemplo brutal del daño que a la educación puede hacer esta ley: dígame alguien qué me impide aconsejar a un menor que no declare contra sí mismo, es más, que mienta como un derecho de procedimiento, para salir bien parado del mismo. Y si sale bien, (¿y por qué no, tal como funciona esto?), en su currículum se reflejará su exitoso paseo institucional, tras engañar a fiscales, policías, jueces, psicólogos, educadores, trabajadores sociales…. Un héroe entre los suyos. Un triunfo de la pedagogía. Absolutamente legal. Tan legal como sin duda lo será, cuando se produzca, la condena de un niño inocente, eso sí salvaguardando la conciencia de todos los intervinientes, la existencia de un sistema de recursos. Como sí tal cosa no se produjera a diario, sino por la mera incapacidad personal de quienes intervienen (¿o es que no son humanos?, ¿es que no hay pereza, torpeza, desgana, maldad, prejuicios, como hay ganas de trabajar, acierto, interés, bondad?; ¿es que basta estar en una institución así para automáticamente ser perfecto?) Sí al menos porque con lo que tienen no se puede hacer más de lo que hacen…

Así como en el caso de los inmigrantes, al impedir todo asomo de consenso, este gobierno parece haber decidido hacer suyos los votos, presumiblemente en aumento, de un sector de la población cada día más reaccionario, más racista, más xenófobo (¿acaso alguien cree que es casual, que no produce efectos, la miserable programación televisiva?), habida cuenta la forma en que “apoya” la puesta en práctica de esta ley, cabe preguntarse: ¿con cuántos votos rentabilizarán este desastre?

Continuará…