· Campaña de firmas Contra la Impunidad y por la Justicia Universal Con la campaña se busca detener la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por suponer un gravísimo retroceso en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.

Campaña de firmas Contra la Impunidad y por la Justicia Universal

Con la campaña se busca detener la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por suponer un gravísimo retroceso en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Para recoger el sentimiento de repulsa generalizado a la reforma se solicita que envíen su adhesión a la campaña todas aquellas personas, instituciones, colectivos... a esta dirección: justiciauniversal2009@gmail.com y a aapdh@nodo50.org mencionando: nombre y apellidos, profesión y lugar de trabajo, país y para las instituciones: nombre y país y su voluntad de adhesión.

Manifiesto por la Jurisdicción Universal

Las organizaciones sociales, organizaciones  de derechos humanos, sindicatos, grupos  de solidaridad, ONG de desarrollo, asociaciones de profesionales y las personas de bien del mundo entero, que valoran la causa de la paz, la justicia, la lucha contra la impunidad y el respeto irrestricto a la dignidad, derechos de las víctimas y los derechos humanos cuya defensa nos une más allá de ideologías y planteamientos políticos

Manifestamos:

El día 19 de mayo del 2009, el Congreso de los diputados acordó, con el apoyo de los grupos mayoritarios, modificar el artículo 23.4 de la Ley orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción universal, desvirtuando totalmente su contenido y alcance. Esta trascendental decisión que limita al juez a conocer únicamente causas que tienen una “conexión nacional” y establece un criterio de admisibilidad que ni siquiera permite valorar cuándo un proceso judicial constituye una efectiva persecución de un crimen. Dicho acuerdo se tomó de tapadillo, aprovechando el trámite de Enmiendas al Proyecto de Ley de reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, lo que ha sustraído esta reforma al necesario debate informado que la cuestión exige.

Con la citada modificación España entraría en la lista de los países más restrictivos para el ejercicio de la jurisdicción universal. De este modo, podrá perseguirse a los presuntos delincuentes si estos se encontraran presentes en España, si las víctimas fueran españolas, si concurriera algún vínculo de conexión relevante con España (aún no expresado en la ley) y siempre que un tribunal internacional ú otro "tribunal competente” no haya abierto una investigación sobre el asunto.

Con esta decisión no se ha tenido en cuenta:

Que la jurisdicción universal se basa en la idea de que determinados crímenes son tan perjudiciales y atroces para la comunidad internacional crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, entre otros) que los Estados están autorizados, e incluso obligados, a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores,

con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen o la nacionalidad del autor o de la víctima, o aún cuando el delito o crimen no haya afectado en absoluto los intereses de dicho Estado.

Que la jurisdicción universal es un instrumento de lucha contra la impunidad, es decir, un medio para lograr la rendición de cuentas e impedir que queden impunes los responsables de crímenes de derecho internacional. Refleja la obligación de los estados consagrada en los Tratados Internacionales de derechos humanos de juzgar o entregar (extraditar) a dichos responsables.

Que lamentablemente la mayoría de países en los que se cometen estos crímenes, no pueden o no quieren, investigar y enjuiciar las violaciones graves de derechos humanos constitutivas de crímenes de derechos internacional. Por consiguiente, la aplicación de la jurisdicción universal es un elemento fundamental de la justicia para la Comunidad

Internacional.

Que el Artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al habilitar la jurisdicción universal, facilita la observancia por España de los Tratados Internacionales de protección de los derechos humanos que, como miembro de la comunidad internacional, ha suscrito y se ha obligado a respetar y hacer cumplir

Que la Constitución española, en el Artículo 96.1 consagra que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. En consonancia, la doctrina del Tribunal Constitucional, desde 2005 (Caso Guatemala) viene estableciendo  que el alcance de la jurisdicción universal es absoluto y prima sobre la existencia o no de intereses nacionales, y además, que la restricción basada en la nacionalidad de las víctimas incorpora un requisito añadido no contemplado en la ley en contradicción con la naturaleza de estos  delitos y la aspiración compartida de su persecución universal. Que asimismo, en la sentencia de la causa Scilingo la Audiencia Nacional reconoce respecto de algunos crímenes internacionales el carácter de derecho obligatorio y oponible a todos (ius cogens y erga omnes).

Que la jurisdicción universal representa el último recurso para las víctimas de crímenes de derecho internacional que buscan obtener verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición de estos hechos. A raíz de los procedimientos abiertos en España y las resoluciones judiciales resultantes, se ha venido dando satisfacción a los legítimos derechos de las víctimas y cumpliendo con la obligación internacional de investigar y sancionar los perpetradores de crímenes de derecho internacional. Asimismo se ha impulsado  la apertura de procesos en los países donde se cometieron los crímenes, lográndose sentencias en otros tribunales del mundo contribuyendo así a remover conciencias y a resquebrajar la impunidad de la que gozan hoy día la mayor parte de los responsables de dichos crímenes.

