Hoy celebramos el Séptimu Aniversariu de AGORA País Llionés, mientras los medios del régimen pretenden que celebremos la aprobación de su Constitución, que lejos de romper con la anterior dictadura, en gran medida mantiene hasta día de hoy la estructura económica, política, legal, judicial, policial y militar de la dictadura franquista.

Los derechos alcanzados en los años 70 no se hicieron por voluntad del franquismo, ni por el pacto constitucional, sino ante la incontrolable escalada de lucha social en forma de huelgas, protestas y otras acciones, que estaban desmoronando poco a poco el régimen heredado. Porque, aun viniendo de una férrea dictadura de corte neofascista, el Estado español tenía la mayor tasa de conflictividad social y laboral de la Europa Occidental.

La Constitución y la Transición se hicieron mediante la negociación y el pacto de la socialdemocracia y el comunismo más domesticado del momento, con la derecha franquista y el nacionalismo burgués catalán, que sólo representaban a las clases altas de sus naciones. Mientras que a la izquierda que quiso recuperar la legalidad formal republicana y a las que luchaban por sus clases trabajadoras, no se las dejó participar.

Esta Constitución y aquella Transición se hicieron bajo la patente amenaza de un nuevo golpe de estado militar, y con los pistoleros fascistas campando a sus anchas. Sus “bondades” son y fueron contadas a la población por unos medios de comunicación supervisados por los poderes económicos internacionales, interesados en debilitar cualquier levantamiento popular o posibilidad de gobierno de tipo socialista, especialmente en aquellos momentos de “Guerra fría”.

Después vendrían los años de las reformas laborales, que nos fueron quitando derechos laborales; las privatizaciones de empresas públicas rentables, que supusieron enormes ingresos para los amigos del poder, pero una pérdida de ingresos a largo plazo; y el progresivo recorte de libertades con leyes como la, mal llamada, ley antiterrorista o la actual ley mordaza, que criminalizan la protesta; o proyectos como la ley del aborto, que pretenden (porque seguro que está aparcado temporalmente) negarnos el derecho hasta sobre nuestros propios cuerpos.

Y todo en una crisis que no es tal, sino la verdadera cara del capitalismo que con sus rescates a la banca, desahucios y recortes en sanidad, educación y bienestar social, hace que el dinero se acumule en cada vez menos manos, lo que produce un descontento popular, un descrédito de las instituciones políticas y un clima que recuerda al de los años 70. Por eso mismo, en algún partido político que se nos presenta como la única opción salvadora, se está hablando de una segunda transición. Pretenden aplicar cierto maquillaje estético para volvernos a hacer la misma jugada, y que con ciertas mejoras nos sintamos afortunados.

En AGORA País Llionés creemos que nada cambió sustancialmente desde el 78 y que no nos representa su Constitución, por mucho que cambien de monarca: Ni como trabajadores, por condenarnos a la explotación laboral y a una vida de precariedad en la que no sabemos si tendremos techo, comida o una jubilación el día de mañana; Ni como Pueblo Leonés, pues para nada se protegen nuestra cultura o nuestras formas de vida y, además, se nos niega el derecho a decidir nuestro futuro y organizarnos según nuestras necesidades y deseos.

¡Ni padres de la Constitución, ni Segunda Transición!
¡Proceso popular constituyente para el País Llionés!