Sobre las cargas en Barcelona de 2011

Pretender que el derecho a la educación en unas condiciones mínimas de salud no debería considerarse rebeldía, sobre todo porque la Constitución Española lo defiende.

Hace algunos años que me parece que las cosas andan al revés. Últimamente llego a creer que la justicia habita más en las calles que en los tribunales. El caso es que alguien ha terminado enviando a los antidisturbios a pegar a unos adolescentes de un instituto que protestaban contra los recortes en educación.

Alguien dirá que es necesario preservar el orden público a toda costa, con la excusa de la confianza de los mercados o simplemente para poder vivir la vida cotidiana “en paz”. Podemos estar de acuerdo en la necesidad del orden, pero NO “a toda costa”. NO para servir a la insaciable avidez de los mercados, NO ignorando la crítica situación de toda una generación de jóvenes con escasas perspectivas de conseguir un trabajo¹ y NO, sobre todo, castigando a las víctimas en vez de a los verdugos.

Si hay que intervenir para evitar “disturbios”, habrá que hacerlo en los despachos o en los restaurantes donde los poderosos gestionan la miseria. Porque ahí comienzan los disturbios. Ellos son los que consideran al pueblo “el enemigo”.

También habrá quien diga que los adolescentes pueden ser insoportables y que se les está dando demasiada libertad: “todos los derechos y ninguna obligación”. O incluso, que no tienen educación, ni respeto a la autoridad. A estos habría que decirles que la manifestación es una forma legal de la libertad de expresión. En cuanto al respeto a la autoridad, creo que estos métodos no lo aumentan, ¿cómo justificar la legitimidad de la sección de antidisturbios en estas condiciones? No es necesaria tanta fuerza contra quienes tienen como objetivo poder seguir estudiando.