Que la impunidad ante crímenes atroces no sólo denigra a quienes los cometen, sino que corroe las instituciones de las sociedades que los cobijan, constituyendo elementos que desestabilizan las democracias.

Por todo lo anterior decimos:

Que la defensa de los derechos humanos es una obligación absoluta de los estados y no puede someterse a intereses nacionales y presiones económicas o políticas sin comprometer la responsabilidad internacional de los Estados.

Que los grupos parlamentarios que han votado a favor de la reforma han abusado del poder y de la confianza que en ellos se ha depositado al sustraer su discusión a la opinión pública y de un debate objetivo en los medios masivos de comunicación.

Que contra la creencia generalizada y falaz de que la aplicación de la jurisdicción universal puede convertir a España en el “gendarme  del mundo” es importante destacar que hay otros tribunales nacionales Dinamarca, Holanda, Alemania) que también ejercen la jurisdicción universal. Los fundamentos jurídicos que han emanado de las resoluciones judiciales españolas en esta materia han contribuido de manera determinante a avanzar el derecho penal internacional.

Que las situaciones inadmisibles, que repugnan a la conciencia común de la Humanidad, de ninguna manera pueden considerarse injerencias en la soberanía de lo estados, sino que es la propia Comunidad Internacional la que, actuando a través de los tribunales nacionales, ejerce la investigación de los crímenes y el enjuiciamiento de los responsables.

Por todo ello:

Deploramos esta decisión, que se hace a espaldas de la ciudadanía y del sentir mayoritario de la sociedad.

Deploramos que en vez de consolidar un horizonte de justicia efectiva para las graves violaciones de los Derechos Humanos, los parlamentarios trabajen por ampliar los resquicios de la impunidad y, en consecuencia, repudiamos los votos que los grupos parlamentarios han dado a esta medida.

Deploramos este retroceso en la justicia universal que debilita la búsqueda y consolidación de medios destinados a poner fin a la impunidad en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos.

Solicitamos por tanto al Senado español, que tome en consideración y asuma las opiniones de los abajo firmantes, vote  en conciencia y rechace la decisión aprobada por el Congreso de los Diputados.

Instamos al Parlamento español a que vele por la conformidad de las leyes nacionales con el derecho internacional y a que se avance en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Exigimos que se detenga esta reforma que niega el legítimo derecho de las víctimas a acceder a mecanismos efectivos de procesamiento y reparación por las graves violaciones de los derechos humanos.

Adhesiones al Manifiesto a 31 de julio de 2009:

1.                 

Amnistía Internacional, Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH (155 organizaciones de todo el mundo), Unión Progresista de Fiscales, España, Jueces para la Democracia, España, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, España, Unión General de Trabajadores, España, Unión Sindical Obrera España, España, Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), España, Federación Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos España, ACSUR Las Segovias, Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid (AAPDH), España, Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Institut de Drets Humans de Catalunya, IEPALA, España, Movimiento por la Paz -MPDL- España, Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), España, Cooperació CIEMEN, Catalunya, Paz y Solidaridad Serafín Aliaga, España, Central de Trabajadores de la Argentina – Barcelona, La organización política asturiana BLOQUE POR ASTURIES, España, Asociación de Solidaridad con los Trabajadores y trabajadoras de los países empobrecidos (SOTERMUN), Asociación Libre de Abogados (ALA), España, Asociación Presidente Salvador Allende-España, Women's Link Worldwide, Asociación Mujeres Saharauis- España, Asociación Casapueblos, España, El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Guatemala, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA); Guatemala, IJAN, Red Internacional judía antisionista, La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Asociación Al Quds, Asociación Hispano Palestina Jerusalén, Asociación Paz Ahora, Asociación Paz con Dignidad, Boicot Preventiu, Comunidad Palestina de Catalunya, Comunidad Palestina de Canarias, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Derechos Humanos de Andalucía, Ecologistas en Acción, Grupo de ONGs para Palestina, Interpueblos, ISM Cataluña/ Valencia, komite Internazionalistak, Mujeres por la Paz, Acción solidaria con Palestina, Palestinarekin Elkartasuna, PCE, Plataforma Solidaridad con Palestina, Red de Jóvenes Palestinos, Red Euromediterránea de Cooperación al Desarrollo, Red MEWANDO, Sodepau, Sodepaz, Sodepaz - Balamil, Taula per Palestina, Xarxa d’enllaÇ amb Palestina, Xarxa Solidaridad Palestina), Coordinadora del Estado Español de Solidaridad con Guatemala", España, Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica, Valencia, España, Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, España, La Federación de Asociaciones Argentinas de España y Europa (FEDEAR), Plataforma 2015 y más, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), colectivo que agrupa a 67 organismos no gubernamentales, dedicados a la defensa, promoción y educación de los derechos humanos en el Perú, Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), Madrid, Izquierda Unida, España, Comité Oscar Romero de Madrid, Comunidades Cristianas Populares, España, Acción de los Cristianos por la abolición de la tortura, Barcelona, Asociación de Solidaridad con Colombia "asoc-katío", Comunidad Palestina en Valencia, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), La Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, Cataluña, España, IPES Internacional y Derechos Humanos, Navarra, España, La Plataforma Justicia por Colombia, El Seminario Permanente en Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, APDH Sur, España, APRODEH,  Perú, Fundació Pau i Solidaritat País Valencia, España, Asociación PERU EQUIDAD, Perú, El movimiento de Victimas de Crímenes de estado en Colombia Movice, capitulo España, Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Colombia, Institut de Drets Humans de Catalunya, Barcelona, España, Instituto de Promoción y Estudios Sociales, Ipes-elkartea, Pamplona, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, España, Grupo de apoyo a la Central de Trabajadores de la Argentina – Barcelona, Centro Cultural Palestino Biladi, SOS Racisme Catalunya, El Collectiu Republicà del Baix Llobregat, España, Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut, España, La Asociación Comunidad Palestina en Canarias  (Islas Canarias - España ), Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán (ASDHA), Barcelona, Fundació per la Pau, Barcelona, Associació Dones d'Arreu del Món, Cataluña, Asociación COMUNICARTE Guatemala, Movimiento ciudadano "Para que no se repita" (PQNSR), Perú, Colectivo Clavel Rojo, Guatemala, Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de Guatemala (MNDH), Guatemala, La Amical de Mauthausen, España, Esculca Xustiza, organización de juristas de Galicia, Arab Association for Human Rights – HRA, Badil Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Comité Palestina Portugal, Free Gaza Movement, Free Gaza Working Group of the National Lawyers Guild USA, Izquierda Anticapitalista, Fundación Mundubat, Palestinian BDS National Committee (BNC), Palestinian Centre for Human Rights-Gaza, Palestinian Students' Campaign for the Academic Boycott of Israel, University Teachers' Association in Palestine, The Brussells Tribunal, The One Democratic State Group-Gaza, Forum Internacional por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos,  Colectivo de Jóvenas Feministas, España, Casa Argentina de Madrid, Fundación Cultura de Paz (España), Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Asturias de CCOO,  FSSA-CCOO, Unión Comarcal de CC.OO. de Grado (Asturias - España), Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca, Confederación General del Trabajo, Fòrum per la Memòria del País Valencia, Fundació Alfonso Comín, Barcelona, Fundación Món-3, Catalunya, Fundación Rigoberta Menchú Tum, Guatemala, Coordinadora Nacional Indígena y Campesina -CONIC- de Guatemala, Asociación Provincial de Sevilla de Amistad con el Pueblo Saharaui, Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional. (CERAI). Valencia. España, Fundació Pau i Solidaritat ccoo catalunya, Plataforma de Solidaridad con Colombia, Asociación de solidaridad y derechos humanos-Colombia, Coordinadora estatal de solidaridad con Cuba-Madrid, Colectivo de Solidaridad por la Justicia y la Dignidad de los Pueblos, COLICHE, Fundación Guillermo Toriello de Guatemala, Comissió de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH), Comisión Provincial por la Memoria. La Plata. Argentina, Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, Barcelona. Catalunya, European Center for Constitutional and Human Rights, Codo a Codo, Campaña de Apoyo a los Juicios contra los Genocidas, Esquerra Unida i Alternativa, Casal d’Amistat Català-Cubà de Barcelona, Asociación Espai Marx, Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, La Asociación Socialismo XXI, Cooperación Social Universitaria (CSU). Valencia. España, International Committee on Offensive Microwave Weapons, Acció Ecologista-Agró, grupo ecologista valenciano, Confederación del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) de España, Izquierda Republicana. España, ATTAC Mallorca, CUT Colombia, Observatorio Asturiano De Derechos Humanos Para El Sahara Occidental. Asturias. España, Associació Catalana de Juristes Demòcrates (ACJD), Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto. España, Comite de Apoyo al Tibet (CAT)  - Querellantes principales en las dos querellas abiertas en la AN contra autoridades Chinas.

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